Rabat rechaza los informes que acusan de permisividad a sus fuerzas de seguridad durante la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta en julio y cuestiona la gestión española de las devoluciones.
Marruecos ha negado este jueves cualquier implicación de sus autoridades en la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio y ha cuestionado la gestión española de la crisis, que dejó decenas de muertos y provocó tensiones políticas en la Unión Europea.
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El Ministerio de Exteriores marroquí ha asegurado que no existen "hechos o informes que demuestren ninguna implicación de las autoridades marroquíes" y ha rechazado convertirse en el "chivo expiatorio en ajustes de cuentas políticos" en España.
La declaración supone la primera reacción oficial del reino a un informe de la Policía española que acusaba a las fuerzas de seguridad marroquíes de "permisividad total" durante la entrada masiva. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha evitado responsabilizar a Marruecos y ha señalado que no existían "pruebas sólidas" de que el país hubiera organizado la llegada de inmigrantes.
Rabat también ha cuestionado la gestión española de las devoluciones. "¿Por qué no se devuelve a los inmigrantes irregulares cuando el Gobierno marroquí ha acordado oficialmente readmitirlos?", ha preguntado el Ministerio de Exteriores. La institución también se ha preguntado por qué se mantiene alejados de sus familias a los menores no acompañados, pese a las solicitudes urgentes de Marruecos para su retorno.
El Gobierno marroquí ha calificado la crisis de "lamentable" y ha reclamado un "examen exhaustivo" de las circunstancias para garantizar que no vuelva a ocurrir. Al mismo tiempo, ha subrayado la importancia de las relaciones con Madrid, basadas en la "buena vecindad, el entendimiento político, la asociación económica y la cooperación en materia de seguridad".
La mayoría de los migrantes que entraron en Ceuta han regresado a Marruecos, aunque cientos permanecen en condiciones precarias, lo que ha incrementado las tensiones en la ciudad y la presión política sobre el Gobierno español. La Unión Europea anunció el miércoles una ayuda de emergencia de 115 millones de euros para reforzar la seguridad fronteriza y facilitar los retornos.