La iniciativa del Ejecutivo necesitaría dos tercios del Congreso (234 escaños de 350) y la mayoría del Senado para modificar la Carta Magna, algo poco o nada realista en esta legislatura con un bloque de investidura que a duras penas alcanza los 178 votos frente a la derecha centralista.
Tras la aprobación de la reforma de la ley del aborto en 2022, peleada por la bancada de Unidas Podemos y la exministra Irene Montero en la anterior legislatura y que incluía bajas por menstruación y acceso a la interrupción voluntaria del embarazo sin consentimiento paterno a partir de los 16 años, los socialistas aseguran pretender soldar esta histórica reinvidicación femenista en la Constitución Española.
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El Ejecutivo propone complementar el artículo 43 del texto constitucional, que recoge el derecho a la protección de la salud, para que se garantice el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional. La reforma de la ley vigente ya lo exige, pero aquellas Comunidades Autónomas -con competencias en Sanidad- gobernadas por el Partido Popular y Vox se niegan a aplicarla.
Es de esperar que estas dos últimas formaciones, junto con la derecha regionalista navarra y con la eterna duda de Junts, se nieguen a votar favorablemente, por lo que la iniciativa gubernamental nace muerta. Es necesario alcanzar un mínimo de dos tercios en la Cámara Baja para emprender cualquier reforma constitucional (con mayoría absoluta previa en el Senado), o una mayoría de tres quintos en cada Cámara, opción con la que tampoco darían los números.
Muchos ginecólogos de hospitales públicos en todo el país se niegan a practicar abortos alegando objeción de conciencia, a pesar de que la nueva ley exige a las Administraciones regionales que hagan este derecho de manera efectiva. La gran mayoría de abortos (el 80%, tal y como ha señalado la actual ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo) se siguen practicando en instituciones privadas.
En el improbable caso de que la reforma saliese adelante, España se convertiría en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, dos años después de que Francia lo consiguiese en 2024. Redondo se ha escudado en este país para defender la reforma y atacar a la derecha, recordando que hasta la ultraderechista Marine Le Pen votó a favor en el caso francés.
"Hablaremos con el PP y con los diferentes grupos para llegar a un acuerdo ya que la mayoría de la sociedad española avala este derecho", ha asegurado la ministra. "Cuando una mujer va a abortar a una clínica privada se expone a insultos y a presiones de quienes acuden a presionarlas y cuando va a un hospital público nadie sabe a lo que va y su libertad es total", ha expresado así mismo en relación a los lobbies antiabortistas que acuden a las puertas de los centros para presionar psicológicamente a las pacientes.
Tras iniciar los trámites iniciales legales en octubre, el presidente Pedro Sánchez ya anunció a finales de febrero que el Consejo de Estado había emitido un informe favorable para avanzar en esta reforma constitucional, el paso previo requerido para su presentación ante las cortes, reclamando la necesidad de garantizar este derecho en todo el territorio: "No hay derecho a que en función del color del gobierno de turno se respeten o no los derechos de las mujeres".