La decisión se produce como reacción a una campaña lanzada por la iniciativa ciudadana 'Mi voz, mi decisión', que reunió 1.124.513 firmas en los 27 Estados miembros de la UE pidiendo un mejor acceso a abortos seguros en Europa.
La Comisión Europea declaró este jueves que los Estados miembros pueden utilizar un fondo social de la UE para facilitar el acceso al aborto seguro y legal a las mujeres que no pueden hacerlo en su país de origen.
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La decisión responde a la petición de la iniciativa ciudadana 'Mi voz, mi decisión' de crear un mecanismo de solidaridad de la UE que garantice a todas las mujeres un acceso seguro y asequible al aborto.
Los Estados miembros pueden hacer uso del actual Fondo Social Europeo Plus (FSE+), que contribuye a las políticas sociales, educativas, de empleo y sanitarias, de forma voluntaria y de acuerdo con sus legislaciones nacionales, para proporcionar dicha ayuda.
El fondo existente "apoyará a las mujeres que necesiten viajar, a las mujeres en su propio país, a las mujeres en zonas remotas y a las mujeres sin medios económicos", dijo el jueves la comisaria de Igualdad de la UE, Hadja Lahbib.
El FSE+ cuenta con un presupuesto de 142.700 millones de euros para el periodo 2021-2027, y la financiación se asigna a los países en función del tamaño de su población. Sin embargo, la Comisión se abstuvo de establecer un nuevo mecanismo de financiación, solicitado por el Parlamento Europeo en una resolución no vinculante adoptada en diciembre.
"Aunque no se crea un nuevo instrumento jurídico, la Comisión ha reconocido formalmente que los objetivos centrales de nuestra iniciativa pueden alcanzarse y ha esbozado una vía concreta para ponerla en práctica", declaró en un comunicado la coordinadora de la iniciativa 'Mi voz, mi elección', Nika Kovač.
El papel de la participación ciudadana
Mi voz, mi decisión' es una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), un mecanismo que permite a los ciudadanos pedir a la Comisión Europea que proponga nueva legislación.
Si una iniciativa obtiene el apoyo de al menos un millón de personas en al menos siete países de la UE, debe ser debatida por el Parlamento Europeo, mientras que la Comisión Europea dispone de un plazo para establecer medidas legislativas o justificar por qué no lo hace.
'Mi voz, mi decisión' reunió 1.124.513 firmas en los 27 países. Como resultado, el Parlamento Europeo aprobó una resolución no vinculante que pide establecer un mecanismo de financiación para ayudar a las mujeres que no tienen acceso a abortos seguros en su país de origen.
La propuesta fue respaldada por más de 100 diputados europeos, que enviaron una carta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, aumentando la presión sobre la institución antes de su decisión.
"Cuando 1,2 millones de ciudadanos alzan la voz, cuando el Parlamento Europeo envía una clara señal democráticay cuando la sociedad civil se moviliza más allá de las fronteras, la Comisión Europea no puede mirar hacia otro lado", declaró Kovač en una rueda de prensa posterior a la decisión del jueves.
Además de atraer un gran número de firmas, la iniciativa también suscitó una gran atención en internet. "Una fuerte presencia en internet fue realmente una de las herramientas cruciales de esta campaña, desde la recogida de firmas hasta la presión", declaró la directora de comunicación de la campaña, Nika Povz. "Nuestra comunidad online fue nuestro aliado más fuerte y nuestra mayor arma".
Algunos países de la UE tienen leyes muy restrictivas sobre el derecho al aborto. En Malta está en vigor una prohibición total, donde el aborto no está permitido bajo ninguna circunstancia, mientras que en Polonia sólo se permite cuando la concepción es consecuencia de violencia sexual o cuando existe riesgo para la salud de la mujer.
En enero de 2021, el Tribunal Constitucional polaco prohibió el aborto en caso de malformación del feto, que hasta entonces era el motivo más frecuente de interrupción del embarazo en el país.
Otros países tienen leyes más laxas, pero carecen de protecciones legales que despenalicen totalmente el aborto, de una amplia disponibilidad de servicios, de cobertura sanitaria nacional o de información gubernamental sobre la materia.
Según el Atlas Europeo de Políticas sobre el Aborto 2025, varios países de la UE han tomado medidas para garantizar el derecho al aborto seguro. Francia, por ejemplo, lo ha convertido en un derecho constitucional, mientras que Luxemburgo y los Países Bajos han eliminado los periodos de espera obligatorios. Pero otros Estados miembros han registrado nuevas restricciones, un mayor acoso a los proveedores de abortos y la difusión de desinformación sobre el tema.