Tras convocar elecciones para el 29-N, el Gobierno aprueba los decretos de vivienda e incorpora una línea de financiación de 10.000 millones de euros. Sánchez promete frenar los desahucios y admite que resolver el acceso a la vivienda exige años de construcción de vivienda pública.
El Consejo de Ministros aprueba de nuevo el paquete de vivienda, reforzando la versión rechazada hace unos días pero conservando su esencia. Con la vista puesta en las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre, Sánchez contrapone el adelanto electoral con una inyección económica: el paquete de vivienda reeditado incluirá un fondo de 10.000 millones de euros en créditos de hasta 50.000 euros para facilitar la primera compra.
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El paquete integra 21 medidas dirigidas a aliviar tanto el alquiler como la compra. Entre los incentivos destacan deducciones de hasta 1.000 euros anuales en el IRPF para inquilinos con rentas medias y rebajas fiscales para los pequeños propietarios que fijen precios asequibles.
Para impulsar la compra de la primera vivienda, Sánchez ha anunciado un fondo de 10.000 millones de euros gestionado por el ICO. La medida ofrecerá créditos a interés cero de hasta 50.000 euros con un enfoque intergeneracional que va más allá del público joven.
Para atajar la especulación inmobiliaria, el Ejecutivo movilizará suelo y edificios de la Seguridad Social a través de la firma estatal Casa 47. El presidente defendió el paquete por "sentido común" e instó a la oposición a dar su respaldo en la Diputación Permanente por "razones de humanidad".
El Gobierno busca la luz verde en la Diputación Permanente sin el veto de Junts
Con las Cortes disueltas tras el adelanto electoral, el Gobierno confía en convalidar el paquete en la Diputación Permanente. Este órgano de guardia asume las funciones del Pleno durante el periodo interparlamentario, un escenario donde el Ejecutivo espera articular una mayoría suficiente.
En la Diputación Permanente, la pérdida de peso decisivo de Junts abre la puerta a que el Ejecutivo apruebe al menos uno de los decretos fallidos. Con la hoja de ruta trazada, Sánchez detalló las medidas a las 12:30 en rueda de prensa desde La Moncloa.
De replicarse las votaciones de la semana pasada, el Ejecutivo sumaría apoyos suficientes para salvar la norma principal, la cual concentra el núcleo duro de las medidas sobre alquiler y propiedad.
El texto principal blinda la suspensión de desahucios hasta 2030, frena la compra especulativa hasta 2028 y limita las adquisiciones de los llamados "fondos buitre" por debajo del 70 % del valor de mercado.
Asimismo, fija un IVA del 10% para los pisos turísticos, frente al 4% para la vivienda protegida, regula los alquileres de temporada y habitaciones, y concede incentivos fiscales a inquilinos y pequeños tenedores.
Luz verde a los créditos al 0% mientras el PNV decide la suerte de los decretos
El paquete se completa con préstamos ICO a interés 0% para las entradas hipotecarias, dos años de prórroga para los contratos que expiren antes de 2029 y un tope a la revisión anual de las rentas hasta 2027 (con congelación si rebasan el índice de referencia y un máximo del 2% en el resto de casos).
Pese al nuevo escenario, el PNV mantiene la cautela y condiciona el sentido de su voto en la norma principal a la "letra pequeña" del texto, tras evaluar el estado de las negociaciones con La Moncloa en su ejecutiva semanal. Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, avanzó que el paquete mantendrá intactas las garantías de protección social, limitándose a aplicar "ajustes no sustanciales" exigidos legalmente para poder reintroducir los decretos rechazados el viernes.
La clave reside en la aritmética de la Diputación Permanente. Con 69 asientos en juego, donde el bloque del Gobierno suma con ERC, Bildu y Podemos, la abstención o el aval del PNV permitirían sacar adelante el decreto de mayor peso aun sin el concurso de Junts. Sin embargo, la negativa firme de los nacionalistas vascos mantendría en vía muerta el segundo texto, relativo a las prórrogas automáticas.
Freno a los desahucios y pulso parlamentario para blindar el parque público
"No voy a permitir un desahucio más como el de Maricarmen", ha aseverado Pedro Sánchez durante su comparecencia para defender la regulación del sector. No obstante, el jefe del Ejecutivo reconoció que los nuevos decretos constituyen solo un paso inicial, señalando la edificación de parque público y asequible como el verdadero desafío de la política nacional para los próximos años.
El Ejecutivo ha anunciado medidas para aumentar el parque de viviendas. El plan incluye 280 millones de euros en avales directos para promover la construcción industrializada de inmuebles, además de una partida complementaria de 400 millones enfocada en acelerar las promociones de carácter asequible.
Sánchez enmarca las nuevas medidas en la necesidad de "dar tranquilidad a la gente", destacando la extensión de dos años en los alquileres vigentes para inquilinos al corriente de pago. El éxito del plan queda, no obstante, supeditado al visto bueno de la Diputación Permanente: "Tenemos estos dos decretos si al final los aprobamos; trabajaremos en ello", avanzó el presidente.