El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó una ley de amnistía con carácter urgente que busca perdonar y liberar a manifestantes, críticos del Gobierno y personas procesadas por delitos políticos desde 1999.
El chavismo venezolano aprobó este jueves una ley de amnistía con carácter urgente en la Asamblea Nacional, con el objetivo de perdonar y beneficiar a personas detenidas o perseguidas por motivos políticos, incluidas protestas, críticas al Gobierno y expresiones públicas desde 1999.
La iniciativa fue impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y se presenta como un paso hacia la reconciliación nacional tras décadas de conflictividad política.
Según el texto aprobado, la amnistía contempla la liberación inmediata de presos políticos, la extinción de los procesos judiciales en curso, la eliminación de antecedentes penales y la restitución de bienes incautados a los beneficiarios. Además, se levantan órdenes de captura, alertas migratorias y notificaciones internacionales, facilitando así el regreso de exiliados y perseguidos.
El alcance de la ley es amplio: cubre delitos y faltas vinculados a protestas, manifestaciones, expresión de opiniones críticas a funcionarios públicos y difusión de mensajes políticos, incluidos los realizados a través de redes sociales. La medida abarca actos cometidos desde 1999, cuando comenzó el Gobierno chavista en Venezuela.
Sin embargo, la norma no se aplicará a delitos graves como crimen de lesa humanidad, homicidio intencional, violaciones serias de derechos humanos, tráfico de drogas o corrupción. Estos delitos quedan explícitamente excluidos de la amnistía, en línea con estándares internacionales que rechazan la impunidad en casos graves.
La propuesta ha sido bien recibida por sectores de la oposición y familiares de presos políticos, que ven en ella una oportunidad de cerrar etapas de represión e injusticias, aunque con cautela ante la necesidad de garantizar justicia efectiva y respeto a los derechos humanos.
Organizaciones no gubernamentales han instado a que la ley no se transforme en un instrumento de impunidad, especialmente en casos de abusos documentados.
El proyecto, que fue aprobado por unanimidad en primera instancia, será sometido a consultas parlamentarias. El chavismo sostiene que esta amnistía es un "acto de clemencia soberana" para sanar las heridas políticas del país y avanzar hacia una convivencia pacífica.
La iniciativa no plantea un reconocimiento explícito de responsabilidades por parte del Gobierno. Según Naciones Unidas, unos ocho millones de venezolanos han emigrado en los últimos años.