El Parlamento de Georgia aprobó este miércoles en primera lectura un proyecto de ley que obligaría a los medios de comunicación y a las organizaciones sin ánimo de lucro a registrarse como agentes extranjeros si más del 20% de su financiación procede de fuera del territorio nacional.
PUBLICIDADEl Parlamento aprobó la propuesta, que ha desatado protestas en las calles y altercados violentos dentro de la propia sede legislativa, con 83 votos a favor del total de 150 escaños del hemiciclo. Para convertirse en ley, el proyecto debería recibir luz verde en otras dos lecturas.
La presidenta de Georgia, Salome Zourabichvili, tiene previsto vetar la ley si finalmente es aprobada, según un portavoz. No obstante, ese veto podría tener una vigencia limitada, ya que el mandato de Zourabichvili expira este año. En virtud de los cambios introducidos en la Constitución de Georgia, el próximo jefe de Estado será nombrado por un colegio electoral compuesto por todos los miembros del Parlamento.
Continúan las protestas contra la medida
La Policía georgiana utilizó gases lacrimógenos el martes para dispersar una nueva protesta ante el edificio del Parlamento contra el controvertido proyecto de ley.
Quienes se oponen a la propuesta argumentan que podría hacer descarrilar las ambiciones de Georgia de convertirse en miembro de la Unión Europea (UE) y se refieren a ella como la 'ley rusa', al compararla con una legislación similar en Rusia que persigue y desacredita a las organizaciones y medios de comunicación independientes considerados contrarios a los intereses del Kremlin.
Varios manifestantes fueron detenidos durante el enfrentamiento del martes con la Policía, según medios locales, pero no se ofrecieron cifras detalladas sobre el número de arrestos.
El proyecto de ley es muy similar a una propuesta que el partido gobernante, Sueño Georgiano, retiró el año pasadotras las grandes protestas callejeras que se vivieron en el país.
La propuesta exige que las organizaciones sin ánimo de lucro y los medios de comunicación que reciban el 20% o más de su financiación del extranjero registren "que persiguen los intereses de una potencia extranjera", el único cambio en la redacción con respecto al proyecto de ley retirado el año pasado, que decía que los grupos pertinentes debían registrarse como "agentes de influencia extranjera".