Como de costumbre, la política es un campo de batalla en Turquía, pero esta vez lo que está en juego es lo más importante. El principal candidato de la oposición a la presidencia, Ekrem İmamoglu, se encuentra encerrado en la prisión de Silivri, en Estambul, y se enfrenta a una letanía de causas.
El principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), que comparte el mismo fundador que la República de Turquía, nunca ha logrado derrotar al presidente Recep Tayyip Erdogan en unas elecciones desde que llegó al poder como líder de su entonces recién fundado Partido de la Justicia y el Desarrollo (Partido AK).
Prohibido de hacer política en aquel momento debido a una condena en 1998 por recitar un poema considerado incitador al odio religioso y contrario a la naturaleza laica del Estado, no pudo asumir inmediatamente el cargo de primer ministro a pesar de que su partido obtuvo una aplastante victoria en las elecciones generales del 3 de noviembre de 2002.
El exfutbolista semiprofesional, que creció personal y políticamente en el corazón del movimiento conservador indiscutiblemente más influyente de Turquía, la visión nacional del ex primer ministro Necmettin Erbakan, cumplió cuatro meses de prisión por recitar los versos del famoso poeta turco Ziya Gökalp que rezan así: "Las mezquitas son nuestros cuarteles, los minaretes nuestras bayonetas, las cúpulas nuestros cascos y los creyentes nuestros soldados".
Sin embargo, aquella Turquía ya no existe tras 23 años de Gobierno de Erdogan. La llamada 'Nueva Turquía', en la que la violación del laicismo prácticamente ya no es delito, recibe ahora críticas por castigar a la oposición efectiva.
Guerra de leyes
Al igual que su predecesor como alcalde de Estambul, el candidato presidencial del CHP, Ekrem Imamoglu, se encuentra ahora en prisión, mientras continúan los casos contra él, altamente publicitados y polarizantes.
Dicho esto, Imamoglu se enfrenta a un Goliat más grande en comparación con su entonces homólogo. Cuando Erdogan fue condenado a prisión en 1999, no fue detenido ni arrestado de forma hostil. Una vez confirmada su condena, se entregó voluntariamente a la prisión de Pınarhisar, situada en la vecina provincia de Kırklareli, el 26 de marzo de 1999.
Sin embargo, exactamente 26 años después, Turquía sería testigo de un enfoque totalmente diferente de la aplicación de la ley. El 19 de marzo de 2025, la Policía rodeó su residencia en Estambul en una redada al amanecer, una táctica normalmente reservada a delincuentes peligrosos y de alto riesgo o a militantes armados. Y su encarcelamiento ya ha superado en más de dos veces el de Erdogan.
El 9 de marzo de 2026, cuando se celebre la primera vista del caso de corrupción y organización criminal con ánimo de lucro del Ayuntamiento Metropolitano de Estambul (IBB), la principal acusación contra el alcalde, que se enfrenta a 2.430 años de prisión sólo en ese caso, Imamoglu habrá estado encerrado durante un año menos 10 días sin haber sido nunca condenado por ningún delito.
Además, el plazo objetivo judicial oficial del 40º Tribunal Penal Superior de Estambul para finalizar el caso de "al menos 12,5 años" se considera muy revelador sobre la naturaleza del caso visto por su partido como "guerra de leyes" y "armamentismo del poder judicial".
Caso "absurdo"
El primer caso, y posiblemente el más importante desde el punto de vista político, comenzó tras las elecciones a la alcaldía de Estambul de 2019, que ganó Imamoglu tras más de dos décadas de Gobierno conservador. Los resultados fueron anulados por el Consejo Supremo Electoral (YSK), lo que provocó la indignación de los partidarios de la oposición.
Imamoglu criticó públicamente la decisión de anular las elecciones, afirmando que quienes tomaron la decisión eran "gente tonta". Siempre ha sostenido que su comentario iba dirigido al entonces ministro del Interior, Süleyman Soylu, que ya había utilizado la misma palabra para referirse a él, y no a los propios miembros del YSK. Imamoglu fue acusado formalmente del cargo de "insultar públicamente a funcionarios del Estado que trabajan en juntas en relación con sus funciones".
