La Guardia Civil advierte al juez de que una empresa mercantil vinculada a Alberto González Amador facturó millones de euros a Quirón por supuestos trabajos de consultoría pese a carecer de los medios necesarios. La investigación analiza posibles comisiones encubiertas y hasta 19 cuentas bancarias.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha traslado al juez que investiga a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que una empresa de su propiedad habría facturado a Quirón Prevención por servicios de consultoría para los que, según los investigadores, no disponía de medios materiales ni humanos.
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En un informe remitido al juzgado, la UCO apunta a la empresa Masterman, adquirida por González Amador a finales de 2020 y posteriormente renombrada como Masterman & Whitaker. La Guardia Civil cita informes de la Agencia Tributaria que sostienen que la sociedad "carecía de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría", ya que su actividad previa estaba vinculada a tratamientos estéticos y de belleza.
Los investigadores subrayan que la empresa apenas tenía actividad antes de la adquisición y que su volumen de negocio creció exponencialmente tras comenzar a facturar a Quirón. Entre 2021 y 2024, González Amador habría facturado cerca de 4,5 millones de euros.
El juez aprecia indicios de que la adquisición de la empresa por casi medio millón de euros pudo tener como finalidad el "satisfacer una comisión" a un directivo de Quirón. En este contexto, se investigan hasta 19 cuentas bancarias vinculadas a la pareja de la presidenta madrileña.
El proceso judicial también examina una presunta comisión cercana a los dos millones de euros por labores de intermediación en la venta de material sanitario durante la pandemia. Según la UCO, esa cantidad se correspondería a un porcentaje del 4,5% recibido por una operación de más de 45 millones de euros.
La investigación sigue abierta mientras el juzgado analiza la documentación aportada por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria para determinar si existieron delitos de corrupción en los negocios, así como administración desleal.