El Parlamento húngaro vota la decimoquinta enmienda a la granítica Ley Fundamental, que crea la posibilidad de suspender la ciudadanía húngara a los ciudadanos con doble nacionalidad y fija en piedra el hecho de que una persona sea hombre o mujer.
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La ley de más alto nivel del Estado húngaro fue redactada y aprobada por Fidesz en abril de 2011, que acababa de llegar al poder con mayoría constitucional. El principal motivo de la completa reescritura del hasta entonces estable sistema constitucional húngaro fue que, tras el cambio de régimen en 1989, no se aprobó una nueva Constitución, sino que se modificó la Constitución socialista para reflejar el nuevo sistema de Estado democrático.
La Ley Fundamental de 2011 y las leyes cardinales conexas reescribieron toda la organización del Estado y el sistema electoral en consonancia con los objetivos del Fidesz. Cuando la ley entró en vigor, Orbán dijo que crearía una base "sólida como el granito" para seguir avanzando.
Fidesz ha estado en el Gobierno ininterrumpidamente desde entonces, pero incluso esta Ley Fundamental ha resultado ser a veces demasiado restrictiva: tanto ella como otras leyes clave han tenido que ser modificadas varias veces para alcanzar objetivos políticos cotidianos, como permitir que un candidato progubernamental ocupe el cargo que se le ha asignado al frente de una organización estatal, (por ejemplo, para nombrar presidente de la Curia, el Tribunal Supremo húngaro, a un jurista sin experiencia judicial ordinaria alguna).
Como resultado, la Ley Fundamental tuvo que ser modificada 14 veces en 14 años, aunque durante la mayor parte de esos 14 años se dispuso de la mayoría constitucional necesaria. Es probable que hoy no sea diferente.
El programa de febrero
El programa para la reforma constitucional se expuso a grandes rasgos en el discurso de evaluación anual del primer ministro en febrero, en el que Orbán esbozó las cuestiones sobre las que el partido gobernante intentará construir el último año completo de su cuarto mandato. Se puso de manifiesto que el primer ministro pretende crear mayores oportunidades legales que antes para enfrentarse a la oposición y a las ONG y medios de comunicación que critican su Gobierno.
"Necesitamos urgentemente crear las condiciones constitucionales y legales para garantizar que no nos quedemos de brazos cruzados mientras pseudoorganizaciones de la sociedad civil sirven a intereses extranjeros y organizan acciones políticas ante nuestros ojos", declaró Orbán. Tiene previsto endurecer aún más los derechos del colectivo LGTBIQ+, citar los derechos de los niños, prohibir el Orgullo y atajar el problema de las drogas de diseño en la Hungría rural, tras décadas de total abandono.
Suspender la ciudadanía húngara
El primer punto de la enmienda permite suspender temporalmente la ciudadanía húngara de los ciudadanos con doble nacionalidad. A la luz de las declaraciones de los diputados del partido gobernante y de Viktor Orbán, es difícil interpretar esta posibilidad como otra cosa que una oportunidad constitucional antes impensable para que el partido gobernante tome medidas contra políticos, empresarios, ONG o periodistas de la oposición.
La esencia del cambio es que un ministro designado puede suspender la ciudadanía húngara si la persona en cuestión tiene otra nacionalidad. La condición legal es que la ciudadanía húngara de la persona "suponga una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional de Hungría", por ejemplo porque esté sirviendo en el ejército o la Administración pública de otro país, se haya unido a una organización terrorista o haya cometido delitos graves como genocidio, financiación del terrorismo o traición.
Sin embargo, hay una cláusula que establece que también se puede imponer la suspensión a quien "actúe en interés de una potencia extranjera o de una organización extranjera, o persiga los objetivos de una potencia extranjera o de una organización extranjera, de manera incompatible con la ciudadanía húngara". Esta acusación es utilizada habitualmente por el Gobierno húngaro contra todos los productos de prensa y ONG que le critican, por ejemplo por conseguir financiación para diversos proyectos en concursos públicos convocados en la Comisión Europea.
Además, el ministro ni siquiera tiene que probar esta acusación, ya que en la revisión judicial, que lleva a cabo la Curia, sólo puede probarse que la persona en cuestión no tiene otra nacionalidad que la húngara, es decir, la Curia no puede examinar si representa una amenaza real para Hungría.
Anteriormente, se habló de despojar a estas personas de su ciudadanía húngara, pero posteriormente se abandonó, presumiblemente porque sería indefendible desde el punto de vista del derecho internacional, y la enmienda prevé ahora la suspensión de la ciudadanía húngara. Un grupo de juristas internacionales húngaros, entre ellos la hija y el yerno del presidente Tamás Sulyok, han emitido una declaración conjunta contra la enmienda.
"En nuestra opinión, la suspensión de la ciudadanía es una construcción sin precedentes en el derecho internacional, de la que se puede abusar fácilmente", dice la declaración, "expulsar a los propios ciudadanos de un Estado de su país puede constituir una forma de exilio y de trato inhumano, y puede ser contraria a las convenciones de derechos humanos que vinculan al Estado en cuestión. Asimismo, recordamos que el contenido esencial de otros derechos humanos, como la libertad de reunión o la libertad de expresión, que no pueden restringirse por ley, no debe ser inferior al nivel mínimo de protección exigido por el derecho internacional".
