Otro verano de calor récord, sequía e incendios forestales deja a los Gobiernos europeos una factura multimillonaria que seguirá creciendo durante meses, entre ayudas de emergencia, compensaciones al campo, reparación de infraestructuras, menor recaudación e inflación alimentaria.
El verdadero coste de la ola de calor y la sequía europeas, así como de los incendios forestales que provocan, solo aflora en las cuentas públicas meses después.
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Cuando los incendios se apagan y los ríos recuperan caudal, los ministerios de Hacienda tienen que indemnizar a los agricultores, reconstruir carreteras y vías férreas, apuntalar los servicios de salud y asumir unos ingresos que una economía ralentizada nunca llegó a generar.
Esa carga crece más deprisa que las reservas que los Gobiernos han destinado para afrontarla, y la tensión este año es considerable.
A finales de julio, la mitad de la UE y el Reino Unido estaban en situación de sequía, un 9% en la fase de 'alerta' más extrema, según el Observatorio Europeo de la Sequía de Copernicus, mientras los ríos Loira, Po, Rin y Danubio alcanzaban mínimos históricos en agosto.
A comienzos de agosto, los incendios forestales habían arrasado más de 505.000 hectáreas, según el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, superando la cifra registrada en la misma fecha de 2025, el peor año del que se tiene constancia.
Entre 1980 y 2024, los fenómenos meteorológicos extremos provocaron pérdidas directas por 822.000 millones de euros en toda la UE, de los que una cuarta parte se concentró en los últimos cuatro años, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).
Preguntada por Euronews si esa concentración suponía un verdadero punto de inflexión respecto al pasado, la agencia fue tajante. "Es un salto cualitativo", señaló, y explicó que suaviza las cifras anuales, muy volátiles, mediante una media móvil de 30 años para aislar la tendencia.
"La tendencia de los datos de pérdidas económicas en Europa muestra un incremento del 3,4% anual y hemos observado cómo se acelera en las cifras. Las primeras estimaciones de 2025 apuntan a que esta tendencia se intensificará aún más".
Solo alrededor de una quinta parte de esas pérdidas estaba asegurada, y en el caso de las sequías, las olas de calor y los incendios forestales la cobertura se desploma hasta el 10% u 11%.
La razón, explicó la AEMA a Euronews, es que estos riesgos "se refieren sobre todo a pérdidas indirectas, como la reducción de los rendimientos agrícolas, la pérdida de vidas humanas, la degradación de los ecosistemas, las horas de trabajo perdidas... y todo ello suele ser difícil de valorar".
"La brecha de protección aseguradora está aumentando, lo que significa que el incremento de las pérdidas totales no viene acompañado de más seguros", añadió la AEMA.
Eso deja a los Gobiernos como asegurador de último recurso. Sin embargo, solo cuatro Estados miembros de la UE, Austria, Francia, Hungría e Italia, mantienen fondos específicos para catástrofes, mientras el resto depende de reasignaciones puntuales que se desembolsan lentamente.
Para empeorar las cosas, el dinero europeo ofrece poco colchón. El centro de estudios económico Bruegel, con sede en Bruselas, calcula la financiación de la UE para desastres en el periodo 2028-2034 en unos 5.000 millones de euros, una cantidad equivalente solo al 10%-15% de los daños provocados por las inundaciones de 2021 en Europa occidental.
Los gobiernos calculan mal la factura
Francia ha puesto sobre la mesa la cifra más ambiciosa. Al inaugurar una reunión de crisis por la sequía el 12 de agosto, la ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut, estimó que las olas de calor de este verano tendrán un coste de entre 10.000 y 15.000 millones de euros en daños directos e indirectos, entre el 0,3% y el 0,5% del PIB, frente a una previsión de crecimiento de apenas el 0,7%.
La cifra, sin embargo, fue cuestionada de inmediato.
El instituto nacional de estadística, INSEE, al que se atribuyó inicialmente el cálculo, negó haber realizado esa proyección. El ministerio aclaró después que la extrapolación era propia, elaborada a partir de datos del INSEE de años anteriores, y Barbut admitió que las cifras debían manejarse con cautela.
