El líder de Junts ha hecho balance del primer año como socio del Gobierno socialista y asegura que "no se ha cumplido" el acuerdo de investidura.
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El líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha pedido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una "cuestión de confianza" en el Congreso de los Diputados, asegurando que "no es de fiar". Su partido ya ha registrado en la Cámara Baja una petición para que se discuta si el líder socialista debe seguir o no al frente del Ejecutivo español.
Puigdemont, que volvió a Bruselas tras una visita "exprés" que causó un terrremoto político en España en agosto, dijo durante una comparecencia en Bruselas que el Ejecutivo central "no ha hecho lo suficiente para merecer nuestra confianza, a pesar de que hemos sido pacientes y generosos", al hacer un balance sobre el cumplimiento del acuerdo de investidura de Sánchez un año después.
Pero solo el propio presidente del Gobierno puede presentar una cuestión de confianza, de acuerdo con el artículo 112 de la Constitución, por lo que el líder de Junts ha instado a Sánchez a "comprobar" si sigue teniendo una mayoría parlamentaria. "Ha llegado el momento de un punto de inflexión para no hacer perder el tiempo ni la paciencia a nadie", afirmó Puigdemont.
"Una falta de voluntad política"
El partido político catalán ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que expone los motivos de la misma, señalando que un año después de la firma del pacto de investidura, Junts ha constatado "la falta de voluntad política por parte de éste (Sánchez) de hacer efectivos, de forma completa y ágil, los acuerdos adquiridos".
El líder socialista firmó en noviembre de 2023 un pacto con los independentistas que permitió su investidura como presidente del Gobierno, pero el acuerdo fue duramente criticado por la oposición por incluir la Ley de Amnistía, que anuló la "responsabilidad penal, administrativa y contable" de las personas involucradas en el proceso independentista en Cataluña entre 2012 y 2023.
No obstante, en septiembre de este año, el Tribunal Supremo confirmó que no aplicaría la amnistía por el delito de malversación de caudales público, a pesar de las protestas de los independentistas catalanes.