El 14 de diciembre de 2022, el 7º Tribunal de Primera Instancia de Anatolia de Estambul condenó a Imamoglu a 2 años, 7 meses y 15 días de prisión. El tribunal también impuso una prohibición política en virtud del artículo 53 del Código Penal turco. Este veredicto, de confirmarse, le inhabilitaría para ocupar cargos electos y, potencialmente, para presentarse a las elecciones presidenciales. De momento, la condena no es firme y sigue siendo objeto de recurso.
El caso Beylikdüzü de fraude electoral
Tras su elección, se iniciaron numerosas investigaciones administrativas y penales sobre el mandato de Imamoglu como alcalde del distrito occidental de Beylikdüzü de Estambul entre 2014 y 2019. La mayoría fueron sobreseídas, pero el caso relativo a una licitación pública de 2015 siguió adelante. En 2020, comenzó el escrutinio de una licitación pública realizada cinco años antes.
El rábano más grande
Una de las primeras señales de lo que estaba por venir fue la detención del alcalde del lujoso distrito de Besiktas de Estambul, Riza Akpolat. Los pesos pesados del CHP se apresuraron a condenar la detención, incluido el líder del partido Özgür Özel y el alcalde de Estambul Imamoglu, a quienes el presidente Erdogan respondió con un modismo turco: "el rábano más grande todavía está en la alforja".
Era su forma de insinuar la inminente perdición que se avecinaba para el CHP. Poco más de dos meses después, Imamoglu fue detenido y posteriormente enviado a la prisión de Silivri, tristemente célebre por los largos y muy politizados juicios de Ergenekon y Balyoz, que el Gobierno turco y una abrumadora mayoría de la sociedad turca consideran una farsa de guerra legal por parte de los gülenistas, un grupo de antiguos aliados de Erdogan convertidos en enemigos tras el choque de intereses de ambas partes. La prisión ha sido rebautizada posteriormente como 'prisión de Mármara' en un esfuerzo del Gobierno por limpiar la imagen del distrito homónimo de Estambul.
La saga se recrudece
El acontecimiento jurídico reciente más dramático se produjo a finales de 2024 y principios de 2025, lo que elevó significativamente las apuestas. El 8 de octubre de 2024, Akın Gürlek, anteriormente viceministro de Justicia y figura implicada en el Caso Tontos, fue nombrado fiscal jefe de Estambul, y la investigación exhaustiva sobre Imamoglu se aceleró. En noviembre de 2024, se presentó una acusación que incluía 142 cargos contra Imamoglu y cientos de personas más.
Anulación del título universitario 35 años después
El 18 de marzo de 2025, la Universidad de Estambul, alegando supuestas irregularidades en su traslado desde una universidad del norte de Chipre antes de graduarse, invalidó el título universitario de Imamoglu. Esta medida se consideró en general un intento de bloquear cualquier futura candidatura presidencial, ya que el título es un requisito constitucional para el cargo.
Detención y encarcelamiento
El 19 de marzo de 2025, la policía allanó el domicilio de Imamoglu por orden del fiscal Gürlek. Cuatro días después, fue detenido y posteriormente enviado a la prisión de Silivri, donde actualmente permanece encerrado. La detención coincidió con las primarias de su partido. Siguieron protestas públicas generalizadas y la condena internacional, así como las continuas protestas del CHP.
Caso de la organización delictiva con ánimo de lucro Imamoglu
El exhaustivo caso de la Organización criminal con ánimo de lucro se encuentra actualmente ante el 40º Tribunal Penal Superior de Estambul. Un gran número de sospechosos están siendo juzgados junto con el alcalde encarcelado, cuyo abogado principal, Mehmet Pehlivan, también está encerrado por ser miembro de la presunta organización.
El escrito de acusación presentado ante el tribunal, que también fue examinado por 'Euronews', tiene más de 4.000 páginas sumadas a sus anexos. El documento afirma que Imamoglu comenzó a formar una organización criminal ya en 2014 durante su tiempo en Beylikdüzü, supuestamente para "hacerse con el control del CHP" y "crear un fondo para su candidatura presidencial".
Los cargos van desde corrupción y soborno hasta blanqueo de capitales, espionaje y apoyo al terrorismo. Los fiscales solicitan una pena combinada de hasta 2.430 años de prisión.