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Escalofriante testimonio de las víctimas del cura pederasta de Lyon

Escalofriante testimonio de las víctimas del cura pederasta de Lyon
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Emoción, rabia y tristeza en el Tribunal Correccional de Lyon.

Acusado de encubrir a un cura pederasta, el cardenal Philippe Barbarin se enfrentaba, el martes, por primera vez, a las presuntas víctimas. Junto al máximo representante del Vaticano en Francia, en el banquillo de los acusados se sientan cinco antiguos miembros de la diócesis lionesa. A todos se les acusa de haber silenciado los abusos y agresiones sexuales a menores cometidos por el padre Bernard Preynat. Los hechos ocurrieron entre 1986 y 1991. Sus víctimas: boy scouts de Lyon que tenía a su cargo.

Barbarin admitió, en la primera jornada del juicio, que conocía el comportamiento pederasta del cura antes de hablar, en 2014, con una víctima. Había convocado a Preynat, en 2010, por los rumores que circulaban, pero éste le aseguró que era algo del pasado.

Para las víctimas, las heridas siguen siguen abiertas.

"Los responsables son quienes dejaron a Preynat realizar su actividad desde su nombramiento. (...) Hasta septiembre de 2015, le permitieron que lo hiciera. Y le alentaron a hacerlo, porque le ascendieron para ocuparse de niños. Le llevaron víctimas frescas en bandeja", aseguraba Didier Burdet, presunta víctima.

"Me quitó todo, me robó mi infancia, mi inocencia... Y cuando sufres agresiones como sufrí yo, como he dicho en el tribunal, no paras de hacerte preguntas, para las que nunca tendré respuesta", explicaba su hermano, Christian Burdet.

Alexandre Hezez, de 44 años, fue el primero en denunciar al padre Preynat. Asegura que éste lo agredió sexualmente desde "los 8 hasta los 11 años".

"Ha sido abrumador, porque las víctimas han venido a hablar. Hemos hablado de violación, de agresión sexual... Hemos visto el impacto. Creo que es importante, aunque, en mi opinión, los abogados defensores dirán que es irrelevante", declaraba Hezez.

De ser declarados culpables, el cardenal Barbarin y los otros cinco acusados se enfrentan hasta a tres años de cárcel y 45.000 euros de multa.