Es la esperanza de todo negocio: confianza y crecimiento sostenible. Pero en estos tiempos tan duros para la economía, resulta cada vez más difícil continuar yendo en la dirección adecuada. Para muchos empresarios existe un verdadero riesgo de quiebra, una amenaza permanente de insolvencia.
“La decepción por tener que cerrar una compañía después de tantos años es enorme”, confiesa Sabine Reineke. “Realmente, es lo peor que puedes imaginar que te puede pasar”.
Todos los países se enfrentan al mismo dilema. ¿Cómo tratar los casos de insolvencia? ¿Y cuál es la forma más justa de proteger los intereses de todos los implicados?
Para algunos, la creación y cierre de negocios constituyen el devenir normal en estos tiempos de preponderancia de políticas de libre mercado.
Ni la economía más robusta de Europa consigue librarse.
En Alemania, han quebrado unas treinta mil empresas al año desde el comienzo de la crisis, en 2007.
En Berlín, hablamos con una mujer cuya empresa de construcción se declaró insolvente el pasado octubre, dejando sin acabar varias obras, como estas instalaciones deportivas.
Pero el cierre no se debió a la falta de contratos. Todos sus clientes eran instituciones públicas. Algunas no pudieron pagar a tiempo los proyectos encargados.
El efecto dominó afectará también a un par de subcontratistas.
“Puede que haya gente que no sea capaz de imaginar lo que significa ser insolvente”, reflexiona Reineke. “Para nosotros, como empresa, ha sido un golpe increíble. El negocio llevaba nueve años en pie, cuando uno mira el trabajo realizado en tantos proyectos, ve que hicimos nuestro trabajo, y lo hicimos bien. Realmente, incluso ahora, me resulta difícil entender que hemos tenido que declararnos insolventes por problemas de cobro”.
Sabine cree que la rabia que siente por las circunstancias de la bancarrota de su empresa tardará mucho tiempo en desaparecer. Y no solo por su propia situación, sino también por la de sus subordinados.
“Para los empleados de mi compañia hablamos de diez personas ha supuesto un gran y doloroso cambio en sus vidas y en las de sus familias”, afirma Sabine Reineke. “Han perdido sus trabajos prácticamente de la noche a la mañana. También para mí, personalmente, es muy duro, pues tengo tres hijos”.
Cada país tiene sus propias leyes sobre insolvencia. Muchas son ahora objeto de revisión, como lo está siendo también la normativa europea establecida en el año dos mil.
Esta legislación es aplicada cuando el negocio en quiebra cuenta con activos o acreedores en más de un estado miembro.
La regulación, que afecta también a particulares, fue establecida con el fin de mejorar la coordinación.
Existen diferentes opiniones sobre cuáles son las prioridades cuando una empresa comienza a ir mal.
Para algunos, la actual legislación se inclina demasiado por la liquidación, cuando deberían contemplarse otras opciones.
Y estas diferencias empiezan a ser notables.
“Algunos países ponen un gran énfasis en salvar y restructurar compañías, con el fin de poder volver al negocio”, explica Christian Köler-Ma, administrador de empresas insolventes. “Esto puede verse, por ejemplo, en el Reino Unido en los últimos años. Alemania aplica su estrategia con determinación. Francia también ha introducido refomas en este sentido. En otros países esta idea no se encuentra aún muy desarrollada, e incluso aunque las leyes hayan cambiado, como en España, se tarda mucho tiempo en ponerlas en práctica”.
Muchos expertos consideran que en el actual clima económico, con las medidas de austeridad pegando duramente en las empresas, este replanteamiento se ha vuelto aún más urgente.
Quienes se enfrentan a la insolvencia aseguran que el coste humano se olvida a menudo. Las estadísticas pueden resultar sorprendentes. Cada año en la Unión Europea quiebran unas 220 mil empresas. Y se estima que se pierden un millón y medio de empleos a causa de la insolvencia.
Cualquier cambio en las leyes europeas será seguido de cerca por países como Luxemburgo, sede de muchas compañías transfronterizas.
A pesar de ser un estado rico, en 2010 quinientas empresas se declararon aquí en bancarrota.
Algunos sindicatos locales reclaman que si existe globalización a nivel empresarial en Europa, debería haber también mayor armonización de las reglas que protegen a los trabajadores despedidos.
“Habrá que apoyar mucho más a las personas, hacerles un seguimiento y ayudarlas en los pasos siguientes”, asegura Viviane Jeblick, del Sindicato Independiente de Luxemburgo. “No podemos dejarlas solas, todos con la conciencia tranquila porque han recibido dinero. Eso no es suficiente. A menudo olvidamos el aspecto humano de todo esto. Por eso hemos dicho: más vale prevenir, habrá que establecer sistemas que nos permitan prever las dificultades y actuar antes de que se llegue a la quiebra”.
Esta idea ya ha sido llevada a la práctica en algunos países, mediante mecanismos de alerta para mantener las empresas a flote. También se desarrollan acciones destinadas a animar a los empresarios afectados a darse otra oportunidad y volver a empezar.
Pero la gestión del tema es todavía muy diferente entre los diversos países. La Unión Europea se centra ahora en la coordinación, no en la armonización de las leyes nacionales.
Pero, ¿será posible una gestión más común en el futuro?
“La armonización de los procedimientos para ayudar a las empresas en dificultades es muy compleja”, comenta Gilles Cuniverti, Profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Luxemburgo. “Afecta a muchos aspectos de la ley, por lo que creo que esta armonización puede producirse en veinte años, a corto plazo no parece muy realista. La única posibilidad de una mayor armonización se da en algunos sectores muy concretos, puede que la protección de los empleados sea uno de ellos. Pero, en cambio, los procedimientos y el tratamiento de los acreedores no parecen ser cuestiones que vayan a armonizarse, ni siquiera a medio plazo”.
No hay duda de que la actitud ante el fracaso de las empresas está cambiando, y la tendencia política es que las leyes lo reflejen.
Se trata de una búsqueda muy delicada de equilibrio: por una parte, estimular el espíritu emprendedor y la asunción de riesgos, y, por otra, proteger a trabajadores, acreedores y clientes.
Es fundamental que las empresas en dificultades reaccionen con presteza a la hora de pedir ayuda, si existe la posibilidad, por muy remota que sea, de recuperar algún día la senda del crecimiento.