Un millón de firmas y una agria batalla judicial han reavivado el debate sobre la eutanasia en España, donde, sobre el papel, ayudar a morir a un enfermo terminal está castigado con penas de hasta 10 años de cárcel.
PUBLICIDADEl hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares es el escenario de un pulso entre la Justicia y la ciencia médica que sacude muchas conciencias en España. En contra de la opinión de los médicos, un tribunal ha ordenado que se reanime a una mujer de 54 años con una avanzada enfermedad degenerativa si entra en parada cardiorrespiratoria. Los familiares de María Teresa Blanco consideraban que no hacerlo sería equivalente a la eutanasia y recurrieron a la Justicia, que les dio la razón de forma cautelar.
A las puertas del hospital, Polonia Castellanos, abogada de la familia y presidenta de la asociación Abogados Cristianos, manifestaba su satisfacción: "(Estamos) muy contentos, porque se ha salvado una vida, la vida de María Teresa, una persona que quiere luchar, una familia que quiere que luche, una vida totalmente digna".
La salud de María Teresa Blanco está muy deteriorada. No puede hablar, ha tenido que se ingresada una veintena de veces en los últimos años y ha sufrido varias paradas cardiorespiratorias. En casos así, advierte el presidente de la comisión médica colegial, el código deontológico es claro:
"Nuestro código deontológico es muy claro. Cuando las medidas extraordinarias, y sobre todo cuando son medidas muy llamativas y de una alta sofisticación y produce un alto nivel de sufrimiento de los pacientes y no se prevé ningún tipo de resultado, nuestro código deontológico no solo dice que no se deben aplicar, sino que consideramos que es una mala práctica", zanja Juan José Rodríguez Sendín, Presidente de la Organización Médica Colegial de España.
Los casos de María José Carrasco y de Vincent Lambert
En España, la eutanasia activa se considera delito. Casos como el de María José Carrasco, que murió el pasado mes de abril tras vivir 30 años con esclerosis múltiple, han reavivado el debate sobre el derecho a una muerte digna. Con la ley en la mano, su marido, que la asistió en su suicidio, podría ser castigado con penas de hasta 10 años de cárcel. Un millón de firmas llegan este viernes al Congreso para pedir que no sea castigado y reforzar una iniciativa legal para despenalizar la eutanasia en aquellos casos en los que, como María José Carrasco, el enfermo haya dejado claro que quiere que le ayuden a morir.
La polémica también se ha instalado en otros países europeos, como Francia, donde el pasado jueves murió Vincent Lambert, un tetrapléjico que llevaba una década en estado vegetativo. Su suerte había sido objeto de una larga y agria batalla judicial entre su esposa, que, siguiendo sus deseos quería que fuera desconectado, y sus padres, que querían mantenerlo con vida a toda costa.