Dinamarca ha replanteado el debate sobre la inmigración adoptando normas muy restrictivas presentadas bajo el prisma de la política progresista.
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En materia de inmigración, Dinamarca apenas puede ocultar su sentimiento de reivindicación: "Lo que ha sido la corriente dominante entre nuestra población durante muchos años es ahora la corriente dominante también para muchos de nosotros, los políticos", dijo la primera ministra danesa, Mette Frederiksen a principios de este mes, hablando en el Parlamento Europeo en Estrasburgo.
"Por fin". El ministro de Inmigración danés, Kaare Dybvad, se siente igualmente triunfante. "Recuerdo que cuando empecé en este puesto hace tres años, el ministro austriaco era el único que apoyaba estas nociones", dijo Dybvad a 'Euronews' en una entrevista. "Ahora parece que hay muchos más países que se han unido en torno a la idea de que debemos conseguir un control democrático de los flujos migratorios".
Durante años, Dinamarca fue considerada la oveja negra de la política migratoria de la Unión Europea. Tras la crisis migratoria de 2015-2016, el país comenzó a adoptar normas cada vez más restrictivas para disuadir las llegadas y dificultar el acceso a las garantías legales, una decisión impulsada por su cláusula de exclusión voluntaria del marco de asilo de la UE.
Un cambio de paradigma: limitar la duración del asilo
En 2019, Dinamarca aprobó una ley de "cambio de paradigma" que convirtió la protección temporal de los refugiados en la nueva norma. La atención se centró en la autosuficiencia para estimular la integración en el mercado laboral y reducir la dependencia de la asistencia social. La residencia permanente sigue estando disponible, pero sujeta a criterios estrictos sobre empleo a tiempo completo y duradero.
Al limitar la duración del asilo, las autoridades danesas facilitaron la comprobación de si los motivos de protección seguían siendo aplicables y, en caso contrario, si era factible la deportación.
Dinamarca se convirtió en la primera nación europea en declarar "seguras" partes de Siria, alegando que la situación sobre el terreno había "mejorado significativamente". En aquel momento, la designación, que supuso la revocación de los permisos de residencia de cientos de refugiados sirios, resultó extremadamente controvertida y ocupó titulares internacionales.
Estrategia de externalización hacia una dimensión europea
En 2021 se produjo un revuelo similar cuando Dinamarca firmó un memorando de entendimiento con Ruanda. En virtud del acuerdo, Dinamarca trasladaría a los solicitantes de asilo a un centro de acogida en el país africano para esperar el examen de sus solicitudes.
Era la primera vez que un Estado miembro de la UE aplicaba abiertamente una estrategia de externalización. La Comisión Europea, que había criticado duramente un plan similar entre el Reino Unido y Ruanda, se reservó su derecho a emprender acciones legales.
"La tramitación externa de las solicitudes de asilo plantea cuestiones fundamentales tanto sobre el acceso a los procedimientos de asilo como sobre el acceso efectivo a la protección de acuerdo con los requisitos del derecho internacional", declaró un portavoz de la Comisión en 2022.
Un año después, Dinamarca abandonó el plan, pero mantuvo el principio. En lugar de buscar la externalización a nivel nacional, el país apuntaría más alto: la dimensión europea.
De oveja negra a pastor
La apuesta danesa en el ámbito europeo no tuvo eco inmediato. El bloque negociaba entonces el Nuevo Pacto de Migración y Asilo, una amplia reforma destinada a establecer normas comunes y previsibles para la acogida y distribución de los solicitantes de asilo. Las conversaciones fueron amargas e intensas, y dejaron al descubierto las viejas divisiones entre el Sur y el Norte. A veces, el Pacto parecía condenado al fracaso.
Al final, los Estados miembros reconocieron el valor de contar con una legislación colectiva para hacer frente a un reto transfronterizo como la migración irregular. Las cinco leyes interrelacionadas del Pacto se adoptaron el 14 de mayo de 2024, con el único voto en contra de Polonia y Hungría.
El momento fue aclamado como un avance histórico. Pero para Copenhague no fue suficiente. Dos días después de la votación, Dinamarca publicó una carta firmada conjuntamente por Austria, Bulgaria, Chipre, la República Checa, Estonia, Finlandia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, los Países Bajos, Polonia y Rumanía.
El grupo de los 15 aboga por externalizar los procedimientos de asilo
En el documento, el grupo de los 15 aboga sin ambages por la externalización de los procedimientos de asilo, incluida la creación de un "mecanismo central de retorno" al que "se podría trasladar a los retornados mientras esperan su expulsión definitiva".
La carta hacía especial mención a la iniciativa italiana de construir centros en Albania para tramitar las solicitudes de asilo de los migrantes rescatados en alta mar. Era una demostración de fuerza y una declaración de intenciones que Bruselas ya no podía ignorar. La conversación pasó rápidamente del Pacto a las llamadas "soluciones innovadoras".
En octubre, el cabildeo dio sus mayores frutos cuando Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, respaldó la idea de construir centros de deportación en suelo extranjero, una clara ruptura con el pensamiento tradicional del Ejecutivo.
Poco después de su reelección, la Comisión presentó un proyecto de reglamento que permitiría a los Estados miembros llegar a acuerdos con naciones de fuera del bloque para trasladar a solicitantes de asilo rechazados a cambio de incentivos económicos.
