La Fiscalía andaluza ha abierto diligencias por posibles fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama y ha pedido un informe a la Junta. Varias denuncias apuntan a errores en el protocolo sanitario y a historiales médicos alterados.
Tras el escándalo generado por los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía, la Fiscalía de la comunidad autónoma ha abierto diligencias para esclarecer lo ocurrido y ha pedido un informe a la Junta. En un comunicado, el ministerio público "ha emitido un decreto para incoar diligencias en relación con los cribados del cáncer de mama (...) que pudieran corresponder a un defectuoso funcionamiento o aplicación del proceso de asistencia integrado del cáncer de mama".
La decisión llega después de que la Fiscalía recibiera varias denuncias relacionadas con un presunto mal funcionamiento del proceso asistencial de cribado. Según el comunicado, los fallos podrían deberse a una aplicación defectuosa del protocolo sanitario en distintas provincias andaluzas.
La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama en Andalucía (Amama) ha denunciado que varias pacientes han visto cómo sus historiales médicos fueron eliminados o alterados tras estallar el caso. La organización asegura además que algunas mujeres han fallecido al no haber recibido su diagnóstico a tiempo debido a estos fallos en el sistema. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, rechaza las acusaciones.
Una "clara dejación de funciones", según el Defensor del Paciente
El pasado 2 de octubre, el Defensor del Paciente presentó una denuncia en la que reclama responsabilidades al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por lo que tacha de una "clara dejación de funciones" en la gestión del programa de cribado que ha puesto, a su juicio, en "grave riesgo" a las pacientes.
Días más tarde, la coalición Por Andalucía registró otra denuncia en la que solicitó investigar a los tres últimos consejeros de Salud del Gobierno de Juanma Moreno (Jesús Aguirre, Catalina García y Rocío Hernández) por posibles delitos de homicidio imprudente, lesiones por omisión y omisión del deber de prestar servicios sanitarios.
A estas acusaciones se suma la denuncia presentada por Adelante Andalucía, que amplía la lista de señalados. En su escrito, que no aparece mencionado en la nota oficial de la Fiscalía, el grupo pide investigar a la exconsejera de Salud y su predecesora, así como a la actual viceconsejera y a la gerente del SAS, esta última ya investigada en otro caso por presuntas irregularidades en contratos de emergencia. Adelante les atribuye delitos de homicidio y lesiones imprudentes graves, dejación de funciones y omisión del deber de prestar asistencia sanitaria.
El caso ha provocado una fuerte reacción política y social en toda España y ha llevado a la ministra de Sanidad, Mónica García, a pedir datos sobre los programas de cribados a todas las comunidades autónomas. Las asociaciones de pacientes y los colectivos sanitarios reclaman una revisión exhaustiva del sistema de detección precoz.