El instructor del 'procés' ha dado un plazo de cinco días a la Fiscalía y a las defensas de Puigdemont y otros tres procesados para informar sobre cómo afecta la ley de amnistía.
PUBLICIDADEl expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, todavía sigue teniendo vigente una orden de arresto en su contra y una orden nacional de detención, y será arrestado si entra en España.
Así lo dictaminó este martes el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre la aplicabilidad de la ley de amnistía a Puigdemont y a otros tres líderes independentistas que no llegaron a ser juzgados por el 'procés'.
La ley de amnistía ha entrado en vigor este martes tras haber sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Llarena pidió que se comunique a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que "continúan vigentes y activas las órdenes nacionales de detención" de Puigdemont, Comín, Puig y Rovira. Y avisa de que, por ello, "deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas".
Además, el Tribunal de Cuentas ha abierto la puerta a llevar la ley de amnistía a la justicia europea.
Rull presidirá el Parlament
Por otro lado,Josep Rull, de Junts, fue elegido este lunes como nuevo presidente del Parlament de Cataluña.
La victoria de Rull, con 59 votos, tuvo lugar un acuerdo entre los tres principales partidos soberanistas, Junts, ERC y CUP. La candidata socialista Sílvia Paneque fue la segunda más votada, con 42 votos.
Rull, consejero durante el 'procés', fue condenado a 10 años y medio de prisión por sedición, de los cuales estuvo tres en la cárcel. En 2021 fue indultado.
En el Supremo constan dos procedimientos penales sobre el 'procés': el que incluye a Puigdemont y a los exconsejeros catalanes que fueron procesados en rebeldía, y a Oriol Junqueras y al resto de líderes independentistas, condenados en 2019 por delitos de desobediencia y malversación; y, en segundo lugar, el de presunto terrorismo contra Puigdemont y Wagensberg en el 'caso Tsunami Democràtic'.