El hombre o es hombre o es mujer
Durante años, el partido gobernante húngaro ha luchado con mayor o menor intensidad contra la ideología 'woke' y el concepto de género, que no ha ganado mucho terreno en Hungría. Esto se ha traducido, por una parte, en el rechazo de las medidas en favor de la igualdad de la mujer (no ratificación del Tratado de Estambul) y, por otra, en restricciones administrativas a los derechos de gays, lesbianas y transexuales.
Las parejas homosexuales nunca han tenido la posibilidad de casarse en Hungría, pero existía un resquicio legal para la adopción, por ejemplo, que fue cerrado por el régimen de Orbán. Uno de esos cambios por motivos ideológicos fue la obligación de que los transexuales indicaran su sexo biológico original en sus documentos de identidad.
Y la Constitución ya ha sido modificada una vez por la mayoría del Fidesz para establecer que "el padre es varón, la madre es mujer". El mayor impacto de estos cambios, sin embargo, ha sido la continua etiquetación de la comunidad LGTBIQ+ como grupo con aspiraciones perjudiciales para la sociedad.
En su discurso de febrero, Viktor Orbán dijo que quieren afianzar aún más legalmente el sexo biológico en la Ley Fundamental, por lo que escribirán "el hombre es hombre o mujer".
"El sexo de nacimiento de un ser humano es una dotación biológica, que, de acuerdo con el orden de la creación, puede ser masculino o femenino", justifica la enmienda la propuesta. "Es deber del Estado garantizar la protección jurídica de este orden natural e impedir que se intente sugerir que es posible cambiar el sexo de nacimiento. La fijeza del sexo biológico garantiza el desarrollo sano de la sociedad y el mantenimiento de las normas comunitarias básicas."
La enmienda constitucional es sólo una parte de la campaña de primavera del régimen de Orbán contra la comunidad LGTBIQ+, cuyo principal objetivo es prohibir el Orgullo y, junto con él, restringir los derechos de reunión, aunque las leyes a tal efecto ya han sido aprobadas por el Parlamento. La marcha del Orgullo Gay se prohibió alegando que tenía un efecto perjudicial para el desarrollo de los niños, lo que se opone a la libertad de reunión como derecho constitucional.
Sin embargo, también se incluirá en la Constitución un pasaje en este sentido: el derecho del niño a un desarrollo sano "prevalece sobre todos los demás derechos fundamentales". Hungría protege el derecho de los niños a la identidad propia según su sexo al nacer y garantiza la educación según valores basados en la identidad constitucional y la cultura cristiana de nuestro país".
La mayoría gobernante votará sobre la suspensión de la inmunidad de los diputados de la oposición que protestaron con velas de humo contra la prohibición del Orgullo, después de que el portavoz László Kövér presentara una querella criminal contra ellos.
Prohibición de las drogas
La enmienda propuesta incluye en la Ley Fundamental que "la producción, uso, distribución y promoción de drogas está prohibida en Hungría". El régimen de Orbán siempre ha considerado las drogas como una cuestión de orden público, y por ello la última estrategia antidroga del país expiró en 2020, y no se creó ninguna nueva para sustituirla, aunque informes de prensa independientes han demostrado que especialmente en las zonas rurales, la base tradicional de votantes del Fidesz, las drogas no convencionales, llamadas de diseño, están muy extendidas y causan graves tensiones.
Para hacer frente a esta situación, tras el discurso de Orbán en febrero, se nombró un comisionado gubernamental para las drogas y se aprobó un paquete legislativo que modifica varias leyes, principalmente para frenar el problema con penas más duras.
La modificación de la Ley Fundamental refuerza en parte lo que ya estaba escrito en el Código Penal, con la única excepción de la "promoción", que actualmente no está tipificada como delito, pero se ha declarado ilegal en virtud del derecho constitucional. Esto plantea una serie de cuestiones, por ejemplo, sobre la accesibilidad de ciertas obras literarias o cinematográficas, cuyo único impacto concreto hasta ahora ha sido la negativa de las autoridades húngaras a permitir una manifestación que pedía la legalización de la marihuana.
Uso de dinero en efectivo
En virtud de la enmienda, la frase "toda persona tiene derecho a poseer y heredar bienes" se sustituye por "y a pagar con dinero en efectivo". El uso de dinero en efectivo ha sido anteriormente objeto del partido de extrema derecha Mi Hazánk, que argumentó que el uso de dinero en efectivo es una herramienta para "la vigilancia digital total y la retirada del Estado con sólo pulsar un botón" y que el derecho de las personas a pagar con dinero en efectivo si lo desean debería estar protegido en la Constitución.
Anteriormente, los responsables de política económica del Fidesz se escandalizaron por la cantidad de efectivo en circulación entre la población húngara y pidieron su reducción. Los expertos afirman que el coste del efectivo es significativamente mayor que el de los billetes y monedas y da más margen a la economía sumergida y gris. Uno de los logros siempre reconocidos de los gobiernos del Fidesz desde 2010 ha sido reducir significativamente la evasión fiscal en la economía privada mediante la expansión de los pagos electrónicos y la vinculación de las cajas registradoras con las autoridades fiscales.
Los efectos prácticos de la enmienda siguen siendo objeto de especulación por parte de los expertos, ya que existen innumerables ejemplos de situaciones en las que el pago en efectivo ya no es una opción, por ejemplo, en el caso de las tiendas online o en determinados festivales. Pero también es posible que la enmienda no traiga ningún cambio práctico, sino que sea sólo un gesto de tranquilidad para la base de votantes Mi Patriots, que teme una dependencia excesiva del control estatal y podría ser la base de poder político de Fidesz en las elecciones de 2026.