El Gobierno danés anunció nuevas medidas migratorias que permitirán la expulsión de ciudadanos no daneses condenados a al menos un año de prisión por delitos graves, en el marco de su política de endurecimiento del control migratorio y de seguridad.
Dinamarca expulsará a los ciudadanos no daneses que hayan cumplido penas de prisión de un año o más por delitos graves, como parte de un nuevo paquete de medidas para endurecer su política migratoria, anunció el Gobierno el viernes.
"Los delincuentes extranjeros condenados a al menos un año de prisión por delitos graves, como agresión con agravantes y violación, deben ser expulsados", dijo el Ministerio de Inmigración en un comunicado.
Según la normativa vigente, las expulsiones no son automáticas, ya que Dinamarca cumple los convenios internacionales que protegen el derecho a la vida privada y familiar y prohíben el trato inhumano.
El país escandinavo, junto con el Reino Unido, ha pedido recientemente a Europa que reforme el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que salvaguarda las libertades fundamentales.
"Es justo y necesario que los países europeos se sienten en torno a una mesa y digan que preferimos proteger a nuestros países antes que proteger a los delincuentes", declaró a los periodistas la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.
"Cuando se redactaron las normas internacionales, no creo que nadie imaginara que alguien huiría de Oriente Medio para venir al mejor país del mundo y empezar a violar a niñas y mujeres". "En aquel momento, no se imaginaba en absoluto que la víctima se convertiría en agresor. Y puedo asegurarles que, por desgracia, muchos de ellos lo han hecho", añadió.
Una política de "cero refugiados"
En mayo del año pasado, Frederiksen y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, junto con otros nueve líderes europeos, firmaron una carta abierta en la que pedían una reinterpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Según las estadísticas del Ministerio de Inmigración, alrededor del 70% de los extranjeros condenados a penas de prisión de un año o más por delitos graves han sido expulsados.
Además, el Gobierno, que insistió en que "los refugiados deben estar en Dinamarca de forma temporal", planea aumentar los incentivos al retorno voluntario y endurecer las normas para los extranjeros en los centros de salida.
El Gobierno de Frederiksen ha aplicado una política de "cero refugiados" desde que llegó al poder en 2019. El año pasado marcó un mínimo histórico de admisiones de asilo para el país escandinavo. Según el Gobierno, a finales de noviembre se habían concedido 839 solicitudes.
Fue solo la cuarta vez que se aceptaron menos de 1.000 solicitudes desde 1983. El anuncio danés se produce mientras la UE da a conocer una nueva estrategia quinquenal sobre migración. El bloque quiere reforzar las asociaciones con terceros países para garantizar el retorno de los nacionales y reducir la inmigración irregular a Europa.