La disputa fronteriza entre Italia y España por Ceuta destapa una brecha migratoria más profunda, mientras la política interna y el auge de la ultraderecha endurecen sus posiciones.
Las relaciones entre Roma y Madrid se han deteriorado de forma brusca en las últimas semanas, a medida que una disputa sobre la migración ha derivado en una de las confrontaciones diplomáticas más graves entre los dos países del sur de Europa en los últimos años.
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Lo que comenzó cuando Italia reintrodujo controles fronterizos a los viajeros procedentes de España, tras una afluencia masiva de migrantes al enclave español de Ceuta, ha acabado convirtiéndose en un pulso de represalias.
España ha impuesto desde entonces sus propios controles a los viajeros que llegan desde Italia, mientras Madrid exige a Roma que levante sus restricciones. El detonante inmediato fue la crisis migratoria en Ceuta, pero la disputa pone al descubierto una división política más profunda entre dos países que, sobre el papel, deberían ser aliados naturales.
Aliados naturales
"No debería ser posible que dos aliados naturales y amigos como España e Italia no aprovechen plenamente su potencial conjunto", afirmó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante una visita a Roma en 2020.
La geografía y los intereses económicos son las principales fuerzas estructurales que acercan a Roma y Madrid. Italia y España figuran entre los países mediterráneos más importantes de la UE.
Ambos son grandes Estados de primera línea para la migración procedente del norte de África, con fuertes intereses económicos y políticos en la vecindad del sur, y desde hace tiempo defienden que el Mediterráneo ocupe un lugar más destacado en la política de la UE.
Esos intereses quedaron reflejados en el Pacto para el Mediterráneo de la UE de 2025, que situó la estabilidad, el desarrollo económico, la seguridad y la gestión de la migración en la región entre las prioridades estratégicas del bloque.
Los dos países comparten además amplias posiciones comunes sobre el presupuesto de la UE, ya que han impulsado juntos un acuerdo expansivo con recursos significativos destinados a la financiación regional y a las subvenciones agrícolas.
Roma y Madrid fueron también los dos principales beneficiarios de NextGenerationEU, el fondo de estímulo pospandemia, y ambos respaldan un calendario de devolución gradual y la ampliación del mecanismo de endeudamiento conjunto para financiar inversiones futuras.
En muchos expedientes europeos siguen siendo socios. Sin embargo, la migración se ha convertido cada vez más en una línea divisoria entre estos dos grandes países de la UE, cristalizando lo que algunos expertos consideran enfoques enfrentados sobre la política hacia África.
"La crisis fabricada de Ceuta puso de nuevo de manifiesto que la obsesión de Europa con la migración es una de sus mayores vulnerabilidades: sus vecinos pueden explotarla para ejercer presión política y la extrema derecha para obtener réditos políticos", explicó a 'Euronews' Claudio Francavilla, director asociado de la ONG Human Rights Watch.
"Unas políticas migratorias ordenadas, seguras y respetuosas con los derechos siguen siendo un espejismo, como también lo son la unidad y la solidaridad europeas en esta cuestión", añadió.
La línea de fractura migratoria
Paradójicamente, Roma y Madrid parten de un diagnóstico similar, la migración a través del Mediterráneo no es un problema que los países de primera línea puedan resolver por sí solos, y la UE tiene una responsabilidad compartida a la hora de desarrollar un marco común para gestionarla.
Sin embargo, sus enfoques, marcados por una distancia política considerable, difícilmente podrían ser más diferentes. El Gobierno de derechas de Giorgia Meloni ha situado la disuasión, las devoluciones, los acuerdos externos y el endurecimiento de los controles en el centro de su política migratoria.
Roma se ha mostrado especialmente interesada en exportar a escala europea su modelo de centros de retorno en países terceros, que está probando en Albania, y este enfoque ha quedado plasmado en una controvertida ley migratoria.
El Gobierno de centroizquierda de Pedro Sánchez ha seguido un enfoque más mixto, que combina la cooperación con países como Marruecos con iniciativas de migración legal y la regularización de personas migrantes en situación irregular que ya viven en España.
Ese enfoque ha sido objeto de críticas por parte de otros países de la UE y de dirigentes de derechas en toda Europa desde la crisis de Ceuta, cuando decenas de miles de personas entraron en el enclave español desde Marruecos, y la política de regularización de Madrid fue denunciada como un "factor de atracción".
Sánchez, junto con el presidente francés Emmanuel Macron, se ha mostrado en cambio muy crítico con los centros de retorno, ya que considera que malgastan recursos y dañan la reputación de Europa en los países terceros.
La disputa refleja un giro político más amplio. La política migratoria se planteaba antes sobre todo como un pulso entre los países de primera línea y el resto de la UE. Con Ceuta, las divisiones se dan ahora entre los propios países de primera línea.
En otras palabras, los dos países que llevan años reclamando que Europa comparta la carga de la migración discuten ahora sobre qué significa exactamente ese reparto, con posiciones endurecidas por las presiones políticas internas.
Política interna
Políticamente, Roma y Madrid no podrían estar más alejadas, Sánchez lidera uno de los pocos gobiernos de centroizquierda que quedan en Europa, mientras Giorgia Meloni se acerca al final de su primer mandato al frente de una coalición de extrema derecha.
La crisis diplomática se produce mientras ambos países se encaminan hacia elecciones el próximo año. En España, el Partido Popular, principal fuerza de centroderecha de la oposición, encabeza las encuestas nacionales, mientras la ultraderechista Vox ha consolidado su posición como tercera fuerza política del país.
La crisis de Ceuta ha permitido a los adversarios de Sánchez presentar su política migratoria como demasiado permisiva, mientras el Gobierno intenta demostrar que España puede gestionar sus fronteras exteriores sin adoptar el modelo preferido por la derecha más dura de Europa.
Meloni sigue siendo la figura dominante de la derecha italiana, pero su Gobierno se enfrenta ahora a la competencia de fuerzas aún más a la derecha. El eurodiputado Roberto Vannacci (Italia/ESN), que abandonó la Liga de Matteo Salvini a comienzos de este año, ha lanzado su propio movimiento político, National Future.
Con Roma inmersa en la reforma de su ley electoral, Vannacci supone una amenaza real, podría erosionar el apoyo a la coalición de derechas y dejar sin un vencedor claro las próximas elecciones, dando lugar a un parlamento sin mayoría clara.
"Meloni no está suspendiendo Schengen por Sánchez, sino por Vannacci, su nuevo rival de extrema derecha", escribió en Facebook el eurodiputado Sandro Gozi (Francia/Renew), que calificó la introducción de controles fronterizos con España como "una decisión dictada por las encuestas que favorecen a Vannacci en Roma, no por la realidad sobre el terreno en Ceuta".
Desde que llegó al poder en 2022, Meloni ha ido moderando su posición para evitar ahuyentar a los inversores y socios internacionales. Pero con Vannacci disputando el mismo electorado, ese cálculo está cambiando, sobre todo en un asunto tan cargado políticamente como la migración.
En Italia, España y otros lugares, la migración se ha convertido en una de las cuestiones más divisivas que marcan las líneas de fractura política. Y cuando esas diferencias chocan con los incentivos electorales internos, incluso dos países con intereses estratégicos muy compatibles pueden enfrentarse entre sí con rapidez.