Casualmente, la ley está lista para negociarse justo cuando Dinamarca asume la presidencia semestral del Consejo de la UE. El país ha subrayado su intención de alcanzar un acuerdo político sobre el expediente antes de fin de año.
Otra prioridad clave es la revisión del concepto de "tercer país seguro", que facilitaría la reubicación de los solicitantes de asilo más allá de las fronteras europeas. "Queremos hacer avanzar la agenda migratoria", declaró a principios de mes Lars Løkke Rasmussen, ministro de Asuntos Exteriores danés, en una reunión informativa con periodistas en Aarhus. "Es bien sabido que tenemos una política bastante dura contra la inmigración ilegal, y hemos demostrado tener bastante éxito", añadió.
Hacer cumplir la ley
Así las cosas, Copenhague tiene posibilidades más que firmes de éxito: el grupo de 15 países que respaldó la carta de 2024 ha crecido con el tiempo y hoy representa una mayoría decisiva. Alemania se unió poco después de que su nuevo canciller federal, Friedrich Merz, asumiera el cargo. Merz ha elogiado la política migratoria danesa como "verdaderamente ejemplar".
La velocidad a la que avanzan las cosas ha alarmado a las organizaciones humanitarias, que advierten de que la externalización malgastará el dinero de los contribuyentes y alimentará el sufrimiento humano.
¿El modelo a seguir?
"El modelo danés de control de la inmigración se anuncia como el modelo a seguir y digno de imitación, porque su objetivo es disuadir a los solicitantes de asilo de venir", declaró Céline Mias, directora para la UE del Consejo Danés para los Refugiados (DRC).
"La tendencia actual de las naciones europeas a centrarse en mecanismos de disuasión y externalizar los procesos de asilo no sólo es éticamente cuestionable, ya que a menudo viola el principio de no devolución, sino que también es manifiestamente ineficaz a largo plazo."
En cualquier caso, la externalización sigue siendo un concepto en gran medida abstracto. Ni Dinamarca, ni sus aliados, ni la Comisión Europea han ofrecido todavía detalles sobre cómo serían en la práctica estas instalaciones externas. No ha habido ninguna estimación financiera, ningún proyecto logístico y, sobre todo, ningún destino sugerido.
El protocolo italo-albanés, que Von der Leyen saludó como un modelo pionero del que el bloque podría extraer lecciones, se ha quedado muy por debajo de la cifra de cinco dígitos de solicitantes de asilo anunciada inicialmente. Con un coste de 74,2 millones de euros, los centros acogen actualmente a unos cientos de inmigrantes sobre los que pesa una orden de expulsión.
Los funcionarios daneses admiten que aún no han realizado una evaluación para concretar el proyecto de los centros de retorno, pero insisten en que cualquier acuerdo con un país no comunitario debe concebirse como una asociación mutuamente beneficiosa y cumplir la legislación internacional y los derechos fundamentales, una exigencia que podría complicar el proceso de selección.
Dada la naturaleza divisiva de la externalización, se espera que el plan sea llevado a cabo por una coalición de voluntarios con el apoyo político y potencialmente financiero de Bruselas.
Un giro progresista
El enfoque danés de la inmigración tiene un giro ideológico. En lugar de estar encabezada por un gobierno de derechas, como suele ocurrir en Europa, la estricta política está promovida con entusiasmo por los socialdemócratas.
El partido defiende muchas de las ideas comunes en la izquierda europea, como la acción por el clima, la igualdad de género, los derechos LGBTQ y un Estado del bienestar fuerte. Pero en materia de inmigración, ha optado por desviarse bruscamente de la agenda progresista y adoptar una línea dura que levanta cejas entre los socialistas y provoca vítores entre los conservadores.
La fusión que rompe tabúes ha jugado a favor de Frederiksen. La primera ministra está entre los tres socialistas que han logrado sobrevivir al reciente giro a la derecha y conservar su escaño en el Consejo Europeo. Los otros dos son el maltés Robert Abela, partidario de la externalización, y el español Pedro Sánchez, contrario.
"Tenemos que abordar el fenómeno migratorio pensando en las generaciones futuras y no en las futuras elecciones", dijo Sánchez el año pasado, argumentando que era necesario un enfoque acogedor para abordar la crisis demográfica de Europa y garantizar la prosperidad económica.
Pero Frederiksen y sus ministros están convencidos de que su método es la única opción viable para que los políticos de centro-izquierda permanezcan en el poder y se defiendan del avance de las fuerzas de extrema derecha, que suponen una amenaza directa para sus convicciones progresistas.
Kaare Dybvad, ministro danés de Inmigración, cree que otros partidos socialdemócratas deberían replantearse esta cuestión tan candente siguiendo el ejemplo de Copenhague. "La inmigración suele ser una carga para los electores. Las comunidades de clase trabajadora han asumido la mayor parte de la tarea de integrar a las personas en las comunidades locales y en el mercado laboral", declaró Dybvad a 'Euronews'.
"Y por tanto, si eres un partido que representa a gente poco cualificada y mal pagada, entonces deberías ser bastante restrictivo en torno a la inmigración". A la pregunta de cómo se sentía por el cambio de postura de Europa, el ministro respondió: "Estoy contento de que tengamos muchas más discusiones sobre estos asuntos".