Jane Golding presidenta de la organización 'British en Europa' exige que los británicos que viven fuera de su país sean tratados con la misma importancia que los asuntos de comercio comunitario que preocupan tanto a la Unión Europea y a Reino Unido.
PUBLICIDADEl acuerdo de prórroga entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE) por otro seis meses más evitó un precipicio económico, pero no ha sido suficiente para aliviar la ansiedad que sienten millones de ciudadanos británicos que viven fuera de su país.
La organizaciones the3million y British in Europe que trabajan a favor de los ciudadanos europeos en el Reino Unido así como también de los expatriados británicos, han exigido "el fin inmediato de la paralizante inseguridad jurídica" a raíz de la decisión del Consejo Europeo el pasado 10 de abril.
"Esta ampliación significa que cinco millones de personas todavía no pueden estar seguras de los derechos que determinarán si tendrán trabajo, oportunidades de estudio, asistencia sanitaria y la capacidad de mantener unidas a sus familias en el futuro", dijo Maike Bohn, cofundador de the3millons.
El bloque europeo y el Reino Unido llegaron a un acuerdo para salvaguardar sus derechos en diciembre de 2017, durante las negociaciones de Brexit. Los términos se incluyeron en el proyecto de acuerdo de retirada que fue aprobado por lo Gobierno británico y los 27 miembros el pasado mes de noviembre.
Abarcan la residencia y la seguridad social, y garantizan la libertad de circulación durante un período de transición planificado. Sin embargo, el acuerdo debe ser ratificado para que sus términos surtan efecto, y su reiterado rechazo por parte del parlamento de Reino Unido ha llevado a un punto muerto.
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Tanto el Gobierno de Theresa May como la UE han elaborado planes de contingencia para un Brexit sin trato que cubre los derechos de los ciudadanos, pero han sido criticados por los activistas por ser inadecuados.
El país saliente del bloque dice que su sistema de "estatuto de asentado" para los nacionales de la Unión Europea se aplicará tanto si salen de la UE con un acuerdo como si no. Sin embargo, los activistas sostienen que en un escenario de no acuerdo los derechos serán recortados y podrían ser reducidos aún más por los futuros gobiernos de Reino Unidosin la protección de un tratado internacional.
Las perspectivas son aún más inciertas para los aproximadamente 1.3 millones de ciudadanos británicos que viven en la UE. Como señalan los dos grupos de campaña, el plan de contingencia sin acuerdo para ellos equivale a un llamamiento a los países individuales para que sean "generosos", ya que sus derechos ya no estarán protegidos por las normas de la comunidad europea.
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Muchos países del grupo comunitario se han movilizado para garantizar los derechos de los residentes británicos en caso de que Brexit no sea objeto de un acuerdo. Pero cuestiones como la asistencia sanitaria dependerán de los acuerdos bilaterales, que sólo podrán resolverse una vez que el Reino Unido abandone la UE.
España y Francia, países con el mayor número de residentes británicos, han consagrado sus derechos 'post Brexit' en la ley. Pero en Francia, algunos británicos se han quejado de que sus solicitudes de permiso de residencia han sido rechazadas.
El mes pasado, el negociador jefe de la UE en Brexit, Michel Barnier, rechazó los llamamientos a la "delimitación" de los derechos de los ciudadanos tal como se habían negociado, y defendió su viabilidad en caso de que no se llegara a un acuerdo. Barnier dijo que estaría "lejos de ser sencillo" separarles el Acuerdo de retirada, que adoptó un "enfoque global" de la salida del Reino Unido.
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El Reino Unido había pedido una aclaración después de que la Cámara de los Comunes aprobara sin oposición una medida del diputado conservador Alberto Costa, para asegurar en un escenario sin acuerdo los mismos derechos que los negociados en el acuerdo de divorcio.
Los defensores de los derechos de los ciudadanos están pidiendo una vez más a los líderes del bloque continental actúen, y que ocupen de las personas del mismo modo en que se ocupan de los acuerdos de comercio post Brexit.
"Esta puede ser la última oportunidad antes de las elecciones europeas para demostrar a los cinco millones de personas que utilizaron de buena fe sus derechos de libre circulación que son más importantes que la venta de pescado o el queso Cheddar", dijo Jane Golding, copresidenta de British in Europe.