A pesar de las peticiones del Gobierno francés, el Tribunal de Apelación de París aceptó los argumentos de la compañía china, dictaminando que los productos ilegales que habían suscitado la polémica ya habían sido retirados.
La Justicia francesa ha vuelto a rechazar la petición del Gobierno de suspender la plataforma asiática de moda en línea Shein, que lleva varios meses en el centro de la polémica a raíz de la venta de productos ilegales por parte de terceros vendedores.
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El jueves, el Tribunal de Apelación de París confirmó la decisión de un tribunal inferior, dictaminando que ya no existían los motivos para la actuación de las autoridades. En un comunicado de prensa, el tribunal dictaminó que el perjuicio inicialmente reclamado por el Estado había desaparecido, ya que los productos en cuestión habían sido retirados desde entonces de la plataforma.
El caso se remonta al otoño pasado, cuando se denunciaron varios artículos prohibidos en el espacio reservado a los vendedores asociados a Shein. Entre ellos figuraban muñecas de cariz pedófilo, armas de categoría A y medicamentos cuya venta estaba prohibida.
Estos anuncios reavivaron la preocupación por el control que se ejerce sobre este mercado gestionado por el gigante de la moda rápida, fundado en China y ahora con sede en Singapur.
A raíz de estos informes, Shein decidió suspender toda sus operaciones en Francia y llevar a cabo una auditoría interna y corregir las deficiencias detectadas. A continuación, reabrió gradualmente a principios de 2026.
Sin embargo, esta respuesta no convenció al Gobierno francés. Las autoridades pidieron la suspensión total del sitio, por considerarlo necesario para descartar cualquier riesgo de reaparición de contenidos o productos ilegales.
En diciembre, el Tribunal de Justicia de París rechazó dicha petición, por considerarla excesiva a la vista de las acciones emprendidas voluntariamente por la plataforma para retirar los productos infractores.
Una investigación abierta por la Comisión Europea contra Shein
Al mismo tiempo, Shein se enfrenta ahora a una creciente presión a escala europea. El 17 de febrero, la Unión Europea anunció la apertura de una investigación sobre la plataforma. Bruselas sospecha que la empresa incumple una serie de obligaciones derivadas de la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE.
La investigación de la Comisión Europea no se limita a la presencia de productos ilegales. También investiga ciertos mecanismos de la plataforma que podrían incitar a su uso compulsivo, así como la falta de claridad de su sistema de recomendación de productos.
Si se confirman las sospechas de la Comisión, la compañía podría enfrentarse a importantes sanciones económicas, de hasta el 6% de su facturación anual mundial. La normativa europea exige a las grandes plataformas que protejan mejor a los consumidores frente a contenidos y productos ilegales o peligrosos, al tiempo que refuerzan sus obligaciones de transparencia y moderación.