En España, hacia finales de julio habían ardido en torno a 172.400 hectáreas, aproximadamente la mitad del total del año pasado. Si se aplican los costes por hectárea utilizados por la agencia forestal de Navarra y la asociación sectorial Asemfo, solo las tareas de extinción se situarían entre 1.700 y 3.300 millones de euros, sin contar la restauración, que según los ingenieros forestales suele ser más cara que apagar los incendios.
Bruselas aprobó el mes pasado 120,55 millones de euros en ayudas de emergencia para España, que solo cubren los daños del verano anterior.
Portugal ilustra el problema de fondo, la ausencia de cálculos adecuados sobre el coste real de los incendios forestales.
Su autoridad de protección civil ha reconocido públicamente que "no es posible determinar, con rigor, el coste total de un suceso concreto" porque los datos financieros y operativos se almacenan en sistemas separados.
Una comisión independiente que investigó los incendios de agosto de 2025 recibió una cifra agregada de unos 18,8 millones de euros que no se podía desglosar por incendio. El tribunal de cuentas nacional señaló la misma carencia en 2021.
Recoger adecuadamente los costes indirectos, explicó la AEMA a Euronews, requeriría combinar los registros de los eventos con "datos laborales, de salud, transporte, energía, agricultura y macroeconómicos proporcionados por las organizaciones sectoriales".
Ingresos que nunca llegan
El gasto es solo la mitad de la ecuación.
El análisis de la evidencia realizado por Bruegel concluye que las economías siguen siendo más pequeñas años después, con un PIB un 1,5% inferior dos años tras una ola de calor y un 3% menor cuatro años después de una sequía. Solo la sequía de 2022 redujo el crecimiento del PIB per cápita de la UE en un 1,35%, lo que supone una pérdida de 203.000 millones de euros.
Para este verano, Triodos Bank calcula que el coste del calor extremo para las economías de la UE rondará los 180.000 millones de euros, aproximadamente el 1% de la producción.
Sin embargo, el impacto inmediato puede parecer sorprendentemente limitado.
Oxford Economics calcula que los niveles récord de sequía del Rin podrían restar un 0,2% al crecimiento alemán del tercer trimestre, pero no anticipa un desplome más amplio.
"Se trata más bien de compensaciones en otras partes de la economía", explicó a Euronews Tomas Dvorak, economista sénior de Oxford Economics, que apuntó al sector de defensa, el material de transporte, el comercio minorista y los servicios al consumidor.
Los cierres de fábricas en verano también reducen la utilización de la capacidad instalada. "El Rin es una arteria de transporte y logística muy importante, pero en última instancia solo afecta a una pequeña parte de la economía", añadió Dvorak.
Es en los alimentos donde el daño se hace visible, lentamente.
La Comisión Europea ha recortado en un 5% su previsión de producción de aceite de oliva en la UE, impulsada por una caída del 18% en Grecia, mientras España espera que su cosecha de cereales baje de 24 millones de toneladas a poco más de 18,5 millones. Oxford Economics prevé que el calor y la sequía añadan hasta un 1% a la inflación alimentaria de la zona euro el próximo año.
"Así es como funciona la formación de precios de los alimentos", explicó Dvorak a Euronews. "Sigue una especie de cascada desde las materias primas hasta la agricultura, la transformación y, por último, la venta al por menor. Cada paso suele tardar uno o dos meses en trasladarse", añadió.
Los analistas han dejado de considerar estos veranos como anomalías. Oxford Economics ya ha incorporado estos costes a su escenario central, con una previsión de que la inflación alimentaria a medio plazo se sitúe en torno al 2,5% de media.
El riesgo es además que estas presiones se acumulen.
Bruegel describe una "espiral de riesgo soberano climático" en la que las pérdidas por desastres deprimen el crecimiento y la recaudación fiscal, amplían los déficits y elevan los costes de financiación, lo que deja menos margen para el gasto en prevención que podría limitar el siguiente desastre.
El BCE calcula que una sequía que se produce cada 25 años pondría en riesgo casi el 15% de la producción de la zona euro.
Aun así, el gasto de la UE en adaptación ronda los 29.000 millones de euros al año, frente a unas necesidades estimadas de entre 35.000 y 500.000 millones, pese a que la ONU calcula que cada euro invertido devuelve hasta diez en pérdidas evitadas.