El Gobierno cifra en 42.790 las peticiones online y pide cooperación institucional para agilizar el proceso. Los primeros días del proceso han estado marcados por las grandes colas y los fallos informáticos, debido al volumen de solicitantes. El lunes arrancó el proceso en persona.
Un total de 42.790 personas han presentado solicitudes telemáticas para iniciar su regularización extraordinaria en España desde la apertura del procedimiento online el pasado jueves y hasta la medianoche de este domingo, según datos facilitados por el Gobierno. El balance fue presentado en Las Palmas de Gran Canaria por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien detalló una evolución diaria sostenida desde el arranque del proceso.
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El primer día se registraron 13.400 solicitudes, seguidas de 13.500 el viernes, 8.300 el sábado y 7.300 el domingo. A estas cifras se suman 29.900 peticiones de cita presencial para continuar el trámite, que se activa este lunes en oficinas de Correos, de la Seguridad Social y en otras entidades colaboradoras. Además, la línea telefónica 060 ha atendido alrededor de 47.000 consultas relacionadas con esta regularización.
Torres explicó que el desglose territorial de los datos se conocerá a final de semana y reclamó "máxima colaboración institucional" y "lealtad" entre administraciones, ya que los solicitantes deberán aportar documentación municipal, como certificados de vulnerabilidad. "Una cosa es que se esté a favor o en contra de la medida y otra no responder las administraciones con la obligación que tenemos desde el punto de vista institucional", afirmó.
No es la primera vez que España concede algún tipo de amnistía a inmigrantes que viven en el país sin autorización. Lo hizo seis veces entre 1986 y 2005, incluso bajo Gobiernos conservadores.
En ese sentido, el ministro volvió a cargar contra la postura del Partido Popular, al que acusó de incoherencia por criticar el procedimiento. Recordó que José María Aznar gobernaba durante procesos similares a comienzos de los años 2000 y subrayó que el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presidía por aquel entonces Correos, una agencia "fundamental" en el desarrollo del trámite.
Torres rechazó además que la regularización genere un "efecto llamada", calificándolo de "incoherencia absoluta". Precisó que la medida solo se aplica a personas que ya estaban en España antes de finales del año pasado y que "no van a consumir viviendas, porque ya las consumían, las tenían o no las tenían, pero ya vivían en nuestro país".
Arranca el proceso en persona
Mientras tanto, el lunes, miles de inmigrantes comenzaron a solicitar en persona la regularización de su situación, en base al proceso iniciado por el Gobierno socialista, que ofrece a los inmigrantes sin estatus legal un permiso de residencia de un año, renovable, si han pasado al menos cinco meses residiendo en el país y no tienen antecedentes penales. Tienen hasta finales de junio para presentar la solicitud.
Han surgido dudas sobre el breve plazo para tramitar lo que podrían llegar a suponer unas 500.000 solicitudes, según ha indicado el Gobierno español, si bien el centro de estudios Funcas estima que esta cifra rondará, en realidad, las 840.000 personas.
Más de 370 oficinas postales abrieron sus puertas a los solicitantes y el Ejecutivo ha señalado que también pueden presentar la solicitud en 60 oficinas de la seguridad social y en un puñado de oficinas de servicios migratorios. Las solicitudes en línea comenzaron el jueves pasado.
"Es bastante sencillo porque solicité la cita por clave digital y me dieron la cita para hoy en la mañana", declaró a la agencia AP Nubia Rivas, una migrante venezolana de 47 años que presentó su solicitud en una oficina de correos del centro de Madrid. "El proceso aquí pues se tarda un poco pero en general fluido".
A pesar del rechazo de la Comisión Europea, el presidente Pedro Sánchez ha calificado la medida como un acto de justicia y una necesidad, y ha argumentado que quienes ya viven y trabajan en España deberían hacerlo en igualdad de condiciones y pagar impuestos. Con una población que envejece, el Gobierno afirma que España necesita más trabajadores para sostener su economía y contribuir a la seguridad social.
La postura de España difiere marcadamente de las actitudes predominantes sobre la inmigración en Europa, donde muchos Estados han intentado frenar las llegadas y aumentar las deportaciones. La Moncloa, por contra, ha defendido la regularización como una iniciativa económica que cuenta con el respaldo de empresarios y sindicatos.
En los últimos años, la población de España ha crecido considerablemente hasta incluir a alrededor de 10 millones de personas nacidas fuera del país -o uno de cada cinco residentes-. Muchos proceden de Colombia, Venezuela y Marruecos, tras huir de la pobreza, la violencia o la inestabilidad política. Sectores clave de la economía española, entre ellos la agricultura, el turismo y el sector servicios, dependen de inmigrantes de América Latina y África.