El presidente de la República, Tamás Sulyok, firmó el sábado la 17ª enmienda de la Ley Fundamental, anunció en Facebook. El día siguiente a su entrada en vigor concluirá el mandato del actual jefe del Estado.
Tamás Sulyok firma la decimoséptima reforma de la Constitución. Esto implica además que su propio mandato como presidente de la República llega a su fin. En un discurso difundido en Facebook, el jefe del Estado húngaro califica de sin precedentes y vergonzosa la reforma constitucional que fuerza su dimisión.
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"Esta enmienda, con una sola frase, pone fin al mandato del presidente de la República en ejercicio. Esa frase pasa a formar parte de las soluciones de corte gordiano impuestas por la fuerza que quedarán para la posteridad como graves y vergonzosos ejemplos históricos de abuso del poder político", dijo.
El jefe del Estado saliente arremetió con dureza contra la norma que ha forzado su salida, a la que calificó de maniobra que vulnera abiertamente el Estado de derecho y la independencia de las instituciones y de restricción sin precedentes del derecho de sufragio, aunque reconoció que no firmar la reforma sería contrario a la ley, por lo que ha firmado la enmienda constitucional.
"Mi firma es el sello definitivo de mis obligaciones como presidente de la República y de mi respeto absoluto, en cualquier circunstancia, por la institución presidencial. Es la prueba de que he respetado en todo momento la Constitución de Hungría y no la he vulnerado. Pero al mismo tiempo constituye una prueba perdurable de que los valores fundamentales de una sociedad libre, el Estado de derecho, la democracia y el principio de separación de poderes han sido pisoteados por intereses de poder. De esta decisión es exclusivamente responsable el poder que ha impulsado la reforma constitucional", concluyó el presidente saliente.
Forsthoffer será la presidenta interina
Según la ley, el mandato del presidente de la República en ejercicio termina el día siguiente a la entrada en vigor de la reforma. A partir de entonces, y hasta la elección del nuevo jefe del Estado, la presidencia interina recaerá en la presidenta del Parlamento, Ágnes Forsthoffer. Posteriormente, el Parlamento elegirá a un jefe del Estado hasta la entrada en vigor de la nueva Constitución y por un máximo de cinco años.
La reforma también destituye al presidente del Tribunal Constitucional
Según la decimoséptima reforma de la Constitución, el mandato del presidente de la República, Tamás Sulyok, concluye el día siguiente a su entrada en vigor. La enmienda introduce además un límite temporal de 12 años o 3 mandatos para los diputados, una edad máxima de 70 años para los jueces del Tribunal Constitucional, la posibilidad de que los jueces promuevan la revocación del presidente del Tribunal Supremo (Kúria) y del presidente de la Oficina Nacional de la Judicatura (OBH), y permite la creación de la Oficina Nacional de Recuperación y Protección de los Bienes Públicos.
Entre las disposiciones finales y mixtas de la Constitución se incluyó el párrafo que permite la destitución del actual presidente de la República, Tamás Sulyok. Péter Magyar ya durante la campaña y, desde las elecciones del 12 de abril en las que el Partido Tisza obtuvo una mayoría de dos tercios, ha pedido en repetidas ocasiones la dimisión del jefe del Estado y de otros máximos responsables de organismos públicos, alegando que actuaron como marionetas del Gobierno de Orbán.
La reforma constitucional promovida por la ministra de Justicia, Márta Görög, introduce un límite temporal para el mandato de los diputados, de modo que en el futuro no podrá ser elegido quien ya haya ejercido este cargo durante al menos 12 años o haya sido elegido diputado en al menos 3 elecciones. La enmienda no afecta al mandato de los actuales miembros del Parlamento.
La norma introduce cambios importantes en la composición del Tribunal Constitucional, en adelante los miembros del órgano, integrado por 15 jueces, serán elegidos por el Parlamento por un periodo de 9 y no de 12 años, mediante el voto de una mayoría de dos tercios, y su mandato concluirá al cumplir 70 años. Esta disposición afecta al presidente del Tribunal Constitucional, Péter Polt, y a otros 3 magistrados. En el futuro, el presidente del órgano no será elegido por el Parlamento, sino por los propios miembros del Tribunal Constitucional, por un periodo de 3 años.
