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La misión de Frontex en la frontera griega "carece de base jurídica adecuada"

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La misión de Frontex en la frontera griega "carece de base jurídica adecuada"
Derechos de autor  Michael Varaklas/AP
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La agencia europea para el control de la frontera exterior de la UE Frontex desplegará refuerzos en Grecia para responder a lo que los ministros de Asuntos Exteriores del bloque denominaron "el uso de la presión migratoria de Turquía con fines políticos". Los primeros oficiales llegarán a la región fronteriza oriental de Evros este miércoles 11 de marzo.

Sin embargo, según expertos en la UE y la legislación de derechos humanos, esta operación "carece de una base jurídica adecuada" ya que Frontex está interviniendo en un país, Grecia, que ha suspendido la recepción de la solicitudes de asilo durante un mes.

Esta decisión fue tomada por el primer ministro Kyriakos Mītsotakīs el 1 de marzo, días después de que miles de personas se congregaran en la frontera griega después de que Ankara dijera que ya no podía impedir que los refugiados en Turquía se dirigieran a Europa.

Dos días más tarde, el Consejo de Administración de Frontex acordó lanzar su misión.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) señaló que "ni la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 ni el derecho de los refugiados de la UE proporcionan ningún fundamento jurídico para la suspensión de la recepción de las solicitudes de asilo".

Garantías de derechos humanos

La intervención de Frontex está en contradicción con su propio estatuto. En el artículo 80 de su reglamento, Frontex escribe que tiene que operar respetando la legislación europea y de derechos humanos, y esto no puede ser el caso cuando los inmigrantes no pueden solicitar asilo.

Desde 2011, la agencia de la UE ha contratado a una Oficina de Derechos Fundamentales (FRO) para que proporcione asesoramiento independiente sobre todos los asuntos relacionados con los derechos fundamentales. Su opinión se tiene en cuenta en la elaboración del plan operativo, de acuerdo con el Estado de acogida. Según los propios funcionarios de Frontex, su función también debería garantizar que los efectivos desplegados aseguren "el acceso a los procedimientos de asilo de las personas que necesitan protección internacional".

Tras la suspensión, esa condición no se respetará en la frontera greco-turca durante al menos un mes.

"En este caso, la oportunidad política prevalece sobre el estado de derecho", argumenta el profesor Giuseppe Campesi, sociólogo y autor de un estudio sobre Frontex. "La operación se lanzó a partir de las condiciones establecidas por el gobierno griego, incluso si la violación de los derechos humanos resulta ser sistemática, ya que los sirios se verán impedidos de presentar solicitudes de asilo".

Preguntamos a Frontex qué decía la FRO sobre la operación griega, pero la agencia sólo respondió que "no está a cargo de los procedimientos de asilo".

"La Comisión Europea está actualmente en conversaciones con Grecia sobre este asunto. Seguimos remitiendo todas las solicitudes de asilo a las autoridades nacionales como lo exige la ley", añadió.

Reformada por última vez (en términos de cambios de estatutos) en 2019, Frontex desplegará 100 guardias más en la frontera terrestre griega y proporcionará equipo adicional para la guardia costera griega, como dos aviones de vigilancia, dos barcos, siete aviones, un helicóptero y cuatro furgonetas de imágenes térmicas.

Cualquier retroceso es una "violación

Thomas Gammeltoft-Hansen, profesor de derecho de la migración y los refugiados en la Universidad de Copenhague, sostiene que "una operación de Frontex en las circunstancias actuales carece de la base jurídica necesaria".

"Cualquier retroceso violaría claramente los derechos humanos tanto de la Unión Europea como internacionales. La decisión griega de suspender el asilo es como quitar la manta sobre la que se construye todo el castillo de naipes de las operaciones de Frontex".

Según Gammeltoft-Hansen, la participación de los Estados miembros en la operación bajo la dirección de Frontex planteará "complicadas cuestiones jurídicas", y los países no podrán alegar ante los tribunales que no eran conscientes de los riesgos para los derechos humanos en el momento de enviar a su personal.

