La Policía Judicial investiga cómo un remolque incautado acabó siendo utilizado por la empresa de un amigo del ministro de Administración Interna, Luís Neves. El caso se suma a la polémica por la relación entre ambos y ha intensificado la presión política sobre el ministro.
La Policía Judicial (PJ) portuguesa ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público por el caso de un remolque incautado que estaba siendo utilizado por una empresa de un amigo del actual ministro de Administración Interna, Luís Neves, que, conviene recordar, fue director de la PJ antes de asumir su cargo actual en el Gobierno de Luís Montenegro.
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La relación entre ambos ya venía generando polémica. El propietario de Construbarcelos, empresa que ejecutó varias obras para la Policía Judicial, también se encargaba de la reforma de una finca del ministro.
El remolque en cuestión fue incautado por la Policía Judicial en 2024 tras el desmantelamiento de un laboratorio de producción de droga. Sin embargo, según informó 'TVI' la noche del jueves, el remolque, que transportaba bidones de amoníaco, no se encontraba en el depósito de bienes incautados de Seixal. La cadena localizó el remolque enganchado a un camión de Construbarcelos.
La empresa pertenece a João dos Santos Carvalho, amigo del ministro Luís Neves y responsable de las obras realizadas en la finca del ministro en el Alentejo, también envueltas en la polémica.
La información fue confirmada posteriormente por la propia Policía Judicial. En un comunicado difundido este viernes, al que 'Euronews' ha tenido acceso, la Dirección Nacional de la Policía Judicial (DNPJ) explica que tuvo conocimiento del traslado del remolque el martes y comprobó que "efectivamente, la plataforma se encontraba estacionada en Barcelos, acoplada a un camión de la empresa Construbarcelos".
La Policía Judicial asegura que el remolque ya ha sido retirado del lugar y ha vuelto, junto con los productos que transportaba, a su custodia. Asimismo, informa de que ha abierto una investigación, ya comunicada al Ministerio Público, al considerar que los hechos podrían constituir un delito. "Sobre la base de esa sospecha, la DNPJ ordenó de inmediato la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias del supuesto traslado, que podría confirmar la comisión de ilícitos penales", señala el comunicado.
Un depósito de agua en una finca del Alentejo
La Fiscalía General de la República (PGR), no obstante, ya seguía de cerca el caso. En declaraciones al diario 'Público', la PGR afirmó que "también ha venido siguiendo otros hechos difundidos por los medios de comunicación" y añadió que, "si existen fundamentos y resulta necesario, llevará a cabo las diligencias que considere pertinentes".
Antes del caso del remolque, los medios portugueses ya habían publicado otras informaciones sobre la relación entre Luís Neves y el propietario de Construbarcelos. Hace una semana, el diario 'Nascer do Sol' informó de que este contratista ejecutó obras en varios edificios de la Policía Judicial por un importe de 1,9 millones de euros durante el periodo en que Neves dirigía el cuerpo. El mismo empresario estaba remodelando una finca propiedad del ministro en el municipio de Odemira.
En respuesta a esas informaciones, Neves aseguró que solo se trató de "intervenciones puntuales", realizadas en función de la disponibilidad de ambas partes y abonadas conforme se presentaban las facturas. Añadió además que "el director nacional de la Policía Judicial no participa en los procesos de selección de candidatos a los concursos públicos de la institución" y que únicamente interviene al final del procedimiento.
En una entrevista concedida al canal 'Now', el ministro sostuvo además que se trata de una única finca, y no de dos, y que conoció al contratista en 2023, cuando este ya había realizado la mayor parte de las obras para la Policía Judicial.
Durante la semana surgieron nuevos elementos. Entre ellos, las dudas sobre si el depósito de agua existente en la finca era en realidad una piscina que requería licencia. El Ayuntamiento de Odemira anunció que verificará la legalidad de la obra.
También trascendió que Luís Neves no declaró la empresa de su esposa cuando asumió el cargo de ministro, pese a estar casados en régimen de comunidad de bienes. El ministro calificó la omisión de "un lapsus".
El martes, el líder del partido Chega, André Ventura, reclamó la dimisión de Neves. "Es un llamamiento para que abandone el Gobierno por su propio pie", afirmó.
Polémica en plena temporada de incendios
Luís Neves es la incorporación más reciente al Gobierno de Luís Montenegro. Asumió el cargo de ministro de Administración Interna en febrero, tras la dimisión de Maria Lúcia Amaral, que dejó el puesto después de las críticas por la gestión de la tormenta Kristin, que a finales de enero afectó al litoral centro del país.
Su nombramiento fue una sorpresa, ya que no procedía de las filas de ningún partido, sino de la Policía Judicial, institución que dirigía desde 2018. Durante esa etapa fue reconocido por sus dotes de comunicación y por rechazar públicamente vincular la delincuencia con la inmigración.
Se esperaba que el principal desafío de Neves estuviera relacionado con la gestión de los incendios forestales y no con su conducta personal. Portugal es uno de los países europeos más castigados por los incendios estivales y el año pasado registró la segunda mayor superficie calcinada de la última década, solo por detrás de 2017.