El expresidente de la Generalitat de Cataluña ha denunciado al juez Pablo Llarena ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por los retrasos en la tramitación de sus recursos sobre la Ley de Amnistía. A la denuncia se une el eurodiputado Toni Comín.
PUBLICIDADCarles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, y Toni Comín, eurodiputado de Junts, han denunciado al magistrado Pablo Llarena ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el "retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución" de los recursos sobre la aplicación de la Ley de Amnistía.
Según la prensa española, Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, ha alegado que el juez ha infringido la Ley Orgánica del Poder Judicial al exceder "con creces", dice, el plazo previsto para resolver los recursos. Boye asegura que se tendrían que haber resuelto en la primera quincena de julio.
¿Qué dice el escrito que ha presentado el abogado de Puigdemont?
"La inobservancia de los tiempos legalmente establecidos durante el ejercicio de las funciones o competencias judiciales tiene su respuesta disciplinaria en las faltas muy grave, grave y leve", dice el letrado en su escrito.
"Los denunciantes han presentado dos recordatorios de la pendencia de dichos recursos de reforma. No cabe duda alguna de que el magistrado ha tenido un conocimiento singularizado de las particulares circunstancias del asunto, habiéndosele dado cuenta específica de su retraso hasta dos veces, a pesar de lo cual ha continuado sin despacharlo", añade.
Llarena ha suspendido sus vacaciones
Todo esto lo argumenta en el escrito presentado dirigido al máximo órgano de Gobierno de los jueces. El abogado insiste en que no hay "razón justificada de ninguna clase para no resolver dentro del plazo legal", entre otros motivos porque el magistrado ha suspendido sus vacaciones "con el anhelo notorio de supervisar la captura" de Carles Puigdemont.
Según el letrado, el hecho de que el juez anule su periodo vacacional "pone de manifiesto lo malicioso de la dilación porque indica que no existe razón justificada de ninguna clase para no resolver dentro del plazo legal", concluye.
"El Excmo. Magistrado Instructor ha incumplido reiteradamente el plazo legal previsto expresamente en el artículo 222, tercer párrafo, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para la resolución de los recursos de reforma en la causa especial", reza también el escrito.
El juez Llarena mantiene las órdenes de detención contra Puigdemont y Comín después de que el Tribunal Supremorechazase amnistiar el delito de malversación del que se les acusa. Los magistrados entienden que utilizaron fondos públicos en beneficio propio para impulsar el referéndum de 2017.
El expresidente, que participó en un mitin en Barcelona una hora antes del pleno de investidura de Salvador Illa al frente de la Generalitat, volvió a huir de España el pasado 8 de agosto. Puigdemont reiteró en ese mitin que no renunciará a la autodeterminación de Cataluña e insistió en que "un referéndum ni es ni será nunca un delito".