Gérald Darmanin pide un estatuto para los colaboradores de la Justicia que garantice la reducción de las penas. Charlotte Moge, especialista en lucha contra la mafia, pide al Estado francés que vaya más allá de un enfoque represivo total e invita a los ciudadanos a actuar.
¿Puede el Estado hacer más atractivo para las personas implicadas en la delincuencia organizada cooperar con la Justicia, mediante un sistema de protección y reducción de penas? Francia se prepara para introducir un estatuto de 'arrepentido' a la italiana.
En una publicación en la red X, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, declaró que había enviado al Consejo de Estado un decreto que "modifica radicalmente el sistema de arrepentimiento creando un verdadero estatuto, mediante una contractualización con la Justicia".
El régimen se dirigirá a las personas "que deseen alejarse de la delincuencia ayudando a la Justicia mediante la transmisión de información importante". A cambio, ellos y sus familias gozarán de protección jurídica.
En declaraciones a los periodistas en Aix-en-Provence, Gérald Darmanin afirmó que "lo que más nos falta es la prueba de las acusaciones, personas que denuncien", y añadió que "no es normal tener más miedo" a los delincuentes "que a la Justicia francesa".
Hacia un modelo a la italiana
Pero para un modelo a la italiana no basta con medidas de protección que incluyan, por ejemplo, el cambio total de identidad. Para la historiadora Charlotte Moge, profesora de estudios italianos en la Universidad Jean Moulin Lyon 3, la reducción de pena -otra ventaja formal de esta colaboración- es "fundamental".
También insiste en utilizar el término "colaborador de la Justicia" en lugar de 'arrepentido' "La jerga es importante si queremos ir más allá de un anuncio a bombo y platillo".
Entrevistada por 'Euronews', la especialista en el movimiento antimafia y las mafias italianas explica que en Italia se puede conceder una pena reducida a un colaborador "aunque haya decenas de homicidios".
El caso de Claude Chossat, exmiembro de la banda corsa Brise de Mer
"Eso es lo que no consiguió Claude Chossat", observa la investigadora, refiriéndose al caso del exmiembro de la banda corsa Brise de Mer, condenado en 2019 a ocho años de cárcel a pesar de su papel como informador de los investigadores.
En enero de 2026, sin embargo, el Tribunal de Apelación de Aix-en-Provence absolvió a Chossat en otro caso de intento de asesinato, lo que supuso un importante avance judicial en su caso.
"Mientras no sepamos si la reducción de penas se ha incorporado a la legislación francesa", advierte el investigador, es imposible comparar el arsenal preparado por las autoridades francesas con el del otro lado de los Alpes, que ha permitido a Roma lograr "grandes éxitos" en la lucha contra el fenómeno mafioso. "Esperemos a ver el decreto".
Un informe firmado por el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, y enviado al Senado el 14 de noviembre de 2025, señala que, a 31 de diciembre de 2024, 3.090 personas, entre ellas 707 colaboradores judiciales, se beneficiaban del régimen de protección:
- 'Ndrangheta: 126
- Camorra: 217
- Cosa nostra: 143
- Cuarta Mafia de Apulia: 156
- Otras organizaciones: 65
Según el documento, "el fenómeno de la colaboración con el sistema judicial ha demostrado constantemente su importancia central en el refuerzo ininterrumpido de la lucha contra todas las formas de delincuencia organizada", a pesar de la evolución de las estructuras y estrategias mafiosas en los últimos treinta años.
Un arma formidable contra la mafia
Aunque la condición de colaborador es una disposición "fundamental" de la legislación italiana, señala Charlotte Moge, "está vinculada a otras normas igualmente valiosas", entre ellas están las siguientes:
- Delito de asociación mafiosa
- Confiscación de bienes
- Incomunicación
- Disolución de las administraciones públicas en caso de infiltración mafiosa
- Apoyo a los empresarios que denuncien el chantaje
- Programas educativos de promoción de la legalidad
En Francia, el estatuto de 'arrepentido', creado en 2004 y ahora en proceso de transformación, tampoco es una medida aislada. Gérald Darmanin señaló que se trataba de un "paso importante y largamente esperado" en la aplicación de la nueva ley "destinada a sacar a Francia de la trampa del narcotráfico", promulgada en junio de 2025.
Esta ley crea la Fiscalía Nacional contra la Delincuencia Organizada, que se encargará de los casos más graves de delincuencia organizada, principalmente el tráfico de drogas -fenómeno considerado cada vez más violento y estructurado en Francia-, siguiendo el ejemplo de los tribunales anticorrupción (PNF) y antiterrorista (Pnat) ya existentes.
La nueva ley refuerza también el decomiso de bienes pertenecientes a redes de delincuencia organizada y de tráfico de drogas. La pertenencia a una organización criminal es ahora un delito autónomo, al igual que la captación de menores para la trata, incluso a través de las redes sociales.
En cuanto a la condición de 'arrepentido', la ley de 2025 estipula que"las personas que puedan beneficiarse de exenciones o reducciones de pena en virtud del Código Penal podrán beneficiarse, durante la investigación o la información, de la condición de colaborador con la Justicia".
Aunque esta formulación sigue siendo transitoria, a la espera del decreto que precisará las condiciones de aplicación, la ley francesa parece menos selectiva que su equivalente italiana. El sistema "pentiti" se dirige explícitamente a los miembros de las organizaciones mafiosas, mientras que en Francia, el texto se refiere teóricamente a cualquier tipo de infracción del código penal.
"El estatuto de colaborador es un arma formidable para romper el vínculo asociativo que caracteriza a las asociaciones mafiosas", declaró Charlotte Moge a 'Euronews', recordando que la delincuencia organizada no tiene la misma estructura en Francia.
"Frente al narcotráfico tal y como lo conocemos en Francia, donde no existen vínculos asociativos ni sentido de pertenencia -sobre todo con las prácticas de externalización y subcontratación excesiva- , dudo que sea posible transferir este estatus tal y como está".
Acabar con la represión total
Del lado italiano, el investigador señala"la combinación de una multitud de medidas represivas unida a la centralización de la lucha a nivel nacional y local para coordinar la cooperación, lo que la hace particularmente eficaz".
En un artículo publicado en 'Le Monde' tras el asesinato de Mehdi Kessaci, hermano del luchador antidroga Amine Kessaci, Charlotte Moge pedía que la lucha contra el narcotráfico fuera un esfuerzo colectivo, con un apoyo a las asociaciones y familiares de las víctimas. "Debe ser posible luchar contra la delincuencia organizada en nombre de los valores de la República sin poner en peligro la propia vida y la de la familia", subrayó.
Charlotte Moge considera oportuno que Francia se inspire en el modelo italiano. "Ya era hora", afirma, al tiempo que insiste en que"también hay que poner en marcha una política sanitaria de apoyo a los consumidores, desplegar medios en los barrios en los que proliferan las bandas y restablecer una presencia del Estado que no se base en la represión a ultranza que sólo funciona delante de las cámaras".
"Hay que reinvertir en estos barrios y estar al lado de sus habitantes, porque ellos son las primeras víctimas, sobre todo los jóvenes", concluyó. Según Gérald Darmanin, el estatuto de colaborador de la Justicia se introducirá antes del 1 de junio.