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Suben los desahucios en la segunda ola: paralizan la expulsión de 300 personas en Madrid

Policía frente a los vecinos y simpatizantes que pararon el deshaucio de la calle Luna de Madrid
Policía frente a los vecinos y simpatizantes que pararon el deshaucio de la calle Luna de Madrid   -   Derechos de autor  Juan Carlos de Santos Pascual
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Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el cierre de los juzgados hasta junio de 2020 provocó el retraso y paralización de las ejecuciones. Sin embargo, desde junio el número ha ido escalando hasta los 70 desahucios diarios.

A pesar de todo, la acción vecinal está consiguiendo que desahucios masivos como el del edificio de la Calle Luna, 32 se hayan conseguido paralizar. Sus 300 residentes se han plantado ante la administración local. El Ayuntamiento de Madrid quería que las 32 familias que vivían en el Palacio de la Infanta Carlota, formadas por 210 adultos y 30 menores, abandonaran el edificio antes de la mañana de este martes.

“El Ayuntamiento ha mirado para otro lado, no le ha interesado el edificio”

Según los inquilinos no había ninguna orden judicial y por eso el desahucio no se producirá hasta que el proceso acabe. Señalan que tendrían de margen entre 6 y 8 meses. En el edificio residen arrendatarios que han sido subarrendados de forma ilegal como Ronald Otani que vive en una habitación con su esposa embarazada. “Son ya casi 9 años en los que el Ayuntamiento ha mirado para otro lado, no le ha interesado el edificio, no ha habido reformas, se sacaron los medidores de luz…”, recuerda Otani. Cree que el Ayuntamiento ha querido usar varias excusas para sacarles de sus casas. “El Ayuntamiento ha dicho que aquí viene gente a hacer cosas de cultura, de arte... como esos locales que hay en otros sitios; pero no es así, aquí hay puros pisos”. Nos muestra como en el edificio han puesto unos pilares de madera y apunta: “Mi piso está todo reformado, pero por fuera el Ayuntamiento puso dos troncos en la escalera y después de poner los dos troncos en la escalera nos salieron con el pretexto de que se estaba cayendo el edificio”.

Vecinos de Calle Luna 32
Puntales en la escalera del inmuebleVecinos de Calle Luna 32
Juan Carlos de Santos Pascual
Ronald Otani en la protesta contra el deshaucioJuan Carlos de Santos Pascual

En Luna, 32 hay inquilinos que llevan 70 años entre sus muros como Julia Lucas. Sus padres eran los conserjes del complejo de viviendas. Apunta que el Ayuntamiento ha actuado de forma cruel en plena pandemia. “Es de no tener humanidad. Llevo desde que recibimos la notificación sin dormir. No se puede jugar así con la gente”, destaca. La opción que le daban los servicios sociales era irse a una residencia, uno de los lugares donde más se ha extendido el rastro mortal de la COVID-19. Espera que durante estos meses que dura el proceso judicial los servicios sociales puedan ofrecerla algo mejor porque considera, como todos sus vecinos, que el problema siempre ha sido de la administración. Fue hace 9 años cuando comenzó todo. Su vivienda paso de las manos de un especulador iraní al consistorio de la capital, que dejó de cobrarles las cuotas a los vecinos. “Yo depositaba los recibos en el juzgado, pero en aquel momento el Ayuntamiento de Madrid dijo que dejáramos de pagar”, recuerda Julia. “Así que por lo tanto yo no me he negado en ningún momento a no pagar, si mañana me dicen que pague, yo pago”, recalca. Además, señala que sus vecinos han cumplido igualmente. “Aquí se han estado pagando alquileres de 1000 euros, de 800 euros, 600...”

Rosa Reyes es de Ecuador y lleva 17 años en la Calle Luna 32, vive con sus 4 hijas y su madre en una de las viviendas. Solo entran 600 euros de ingresos en su casa gracias al ERTE que ha realizado la empresa para la que trabaja. Señala que si no se hubiera paralizado el desalojo habrían acabado las 6 en la calle. “Con el coronavirus si te tiran a la calle y hay niños por el medio ¿Dónde te vas a buscar un piso? Porque si eres tú solo es más fácil, pero con niños a dónde vas”, se pregunta. Está entre el grupo de familias que reclama a los servicios municipales que se les ofrezca un alquiler social. Critica que a otras familias el Ayuntamiento les ofreciera hacinarse con otras personas. “A algunas les querían dar habitaciones compartidas. ¿Dónde te metes en una habitación compartida con 3-4 niños?”

