La Administración Trump afirma que su proyecto de ley busca hacer la universidad igual y accesible para todos y frenar las campañas “woke” que favorecen a alumnos por su origen social o racial.
La Administración Trump propone una nueva norma que retiraría a los centros escolares y universidades privadas su estatus de exención fiscal si ofrecen ayuda específica a estudiantes en función de su raza, un importante paso más en la campaña de la Casa Blanca para erradicar los programas de diversidad dirigidos a estudiantes negros, hispanos y de otras minorías.
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentó el cambio el jueves en una nueva regulación que, si se confirma, entraría en vigor después de mayo de 2027, al término del curso académico.
La norma busca, en términos generales, poner fin a cualquier política o programa que apoye a los estudiantes por razón de su raza y especifica que estos beneficios en admisiones, becas e instalaciones "serían incompatibles" con la nueva regulación.
Es el último intento de la Administración Trump de presionar a escuelas y universidades para que eliminen las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), que se habían generalizado antes de que el presidente Donald Trump regresara a la Casa Blanca con la promesa de acabar con ellas.
Los responsables del Gobierno de Trump han recurrido a leyes de la época de los Derechos Civiles para desmantelar estas políticas, alegando que discriminan a los estudiantes blancos y asiáticoamericanos. Representantes del sector de la educación superior han criticado la propuesta.
"Los últimos cambios normativos de la Administración son su ataque más flagrante para impedir que los estadounidenses de clase trabajadora y las personas de color accedan a la educación superior y a una vida mejor", afirmó Mike Gavin, presidente y director ejecutivo de la Alliance for Higher Education.
"Al sostener que los esfuerzos por aumentar las oportunidades justas para todos los estudiantes son discriminatorios, la Administración intenta manipular al pueblo estadounidense para que crea que lo que está arriba está abajo y que lo negro es blanco".
Decenas de universidades han cerrado o rebautizado sus oficinas de DEI y han suprimido becas y asociaciones diseñadas para estudiantes de minorías ante la presión de la Casa Blanca.
En un comunicado en el que anunciaba la propuesta, el secretario del Tesoro Scott Bessent sugirió que incluso las políticas que ya no se presentan bajo el paraguas de la DEI podrían verse afectadas.
"Que las escuelas rebauticen las preferencias basadas en la raza como equitativas, inclusivas o potenciadoras de la diversidad no cambia su carácter discriminatorio", escribió Bessent en una publicación en X en la que anunciaba la propuesta legislativa.
El Departamento del Tesoro y la agencia tributaria estadounidense (IRS) calculan que hasta 18.000 centros escolares privados, universidades y otras instituciones educativas podrían verse afectadas por la propuesta.
Las universidades privadas estadounidenses llevan más de un siglo exentas de numerosos impuestos porque se considera que prestan un servicio público. Este beneficio fiscal ahorra cada año millones de dólares a muchas instituciones.
Trump ha visto el estatus de exención fiscal como una palanca en su campaña de presión contra las universidades, a las que describe como focos de 'wokeness' y de 'ideología de izquierda radical'.
Ya amenazó el año pasado con retirar ese beneficio a la Universidad de Harvard durante su enfrentamiento con el centro educativo más antiguo del país. En su respuesta, los responsables de Harvard afirmaron que no había base jurídica para hacerlo y advirtieron de que obligaría a recortar la ayuda financiera y la investigación médica esencial.
Es extremadamente raro que el Gobierno federal cuestione el estatus de exención fiscal de una universidad, pero existe un precedente significativo. Bob Jones University, un pequeño centro cristiano en Carolina del Sur, perdió ese beneficio en los años setenta debido a una prohibición de las citas y matrimonios interraciales en el campus.
El Tribunal Supremo confirmó la decisión del IRS de denegar a la universidad su exención. Desde entonces, el centro ha levantado esa prohibición y recuperó el estatus de exención fiscal en 2017. La ley impide al IRS perseguir a personas u organizaciones por motivos ideológicos y los cargos federales no pueden dirigir las investigaciones del organismo.
Para mantener su condición de entidad sin ánimo de lucro, que permite que las donaciones se desgraven, las organizaciones deben cumplir las normas del IRS sobre actividades de presión, campañas políticas y requisitos de información anual, además de otras obligaciones. La Administración Trump presenta la nueva propuesta como un paso para restaurar el mérito en los sistemas educativos del país.
Por otra parte, el Departamento de Justicia ha abierto investigaciones sobre varias facultades de medicina a las que acusa de favorecer a estudiantes negros e hispanos en los procesos de admisión.
Los responsables del Gobierno de Trump sostienen que cualquier favoritismo de este tipo vulnera el Título IV de la Ley de Derechos Civiles de 1964, una norma federal que prohíbe la discriminación en la educación y se creó para combatir la segregación y sus efectos.