Alberto Alemanno, profesor de derecho de la UE en HEC París, dijo a Euronews que la suspensión griega "representa una violación manifiesta tanto de la ley europea de asilo como del derecho humanitario internacional" y que la acción "será cuestionada a nivel nacional, de la UE e internacional".

"Esto puede requerir muchas nuevas vías legales, y es difícil para los estados participantes prever cuáles serán los resultados", añadió Gammeltoft-Hansen.

En el momento de redactar el presente informe, una coalición de organizaciones no gubernamentales encabezada por la Red Mundial de Acción Legal (en inglés, Global Legal Action Network) anunció que tenía previsto "documentar y emprender acciones legales contra los responsables de las violaciones de los derechos de los migrantes y los refugiados".

El 6 de marzo, un barco danés se negó a cumplir una orden recibida por radio del cuartel general de la Operación Poseidón de volver a mandar a los migrantes a su bote y remolcarlo fuera de las aguas griegas. La Operación Poseidón es una misión de vigilancia fronteriza desplegada en Grecia y coordinada por Frontex.

Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión de la UE, elogió a Grecia como el "escudo" de Europa contra los refugiados.

Activistas pierden juicio por demandar más transparencia

Recientemente, Frontex ha sido criticada por haber ganado un juicio a dos activistas pro-transparencia obligándoles a pagar 23.000 euros por honorarios legales. La pareja, Luisa Izuzquiza y Arne Semsrott, había solicitado a la agencia de la UE información sobre el nombre, la bandera y el tipo de buques desplegados en el Mediterráneo central en 2017. La solicitud fue rechazada y los dos apelaron y posteriormente perdieron.

"No queremos permitir que se cree precedente", dijo Izuzquiza a Euronews. "Muchos actores de la sociedad civil - periodistas, activistas - se lo pensarían dos veces antes de presentar un caso judicial contra ellos".

Los dos activistas están recaudando el dinero con una petición en línea que ya ha alcanzado más de 85.000 firmas.

Frontex ha sido reformada en múltiples ocasiones a lo largo de su existencia y su presupuesto ha pasado de 143 millones de euros en su primer año de funcionamiento a 11.300 millones de euros para el período 2021-2027.

De ser una agencia que coordinaba el trabajo de las fuerzas fronterizas de la UE y que sólo dependía del personal y los activos de los Estados miembros, pasará a tener su propia fuerza uniformada de 10.000 efectivos. Alrededor de 3.000 serán contratados directamente por Frontex. El cuerpo estará armado, llevará un uniforme europeo y tendrá sus propios vehículos.

Corresponderá a su oficina de derechos fundamentales vigilar las violaciones de los derechos humanos que puedan producirse durante las operaciones sobre el terreno.

Sin embargo, como sostiene Campesi, el mecanismo de vigilancia es ineficaz ya que la mayoría de sus funcionarios pertenecen a los Estados miembros. "Si Frontex es testigo de algún incidente y puede indicar quién es el agente responsable del mismo, prepara un informe interno y lo envía a los gobiernos pidiéndoles que tomen medidas contra sus propias fuerzas de policía. Sin embargo, en esta etapa los estados de la UE no le dan seguimiento".

¿Rendición de cuentas?

En el informe anual de 2016, la propia Frontex escribe que hay una "falta de retroalimentación por parte de las autoridades nacionales de los Estados miembros" sobre los informes de incidentes graves. Fabrice Legeri, director ejecutivo de Frontex, lo confirma en una entrevista con Die Zeit: "Informamos de estos casos a las autoridades nacionales, no podemos hacer más".

El nuevo personal sólo responderá ante Frontex, lo que significa que le corresponderá a la agencia con sede en Varsovia investigar sus propias deficiencias. Giulia Raimondo, investigadora sobre la gestión integrada de las fronteras en Europa, sostiene que el mecanismo de vigilancia y rendición de cuentas de Frontex no ha alcanzado hasta ahora los niveles ideales y no tiene esperanzas para el futuro. "Son los jueces de sí mismos, no hay independencia".