La retirada de una exención fiscal para propiedades agrícolas valoradas en más de un millón de libras (1.197 millones de euros) ha provocado concentraciones en la capital británica.
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Miles de agricultores británicos se han concentrado frente al Parlamento para protestar contra la decisión del Gobierno de reinstaurar el impuesto de sucesiones en grandes latifundios. La decisión del Ejecutivo de Keir Starmer pondría fin a una exención fiscal que data de los años 90 y que exime a determinadas propiedades agrícolas del gravamen.
Esto significa que, a partir de abril de 2026, las explotaciones con un valor superior a un millón de libras (1.197 millones de euros) deberán hacer frente a un impuesto del 20% cuando fallezca su propietario y pasen a la siguiente generación.
Algunos agricultores afirman que esta subida supondrá un "mazazo" para las explotaciones familiares. "Están locos", ha declarado Olly Harrison, coorganizador de una protesta que rodeó el despacho del primer ministro en Downing Street, afirmando que muchos "quieren salir a bloquear carreteras e ir a la francesa".
El Gobierno de Starmer afirma que la "inmensa mayoría" de las explotaciones agrarias -alrededor del 75%- no tendrán que pagar el impuesto de sucesiones. El gravamen reinstaurado, del 20%, supone la mitad del mismo impuesto (40%) que se paga por otras tierras y propiedades en el Reino Unido.
Hasta 1.800 granjeros fueron invitados al Parlamento para realizar un "lobby masivo", organizado por la Unión Nacional de Granjeros. "El impacto de esta política es sencillamente inaceptable, es un error", declaró Tom Bradshaw, presidente de la organización. "Están acabando con la seguridad alimentaria británica". En la concentración intervinieron oradores como el mediático presentador de televisión Jeremy Clarkson.
La última década ha sido convulsa para los agricultores británicos. Muchos apoyaron el Brexit al considerar que la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea les perjudicaba. Desde entonces, el Reino Unido ha introducido cambios como un sistema de compensaciones por restaurar la naturaleza y promover la biodiversidad.
Muchos consideran que los anteriores gobiernos conservadores les han defraudado, con retrasos causados por la burocracia, la falta de subvenciones o los nuevos acuerdos de libre comercio con Australia y Nueva Zelanda. Pero los manifestantes creen que el cambio fiscal del Gobierno laborista, que pretende aumentar la recaudación para mejorar los servicios públicos, es la gota que colma el vaso.
"En cuatro de los últimos cinco años hemos perdido dinero", afirma Harrison, agricultor de quinta generación que cultiva cereales cerca de Liverpool, en el noroeste de Inglaterra. "Lo único que me ha hecho seguir adelante son mis hijos. Y quizá un poco de aprecio por la tierra que te permite seguir pidiendo prestado. Pero ahora eso ha desaparecido de la noche a la mañana".
Camilla Marshall, portavoz de Starmer, declaró que la decisión fiscal había sido "difícil", pero que no se va a reconsiderar. Los partidarios del impuesto afirman que servirá para recuperar el dinero de las personas adineradas que han comprado tierras agrícolas como inversión, haciendo subir su coste.