Juan Carlos de Santos Pascual
Rosa y Leiry con sus pancartasJuan Carlos de Santos Pascual

Leiry Álvarez lleva 6 años en el edificio con sus dos hijos y su esposo. “Mi marido pagaba una habitación por 400 euros y a raíz de eso nos venimos nosotros”, apunta. Al cabo de un tiempo se dieron cuenta de que estaban pagando a una falsa propietaria que les estaba engañando y dejaron de pagar. Ven complicado encontrar un piso en sus condiciones. “No tengo trabajo, tengo dos hijos. Piden aval bancario, piden contrato indefinido, el cual no tenemos, para coger un piso. Nos quedamos en la calle si nos echan de aquí”, apunta Álvarez. Espera que con este nuevo margen puedan encontrar un sitio para vivir.

Sin vivienda en mitad de la pandemia

Maite Badenes, su madre y sus dos hijas fueron desahuciadas de su vivienda el 11 de noviembre en Fuenlabrada. Ella ya estaba en condiciones de vulnerabilidad antes de la crisis del coronavirus. Como víctima de violencia de género, tuvo que dejar el bar para el que había pedido el préstamo que le arrastró a la ruina. “El muchacho me estuvo amenazando con cuchillos, con unas tijeras y cuando conseguí que se marchara… Empecé a no poder abrir el bar a las 6 de la mañana porque tenía que llevar a una de mis hijas a la guardería y a otra al colegio. Sola, me vi llevando todo de repente y se me volcó el mundo”, comenta Maite. Tras dejar el negocio aún le quedaban por pagar sin saber tres cuotas del préstamo, unos 2000 euros, pero la entidad que se lo concedió no admitió ninguna alternativa de pago y reclamó la subasta de su casa porque estaba como aval. Tras cuatro años de suspensiones de subastas, el año pasado se vendió la vivienda. Al no tener otro sitio al que ir trataron de seguir en el piso. Gracias a la ayuda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y los vecinos pudieron parar el desahucio a finales de octubre, pero a las dos semanas las cuatro fueron desahuciadas.

Ahora ella y su madre viven en una habitación de una amiga y sus hijas en otra casa de otra amiga. Ella no quiere abandonar a su madre en una residencia como le recomiendan los servicios sociales. Su madre tiene Parkinson y Alzheimer y no confía en meterla en una residencia debido al coronavirus. Maite se emociona al contar que su madre “lo está pasando fatal, está muy retraída” o cuando habla de su hija de 12 años: “la mayor no quiere juntarse con nadie en el colegio”. Reclama que le hagan un buen informe de vulnerabilidad que le permita acceder a un alquiler social porque no puede cumplir con los complicados requisitos que piden ahora en las viviendas de alquiler. “Te piden seguro de alquiler, dos mil euros de ingreso y antigüedad de contrato de un año y yo no puedo eso. Estaba fuerte y ahora me estoy derrumbando otra vez”, añade.

Suben a 70 los desahucios diarios

El desahucio de Maite, no es el único que se ha producido desde que acabó el confinamiento en todo el país. Este miércoles la Plataforma de Afectados Por la Hipoteca acudirán a la Oficina del Defensor del Pueblo para reclamar a través de varios escritos y entre otras cuestiones: que se paralicen los desahucios, que se cambie la ley de vivienda o que se aumente el parque de viviendas para personas desahuciadas. Aunque lo primordial según la plataforma es que se paralicen los desahucios.

Apuntan que si no se pone remedio podríamos pasar de los 70 desahucios diarios a los 200 desahucios por día que había antes de la crisis del coronavirus. Reclaman que cuanto antes se decreten medidas para que no se repita la crisis de 2008. “Es un sobreendeudamiento brutal al que nos están llevando parecido al del año 2008. Esto se irá acumulando hasta que explote. Esto es lo que pasó en 2012 cuando hubo todo el boom de desahucios hipotecarios que se fue generando desde 2007”, ha alertado Juanjo Ramón, portavoz estatal de la PAH.

Recientemente el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos ha apuntado que está abierto “a contemplar medidas para las familias en vulnerabilidad previa al estado de alarma”, después de que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, llevara al Registro del Congreso, junto a Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, una enmienda a los Presupuestos sobre la prohibición de todos los desahucios en España hasta el 31 de diciembre de 2022. Así que desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca esperan que el Gobierno avance en la línea de parar los desahucios.