La defensa de Begoña Gómez pide a la Audiencia Provincial de Madrid revocar su citación como investigada y la orden de acceder a sus correos desde 2018 en la investigación abierta por el juez Peinado.
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Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado recursos ante la Audiencia Provincial de Madrid contra dos decisiones del juez Juan Carlos Peinado: su citación como investigada por malversación en relación con el nombramiento de su asesora en la Moncloa y la orden de revisar sus correos electrónicos desde 2018.
El abogado de Gómez, Antonio Camacho, presentó sendos recursos de apelación en los que solicita anular ambas resoluciones. Aunque reconoce que el recurso contra la citación no suspenderá su declaración prevista para este miércoles, sostiene que no existen indicios de malversación y critica la interpretación del Código Penal realizada por el magistrado.
La defensa argumenta que la asesora Cristina Álvarez, también investigada, tenía funciones como coordinar la agenda y gestionar las citas de Gómez. En relación con un correo en el que se transmitía un mensaje sobre la continuidad de un patrocinio a una cátedra universitaria, lo enmarca como un "favor" sin relevancia penal. El recurso añade que conductas como enviar mensajes personales en horario laboral son prácticas habituales en el ámbito profesional y no pueden considerarse malversación.
La defensa de Gómez niega irregularidades
Además, el abogado rechaza que haya pruebas de otros delitos que se atribuyen a Gómez: corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y tráfico de influencias. Niega irregularidades en la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense y cualquier intervención en contratos públicos vinculados al empresario Juan Carlos Barrabés.
Camacho también cuestiona la solicitud del juez de acceder a los correos de Gómez, al considerar que se hizo mediante una providencia y no un auto motivado, lo que, según señala, carece de la fundamentación necesaria. Añade que, por la proyección pública de Gómez, la medida debía haberse adoptado con garantías adicionales para proteger su derecho a la intimidad.