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Rumanía planta cara a la corrupción

Rumanía planta cara a la corrupción
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En 2015, un incendio en una discoteca de Bucarest acabó con la vida de 65 personas. Tenía licencia de apertura a pesar de no contar con la seguridad necesaria.

Esa noche, Florin Badita perdió un amigo y decidió que había llegado la hora de actuar. Junto a otros jóvenes creó el grupo "La corrupción mata".

"Quisimos crear este grupo para que la gente tomara conciencia de los peligros que encierra la corrupción, para elevar el nivel de pensamiento crítico y para dar herramientas a la gente que quiere cambiar las cosas y no sabe cómo hacerlo", explica Badita.

La sociedad civil también se activa en la calle. Durante los últimos años, las manifestaciones contra la corrupción han jalonado la vida política del país. Y con la última quisieron marcar apertura de la presidencia rumana de la Unión Europea.

Las críticas también arrecian desde la oposición. El partido USR (Unión para Salvar Rumanía) surgió hace dos años con voluntad regeneradora.

"El futuro de Rumanía ha estados secuestrado durante los dos últimos años porque el debate no se ha centrado en las infraestructuras, en los hospitales, en la educación o en motivar a los jóvenes para que se queden en el país", explica Dan Barna, el l´íder del partido. "Todos los esfuerzos del gobierno se han centrado en los problemas judiciales del señor Dragnea."

Liviu Dragnea es el líder del partido Socialdemócrata. Fue condenado a tres años y medio de cárcel por un delito de abuso del poder. Ahora el Parlamento rumano debate una ley de amnistía que podría librarle de la cárcel. A él y a otros miles de políticos y empresarios sobre los que pesan penas de corrupción.

El gobierno se defiende. "Hemos obtenido éxitos importantes en la lucha contra la corrupción, pero también hemos tenido que afrontar problemas. Se ha ejercido presión sobre los fiscales y los jueces. Y eso ha tenido una influencia negativa", explica George Ciamba, ministro de Asuntos Exteriores. "Para nosotros lo importante es garantizar la independencia de los jueces y de los fiscales. La situación está ahora en manos del Parlamento".

Bruselas es consciente de la situación y advierte sobre la importancia de mantener la independencia de la justicia.