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El Constitucional anula una condena de uno de los mayores casos de corrupción de Europa: los ERE

Varios presidentes de la Junta de Andalucía.
Varios presidentes de la Junta de Andalucía. Derechos de autor Junta de Andalucía
Derechos de autor Junta de Andalucía
Por Christina ThykjaerEuronews
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Se espera que se aplique el mismo fallo a gran parte de los otros ex altos cargos condenados por malversar fondos de la Administración regional, entre ellos, los ex presidentes autonómicos José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

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El Tribunal Constitucional (TC) español anuló el martes la condena por malversación del ex director general de la Agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, ordenando su inmediata puesta en libertad y abriendo las puertas a más rebajas de penas de los otros altos cargos de la Junta de Andalucía que fueron condenados en uno de los mayores casos de corrupción en Europa.

La decisión, adoptada por la mayoría progresista del Tribunal Constitucional, llega después de que entrara en vigor una reforma del Código Penal, promovida por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, a principios de 2023.

Todos los ex consejeros condenados eran miembros del PSOE

El TC ha examinado el recurso de amparo de Miguel Ángel Serrano, uno de los condenados por prevaricación y malversación, al que se le impusieron seis años y medio de cárcel.

Se espera que el Constitucional aplique el mismo fallo a gran parte de los otros ex altos cargos condenados por malversar fondos de la Administración regional, entre ellos, los ex presidentes autonómicos José Antonio Griñán (2009-2013) y Manuel María Chaves (1990-2009), cuyos recursos de amparo se examinarán el próximo 16 de julio.

José Antonio Griñán.
José Antonio Griñán. Miguel Angel Morenatti/AP

La Junta de Andalucía estima que se han defraudado 679 millones de euros, de los que sólo se han recuperado 27 millones hasta la fecha, casi 15 años después de que se iniciara la investigación.

¿Un pacto que beneficia a todos?

La controvertida reforma fue pactada en 2022 con los independentistas catalanes, de los que el Gobierno de Sánchez depende para sobrevivir, e incluyó una rebaja de las penas por delito de malversación, así como la sustitución del delito de sedición por uno de "desórdenes públicos agravados".

En su momento, el Gobierno aseguró que el pacto con sus socios catalanes, algunos de los cuales ya han sido condenados por estos delitos, servía para cerrar la herida del procés.

La oposición, liderado por el Partido Popular, ha acusado a Sánchez de "obligar" al pleno del Tribunal Constitucional a "borrar la corrupción del PSOE".

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