El alcalde de esta ciudad del sur de Francia apoyado por el Frente Nacional vuelve a la carga pese a que, el año pasado, se abrió una investigación contra él por recolectar informaciones demográficas
El alcalde de esta ciudad del sur de Francia apoyado por el Frente Nacional vuelve a la carga pese a que, el año pasado, se abrió una investigación contra él por recolectar informaciones demográficas en función del origen étnico, algo prohibido por la ley francesa. La alcadía fue registrada pero la justicia abandonó, finalmente, las cargas contra Menard.
El año pasado amenazó con publicar “sus estadísticas”, las mismas que, el martes, hizo públicas dando rienda sielta a todo tipo de críticas. Según Robert Menard, se ha superado un límite de “lo aceptable” ya que “en ciertas escuelas públicas” de su ciudad, “dos tercios de los niños son de origen inmigrante.” La amalgama entre población francesa con orígenes extranjeros, migrantes y refugiados es la tónica de sus discursos.
El año pasado, suscitó polémica cuando irrumpió en la casa de la primera familia de refugiados sirios llegada a Béziers. Robert Menard, secundado por un grupo de policías y un traductor intérprete inglés, llamó a la puerta y cuando un joven sirio le abrió, le soltó todo un discurso comenzando por su “ustedes no son bienvenidos”. Luego acusó a la familia de haber ocupado el apartamento por infracción. “No están autorizados a ocupar este apartamento … no estoy dispuesto a acogerles … váyanse a otras ciudades dispuestas a acogerles …. tienen que irse de aquí”, les dijo. La escena fue grabada por una cámara de televisión en una clara puesta en escena que se granjeó las críticas de casi toda la clase política.
Menard que hasta ahora ha sabido jugar con los límites de la ley cruzó, el martes, la línea roja. La delegación interministerial contra el racismo y el antisemitismo (Dilcra) ha señalado al procurador de la República que se trata de una “provocación flagrante al odio”. SOS Racismo y la Cimade (asociación protestante implicada en la asistencia a los refugiados en los centros de detención fronterizos) también han denunciado a los autores de la campaña. La Fiscalía de Herault ha enviado la demanda a la policía judicial que ha abierto una investigación.
La pegada de carteles de carácter racista ha sido una respuesta a la propuesta estatal de construir un centro para refugiados en la ciudad. En las pancartas diseminadas por la ciudad aparecen hombres barbudos presentados como “esos migrantes que llegan” al centro de la ciudad. Aparecen de espaldas frente a la catedral de Saint-Nazaire con una frase que dice: “el Estado nos los impone”.
Un ciudadano de Beziers asegura que esta campaña daña la imagen de la ciudad puesto que “no todos los vecinos apoyan la política estigmatizadora del alcalde”. “Además, argumenta, está en total contradicción con la ciudad de Béziers que es gemela de otra ciudad siria y cristiana”.
Robert Menard ha lanzado una petición contra la repartición territorial de los migrantes tal y como el Gobierno se comprometió con Bruselas. Una petición simbólica puesto que la acogida de refugiados es competencia estatal. Francia aún está lejos de completar la distribución de 10 000 migrantes en 85 departamentos y evitar la concentración en éstos en condiciones insalubres como es el caso del campamento de Calais.