El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre el presunto uso de Binance por parte de Irán para eludir sanciones y canalizar, a través de esta plataforma de criptomonedas, fondos para financiar a grupos terroristas como los hutíes de Yemen.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto una investigación sobre el uso que Irán hace de Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, para eludir las sanciones estadounidenses y financiar a organizaciones terroristas vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), según informa 'The Wall Street Journal'.
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La investigación del Departamento de Justicia se basa en documentos internos de la compañía y en testimonios de personas conocedoras del asunto. Según el diario, las autoridades han contactado con personas con conocimiento directo de las transacciones vinculadas a Irán para solicitar entrevistas y recabar pruebas.
Un supervisor nombrado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha pedido supuestamente a Binance detalles sobre estas operaciones relacionadas con Irán, incluida información sobre un socio comercial responsable de una parte importante de esos flujos.
Por ahora no está claro si la investigación se dirige contra Binance por posibles irregularidades propias o si se limita a la actividad de sus clientes en la plataforma. Un portavoz de la empresa declaró a 'The Wall Street Journal' que Binance "en ningún caso realizó transacciones directas con entidades sancionadas".
Este nuevo frente devuelve a la compañía al centro de la atención de los reguladores estadounidenses, pocos meses después de que su fundador recibiera un indulto presidencial, y pone de relieve las dificultades persistentes para hacer cumplir las sanciones en unos sectores -el de las criptomonedas y el de la tecnología financiera, en general- en rápida evolución. El fundador de Binance, Changpeng Zhao, conocido como CZ, fue indultado por el presidente Donald Trump en octubre.
La investigación vuelve a poner el foco sobre la plataforma de intercambio, que en 2023 se declaró culpable de vulnerar las sanciones y la legislación bancaria de Estados Unidos. Aquel caso se saldó con una multa récord de 4.300 millones de dólares (3.700 millones de euros) y la obligación de someterse a una supervisión permanente de las autoridades estadounidenses.
Según los términos del acuerdo de 2023, Binance debe revisar de forma activa a sus clientes para detectar financiación del terrorismo y posibles incumplimientos de sanciones, además de comunicar con rapidez a las autoridades cualquier actividad sospechosa.
Investigación del Congreso de Estados Unidos aumenta la presión
Los acontecimientos han suscitado también la atención en el Capitolio. El senador estadounidense Richard Blumenthal, destacado demócrata del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara Alta, abrió el mes pasado una investigación formal sobre la forma en que Binance gestionó las transacciones vinculadas a Irán.
Alegando la magnitud de los flujos no declarados, que se acercarían a 2.000 millones de dólares (1.700 millones de euros) destinados a entidades sancionadas, y la suspensión de investigadores internos, Blumenthal puso en duda que la plataforma haya cumplido sus obligaciones en materia de sanciones y legislación bancaria estadounidenses.
Solicitó a Binance registros detallados, a lo que la empresa respondió calificando de inexacta la cobertura mediática y destacando su "programa de cumplimiento líder en el sector". Más tarde, el senador calificó esa respuesta de evasiva e insuficiente para despejar sus dudas.
La investigación del Departamento de Justicia coincide con un renovado esfuerzo por desmantelar las redes de financiación vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Antes de las acciones militares conjuntas con Israel contra Irán, Washington intensificó las medidas para cortar sus fuentes de ingresos, en particular las que implican criptoactivos utilizados para repatriar beneficios de las ventas de petróleo a China.
En enero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos plataformas de criptomonedas más pequeñas por transferir grandes sumas a monederos digitales vinculados a la Guardia Revolucionaria.