Se restablece la competencia de revisión del Tribunal Constitucional, que la reforma de la Constitución aprobada en 2013 había restringido, limitando su capacidad de control, entre otros ámbitos, sobre el presupuesto central y sobre impuestos, tasas y cotizaciones.
También cambian las normas sobre la elección y el cese del presidente del Tribunal Supremo (Kúria) y del de la Oficina Nacional de la Judicatura (OBH). En el futuro, y según se defina en una ley orgánica, los jueces podrán proponer hasta 3 candidatos para presidir tanto el Tribunal Supremo como la OBH, y entre ellos el presidente de la República seleccionará a 1 persona por cargo para recomendar su elección al Parlamento.
En el caso de los presidentes de la Kúria y de la OBH, la duración del mandato se reduce de 9 a 6 años, y la reforma define los supuestos de finalización del cargo y permite su destitución, a iniciativa de los jueces, en la forma que establezca una ley orgánica.
La Constitución también establece que, para proteger el patrimonio público y facilitar la localización y recuperación de los bienes públicos gestionados o utilizados de forma ilícita, funcionará una Oficina Nacional de Recuperación y Protección del Patrimonio. Este organismo será independiente y, en los términos que fije la ley, actuará como colaborador del sistema judicial y como acusación pública en defensa de las pretensiones penales del Estado. Su presidente y sus vicepresidentes serán elegidos por el Parlamento por una mayoría de dos tercios y por un mandato de 6 años.
La reforma constitucional revierte la denominación histórica de 'vármegye', introducida por el Gobierno de Orbán en 2023, y restablece el uso oficial de 'megye' (condado). No obstante, precisa que el nombre 'vármegye' podrá seguir utilizándose después de la entrada en vigor, el 1 de octubre, mientras el cambio a la denominación 'megye' no pueda llevarse a cabo conforme a los principios de una gestión responsable.
Asimismo, a partir del 1 de octubre se suprime la Guardia del Parlamento.
La reforma elimina el rango de ley orgánica en varios ámbitos, de modo que en adelante podrán modificarse por mayoría simple las normas sobre el uso del escudo y la bandera y sobre las condecoraciones estatales. Tampoco tendrán carácter de ley cardinal, entre otras, la norma sobre la Autoridad Nacional de Protección de Datos y Libertad de Información, la ley del Banco Nacional de Hungría y la de la Oficina Estatal de Auditoría, la que regula la actividad investigadora de las comisiones parlamentarias ni la relativa a las reglas básicas de la carga fiscal y del sistema de pensiones.
A diferencia de la propuesta original de reforma constitucional, y a recomendación de la comisión legislativa, seguirán teniendo rango de ley cardinal la ley de tierras y la ley sobre la protección del patrimonio nacional.
Se elimina la exigencia de consentimiento previo del Consejo Presupuestario para la aprobación de la ley de presupuestos y se deroga la definición de dinero público, que lo identificaba con los ingresos, gastos y créditos del Estado, con el argumento de que esa formulación reducía de forma injustificada su ámbito de interpretación y limitaba el ejercicio del derecho de acceso a la información.
El Parlamento aprueba la reforma el lunes
El Parlamento aprobó la reforma el 13 de julio por 139 votos a favor y 6 en contra, sin abstenciones, un texto que el presidente del Gobierno, Péter Magyar, había remitido a la Cámara en nombre del Ejecutivo. Los grupos parlamentarios de Fidesz y del KDNP boicotearon la sesión.
Según el preámbulo de la norma, el objetivo de la reforma es garantizar, hasta la entrada en vigor de la nueva Constitución, las condiciones institucionales indispensables para el funcionamiento legal del Estado y sentar las bases para la restauración de la democracia constitucional.
Se especifica que el Parlamento elaborará la nueva Constitución de Hungría tras un amplio proceso de consulta social y profesional, basada en la soberanía popular, la separación de poderes, el Estado de derecho y la protección de los derechos fundamentales.