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Desarticulada una red de alojamientos patera que cobraba 900 euros por hacinar a inmigrantes en infraviviendas

Uno de los detenidos durante el momento de su arresto en Ceuta
Uno de los detenidos durante el momento de su arresto en Ceuta Derechos de autor  Policía Nacional
Derechos de autor Policía Nacional
Por Escarlata Sánchez
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Dos personas han sido detenidas por alquilar infraviviendas a inmigrantes en Ceuta. Los detenidos alquilaban trasteros, garajes y espacios no habitables por unos 900 euros. La organización también ofrecía la posibilidad de traslados a la Península por 6.000 euros.

La Policía Nacional ha detenido en Ceuta a dos personas que formaban parte de una red que sacaba importantes beneficios económicos aprovechando la situación de vulnerabilidad de los inmigrantes entrados en Ceuta. Los detenidos cobraban 900 euros al mes por dormir en un garaje.

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Según ha informado la Policía en un comunicado, esta misma organización ofrecía a los migrantes la posibilidad de ser trasladados a la Península a cambio de unos 6.000 euros.

El entramado disponía de un claro reparto de tareas: unos miembros captaban a las víctimas recién llegadas, otros gestionaban el cobro y el traslado a las infraviviendas, y un último eslabón ejercía la vigilancia sobre los inmigrantes para proteger a la cúpula de la organización.

30 euros al día, amenazas de muerte y cobro por cargar el móvil

Las alarmas saltaron tras las denuncias de los propios vecinos del inmueble, inquietos por la constante presencia de personas pernoctando en las zonas comunes y plazas de aparcamiento del edificio en la barriada del Principe.

La investigación revela que la red cobraba unos 30 euros diarios por pernoctar en garajes, trasteros e instalaciones sin condiciones de habitabilidad, donde llegaron a hacinarse hasta una veintena de personas de forma simultánea.

El negocio no acababa en el alquiler del suelo: disponer de un colchón o una manta dependía de abonar hasta el último céntimo de la tarifa exigida, mientras que por recargar el móvil solicitaban entre cinco y diez euros adicionales.

La red recurría a severas coacciones y amenazas de muerte, imponiendo una ley del silencio ideada para impedir que acudieran a las autoridades. Las consignas eran claras: permanecer ocultos y evitar a toda costa el contacto policial, lo que provocó que varios migrantes reaccionaran aterrorizados durante la irrupción de los agentes en el operativo.

Pese al miedo inicial, la colaboración posterior de varios de los afectados resultó clave para que los investigadores lograran desentrañar el entramado criminal y delimitar la responsabilidad de sus integrantes.

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