Organizaciones de defensa de los derechos humanos critican el Decreto Supremo 4078. El Movimiento al Socialismo lo ha llevado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.
PUBLICIDADTras un fin de semana que ha dejado un reguero de al menos 9 víctimas mortales entre los partidarios del presidente exiliado Evo Morales, crece la preocupación por el Decreto Supremo Nº 4078 firmado el pasado viernes por el Gobierno interino presidido por Jeanine Áñez y que dice textualmente que "el personal de las FF.AA., que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal".
El decreto precisa que esto se aplica cuando actúen en "cumplimiento de sus funciones consititucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad" y observando la legalidad vigente y "proporcionales al riesgo de los operativos".
Sin embargo organizaciones como la Comisión Internacional de Derechos Humanos no han dudado en criticar un "grave decreto" que no cumple con los estándares internacionales de Derechos Humanos y "por su estilo estimula la represión violenta".
El CIDH añade que este tipo de leyes contravienen la obligación de los estados de investigar, procesar y juzgar las violaciones de derechos humanos.
También ha rechazado la norma el subdirector para las Américas de la ONG Human Rights Watch José Miguel Vivanco que asegura que además de violar los estándares internacionales " en la práctica envía a las fuerzas militares el peligrosisimo mensaje de que tienen carta blanca para cometer abusos" y llama a que sea retirado de forma urgente.
Reacción similar ha tenido la responsable para las Américas de Amnistía Internacional Erika Guevara-Rosas. La organización ha publicado un tuit en la que lo critica "de confirmarse su veracidad".
El Movimiento al Socialismo, partido de Evo Morales, ha recurrido el decreto ante el Tribunal Consititucional, informa Europa Press.
El expresidente Evo Morales dijo en su cuenta de Twitter que se trata de “una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo”.
Sin hacer referencia expresa al Decreto, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet publicó un comunicado tras las primeras muertes por heridas de bala en Cochabamba en el que llamaba a las autoridades a "garantizar que las fuerzas de seguridad cumplan con las normas y estándares internacionales en materia de uso de la fuerza, así como a asegurar el derecho a la vida y a la integridad física de las personas que protestan" y denunciando que las últimas muertes parecían estar provocadas por "un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar.
Condeno estas muertes. Se trata de un desarrollo en extremo peligroso, pues lejos de apaciguar la violencia, es posible que la empeore" dice el texto de la expresidenta chilena, que advierte que "en una situación como esta, las acciones represivas de parte de las autoridades simplemente avivarán más esa ira, y pueden poner en peligro cualquier camino de diálogo posible”.
El texto del órgano de la ONU también se preocupa por el aumento del número de detenidos en los últimos días.
Por su parte el Gobierno interino ha asegurado que el texto se ajusta a la legalidad vigente y que "no es una licencia para matar" sino una medida disuasoria para "contribuir a la paz social". Uno de los primeros pasos del nuevo equipo fue reunirse con el Ejército y la Policía en la búsqueda de la "pacificación del país" y también prometen celebrar elecciones lo antes posible.
La policía ha sugerido que los fallecidos de Cochabamba podrían haber sido víctimas de disparos provenientes de los manifestantes.
La CIDH estima que han muerto 23 personas desde que estalló el conflicto -cinco de ellas de bala- y 715 han resultado heridas.