Más de 200 presos políticos en Venezuela comenzaron una huelga de hambre en la cárcel Rodeo I tras ser excluidos de la nueva ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional. Familiares denuncian que la norma deja fuera a detenidos acusados de delitos militares y terrorismo, los cargos más comunes.
Más de 200 presos políticos en Venezuela iniciaron el viernes una huelga de hambre en la cárcel Rodeo I, en las afueras de Caracas, para reclamar que se les incluya en una reciente ley de amnistía que deja fuera a muchos de ellos, dijeron familiares en un comunicado difundido a varios medios de comunicación.
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Según los parientes de los detenidos, entre ellos familiares del capitán Antonio Sequea y Fernando Noya, alrededor de 214 reclusos venezolanos y extranjeros comenzaron el ayuno como medida de presión ante lo que consideran un texto legal insuficiente. Entre quienes se unieron está el gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, acusado de terrorismo, uno de los cargos que no es beneficiado por la nueva normativa, destacaron fuentes cercanas a los familiares a AFP.
Los prisioneros protestan porque la amnistía aprobada recientemente por el Parlamento venezolano, dominado por el oficialismo, no alcanza a quienes enfrentan procesos militares o delitos graves, que son precisamente los casos más comunes entre los internos de Rodeo I. La legislación fue impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras una ola de reformas vinculadas a la transición política que vive el país.
No todos los internos en ese penal se han sumado a la protesta, indicaron los allegados, quienes aseguraron que la medida refleja un descontento creciente ante lo que consideran una exclusión injusta de amplios sectores de presos políticos en un proceso que, hasta ahora, ha permitido la liberación de cientos de otros detenidos en Venezuela.
La ley de amnistía, aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional el pasado 19 de febrero, busca conceder la libertad a personas involucradas en hechos políticos de años anteriores, aunque organizaciones de derechos humanos y familiares han denunciado que sus límites dejan fuera a numerosos recluidos por causas relacionadas con la disidencia y la protesta social.