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López Obrador carga contra los jueces y funcionarios del caso Ayotzinapa

López Obrador carga contra los jueces y funcionarios del caso Ayotzinapa
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El gobierno de México bulle de indignación tras la absolución de López Astudillo "el Gil", uno de los principales acusados del asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Hasta tal punto, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido a la Fiscalía General y al Poder Judicial que investiguen las fallas y omisiones cometidas por los jueces y funcionarios que se ocupan del caso.

"Es un asunto de justicia, muy grave, y por eso vamos a presentar formalmente una denuncia a la Fiscalía General y al Poder Judicial", señaló López Obrador.

Para el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, esta absolución sienta un precedente muy grave.

"Este es un precedente muy grave. Es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de desaparición forzada y lamentablemente no es el único caso", señaló.

Encinas también arremetió contra la llamada "verdad histórica", como fue llamada durante el anterior Gobierno la versión oficial que se dio del caso.

"Hay que decirlo claramente. La mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en a fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del beneficio de las víctimas", aseguró el subsecretario de Derechos Humanos.

López Astudillo "el Gil", jefe de Guerreros Unidos en Igualada y uno de los principales acusados

La absolución de Gildardo López Astudillo "el Gil", considerado el jefe del cártel de Guerreros Unidos en Igualada, ha sido un golpe muy duro para las familias y ha generado una ola de críticas de organizaciones de derechos humanos. Su liberación se suma a la de otros 53 sospechosos de los 142 detenidos.

López Astudillo "el Gil", rodeado por dos policías

Crónica de un caso plagado de irregularidades

Tras su llegada al poder, el presidente López Obrador reabrió el caso y creó una comisión de investigación.

El anterior gobierno dio por buena la versión oficial de que los jóvenes fueron detenidos por policías municipales de Igualada y entregados a miembros de Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron en un vertedero.

Sin embargo, una grupo de expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que era imposible que los 43 cuerpos fueran quemados allí y desveló que parte de la versión se basaba en el testimonio de detenidos torturados.

Para las familias, todo esto es la constatación de un fracaso judicial.