La Audiencia de Sevilla consulta al TJUE sobre los efectos de las sentencias del Constitucional en el caso ERE y suspende su ejecución hasta recibir respuesta. La Justicia dice querer evitar posibles "riesgos de impunidad" en futuras causas similares y proteger los intereses financiación de la UE.
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La Audiencia Provincial de Sevilla ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con las sentencias del Tribunal Constitucional que anularon parcialmente las condenas a varios exaltos cargos de la Junta de Andalucía por el caso de los ERE.
Según el auto, al que ha tenido acceso 'Vozpópuli', los magistrados de la Sección Primera consideran necesario acudir al TJUE para evitar posibles "riesgos de impunidad" en futuras causas similares y proteger los intereses financieros de la Unión Europea. En consecuencia, han acordado suspender la tramitación relacionada con la ejecución de las sentencias del Constitucional mientras esperan la respuesta del tribunal europeo.
Las resoluciones cuestionadas afectaron a condenas por prevaricación y malversación impuestas por tribunales penales ordinarios a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros cargos, en relación con el reparto de ayudas a empresas en crisis entre los años 2000 y 2009. La Audiencia sevillana considera que la interpretación del Constitucional podría entrar en conflicto con el principio de primacía del Derecho de la Unión y afectar a su aplicación uniforme.
Los jueces apuntan que el alto tribunal ha introducido una interpretación restrictiva del derecho penal nacional en materia de corrupción, lo que, a su juicio, podría estar en desacuerdo con precedentes europeos como la sentencia del TJUE de diciembre de 2021 (Euro Box Promotion).
Además, expresan dudas sobre si el Tribunal Constitucional ha invadido funciones interpretativas propias del Tribunal Supremo, al modificar criterios sobre la configuración de ciertos delitos, lo que, según el auto, podría afectar al equilibrio institucional y a la función jurisdiccional ordinaria.
La decisión de elevar la cuestión al TJUE se tomó tras varias reuniones celebradas entre abril y mayo. El debate interno se produjo después de que el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, analizara con sus letrados si era posible impedir este tipo de iniciativas, aunque finalmente prevaleció la autonomía de los jueces para plantearlas