El Tribunal de Apelación de Milán da 90 días a la antigua Ilva para eliminar el amianto y reducir las emisiones o detener la producción en caliente. El Gobierno aprueba otros 100 millones y Jindal mantiene su interés.
Nuevo giro en la compleja historia de la antigua acerería italiana Ilva de Taranto. El Tribunal de Apelación de Milán ha ordenado la suspensión de la actividad del área de producción en caliente de la planta en un plazo de 90 días si no se completan la descontaminación del amianto aún presente en las instalaciones y la reducción de las emisiones de partículas finas hasta niveles considerados compatibles con una producción de seis millones de toneladas de acero al año.
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La decisión da un vuelco al criterio anterior del tribunal y acepta el recurso presentado por un grupo de ciudadanos y por la asociación Genitori Tarantini, que desde hace años denuncian los riesgos sanitarios vinculados a la actividad del complejo siderúrgico. Según los jueces, el deterioro de las instalaciones y la persistencia de problemas ambientales hacen necesaria una intervención inmediata para proteger la salud pública.
Qué establece la sentencia
La medida afecta al núcleo productivo de la planta, el área de producción en caliente, donde se realizan las operaciones de los altos hornos. La reapertura de las instalaciones solo será posible tras la retirada completa del amianto y la adopción de las medidas necesarias para reducir las concentraciones de PM10 y PM2,5 hasta los límites de seguridad previstos por la normativa ambiental.
El tribunal también ha considerado insuficientes algunos aspectos de la Autorización Ambiental Integrada (AIA) en relación con las emisiones en el escenario productivo autorizado.
Efectos sobre la venta de Ilva
La sentencia llega en un momento especialmente delicado, con el proceso de venta de los activos de Acciaierie d'Italia en administración extraordinaria en marcha. Una eventual paralización del área de producción en caliente modifica el marco industrial y económico sobre el que se han construido las ofertas de los potenciales compradores, y obliga a revisar los planes de producción, los costes y las inversiones necesarias.
Entre los interesados figuran el fondo estadounidense Flacks Group y el grupo siderúrgico indio Jindal Steel, que ahora deben evaluar el impacto de la decisión judicial sobre el futuro de la planta.
El Gobierno confirma el apoyo financiero
Pese al nuevo escenario, el Consejo de Ministros ha aprobado una financiación adicional destinada a Acciaierie d'Italia en administración extraordinaria. Se trata de un préstamo con intereses de unos 100 millones de euros, destinado a garantizar la continuidad operativa de las actividades, en particular del área de producción en frío, durante la fase de venta.
Desde Palazzo Chigi se ha precisado que la medida se había preparado antes de la sentencia del Tribunal de Apelación y que ahora el proceso tendrá que actualizarse a la luz de las nuevas exigencias impuestas por los jueces. El ministro de Economía Giancarlo Giorgetti también ha reconocido que la decisión modifica en profundidad el marco sobre el que se había construido la negociación de venta.
Jindal, dispuesto a invertir en un horno eléctrico de arco
Entre los potenciales compradores, el grupo indio Jindal ha confirmado que no quiere abandonar el dossier Taranto. En una nota, la compañía ha reiterado su interés en adquirir tanto el área de producción en caliente como la de producción en frío de la planta, aunque supedita la operación a la definición de acuerdos con las instituciones.
El proyecto industrial prevé la construcción de un nuevo horno de bajas emisiones de carbono, pieza central del plan de descarbonización que sustituirá de forma progresiva a los altos hornos tradicionales. Según Jindal, la inversión supondría una oportunidad estratégica no solo para relanzar la planta de Taranto, sino también para la competitividad de toda la siderurgia italiana y europea.
Una crisis que se prolonga desde hace más de 10 años
La historia de la acerería Ilva sigue entrelazando cuestiones ambientales, laborales e industriales. Desde hace más de una década, el mayor complejo siderúrgico de Italia se encuentra en el centro de procesos judiciales, administraciones extraordinarias e intentos de relanzamiento, con un difícil equilibrio entre la salvaguardia de los puestos de trabajo y la protección de la salud de los ciudadanos de Taranto.
La decisión del Tribunal de Apelación abre ahora una nueva fase, llamada a tener consecuencias importantes no solo sobre el futuro de la planta, sino también sobre la estrategia nacional de producción de acero y sobre la transición hacia tecnologías industriales menos impactantes desde el punto de vista ambiental.