La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una ley de amnistía que podría beneficiar a cientos de presos políticos y personas procesadas desde 1999. El Gobierno la presenta como un paso hacia la reconciliación, mientras ONGs y sectores opositores cuestionan sus límites y exclusiones.
La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó este jueves por unanimidad una ley de amnistía que podría permitir la liberación de cientos de presos políticos y el cierre de procesos judiciales relacionados con episodios de conflictividad política ocurridos desde 1999. La medida genera dudas entre organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición por los límites que incluye.
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La norma, impulsada por el Gobierno encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha sido presentada como una medida orientada a la reconciliación y la convivencia política tras años de polarización. Según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el objetivo es avanzar hacia una nueva etapa política y facilitar la excarcelación de los detenidos.
El hermano de la presidenta interina expresó sus felicitaciones a los diputados de la Asamblea Nacional y dijo que esperaba que la nueva ley "sea auspiciosa para el nuevo tiempo político que debe transitar el país".
El texto de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática contempla la amnistía para delitos considerados políticos vinculados a diferentes crisis y protestas registradas en el país en las últimas décadas. Sin embargo, establece varias exclusiones, entre ellas los casos relacionados con homicidio, narcotráfico, violaciones graves de derechos humanos, corrupción o acciones armadas respaldadas desde el exterior.
Organizaciones piden garantías y más inclusividad
Organizaciones de derechos humanos y sectores opositores han valorado la medidacon cautela. Aunque reconocen que puede suponer un avance para algunas familias, advierten de que la ley deja fuera a numerosos presos políticos y no garantiza la restitución automática de derechos políticos o bienes confiscados.
Algunas ONGs también han pedido mayor transparencia sobre los criterios que se utilizarán para aplicar la amnistía y han insistido en que el proceso debe extenderse a todos los detenidos por motivos políticos.
Según la ONG Foro Penal, más de 400 personas han sido excarceladas desde comienzos de enero, aunque todavía quedarían más de 600 presos políticos en el país. El Gobierno sostiene que el número de liberados es mayor y ha defendido que el proceso continuará en las próximas semanas.
La aprobación de la ley llega tras varias jornadas de debate parlamentario y después de que familiares de detenidos protagonizaran protestas para exigir una amnistía más amplia. Organizaciones civiles consideran que el impacto real de la medida dependerá de su aplicación práctica y del ritmo con el que se concreten nuevas liberaciones.