El Tribunal Constitucional rechaza las alegaciones de Puigdemont y mantiene las medidas cautelares que impiden su investidura
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La situación política en Cataluña está poniendo a prueba a todos los implicados. A los políticos, especialmente al Gobierno español, para dar con la clave que desbloquee la situación y no prolongar una incertidumbre que no conduce a ninguna parte.
Y a los jueces que adoptan resoluciones inéditas, sin precedentes. Como el Tribunal Constitucional que con su auto del sábado, considerado por muchos expertos como un fraude de ley, impuso medidas cautelares para obstaculizar la investidura a distancia de Puigdemont.
Las alegaciones de su partido, Junts per Catalunya, para facilitar su nombramiento han sido rechazadas, pero el Constitucional sigue sin resolver la cuestión de fondo, el recurso del Gobierno español que ha desembocado en el aplazamiento de la investidura. Un vacío legal muy complejo.