Cientos de mujeres se concentraron en Sevilla para exigir responsabilidades por los fallos en los cribados de cáncer de mama y reclamar que se repitan las pruebas sin demoras.
PUBLICIDAD
Cientos de personas han salido este miércoles a las calles de Sevilla para exigir dimisiones en la Junta de Andalucía tras el escándalo de los fallos en los cribados de cáncer de mama. La protesta, convocada por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (AMAMA) bajo el lema 'Nuestra vida no puede esperar', reclamó que se cite de forma urgente a las mujeres con resultados dudosos y que se repitan las pruebas sin más demoras.
La asociación denuncia que "ya hay varias mujeres fallecidas a causa de los retrasos en el diagnóstico", un extremo que su abogado asegura estar documentando en al menos tres casos para determinar si guardan relación con posibles negligencias. AMAMA estudia presentar una denuncia por la vía penal.
El caso salió a la luz a finales de septiembre, cuando la Junta de Andalucía reconoció públicamente que alrededor de 2.000 mamografías del programa de detección precoz del cáncer de mama presentaban resultados "no concluyentes" que no se habían comunicado correctamente a las pacientes. Sin embargo, la asociación sostiene que el número de afectadas podría ser mucho mayor.
La revelación desató una fuerte indignación entre las afectadas y el personal sanitario, al conocerse que muchas mujeres no fueron citadas para repetir las pruebas ni para continuar el seguimiento clínico. La situación ha llevado a asociaciones de pacientes y colectivos médicos a denunciar una posible "negligencia institucional", lo que ha motivado la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Superior de Andalucía.
La concentración coincide con la presentación, por parte del Gobierno andaluz, liderado por el popular Juanma Moreno, de un "plan de choque" para corregir los fallos y garantizar atención prioritaria a las afectadas. La Consejería de Salud ha reconocido un "fallo de información" y cifra en 2.000 las mujeres con mamografías "no concluyentes" que están siendo contactadas "una a una" para realizar pruebas complementarias. Sin embargo, la Junta ha anunciado que las mujeres afectadas serán revisadas antes del 30 de noviembre.
La consejera de Salud, Rocío Hernández, ha descartado dimitir, alegando que "sería lo fácil", y ha insistido en que la prioridad es "reforzar el programa de detección precoz".
La Fiscalía abre diligencias y Sanidad exige información
AMAMA, que asegura recibir "cientos de nuevos correos" de posibles afectadas, prepara acciones judiciales por delitos de lesiones por imprudencia u homicidio imprudente, en caso de demostrarse relación directa con los retrasos. Paralelamente, avanzan las reclamaciones patrimoniales individuales. La Fiscalía ha abierto diligencias tras la denuncia del Defensor del Paciente, que advierte de procesos judiciales largos y exige a las denunciantes documentar la cadena de pruebas y comunicaciones.
El caso ha escalado también en el ámbito político. Los grupos de la oposición en el Parlamento andaluz han solicitado la creación de una comisión de investigación para esclarecer el alcance de los fallos y depurar responsabilidades. Desde el Gobierno central, el Ministerio de Sanidad ha pedido información a todas las comunidades autónomas para revisar el funcionamiento de los programas de cribado a nivel estatal.
Mientras tanto, los profesionales sanitarios alertan de la presión asistencial y de posibles retrasos en otros programas de detección precoz. El Sindicato Médico Andaluz reclama "más personal y transparencia" y advierte de demoras también en pruebas como las colonoscopias.