Varias políticas públicas se ven afectadas por el adelanto electoral: algunas llegaron a pasar las siempre peliagudas votaciones del Congreso, otras se quedaron atrapadas en los trámites parlamentarios y algunas, simplemente, no se llevaron ante sus señorías pese a los compromisos del PSOE.
Pedro Sánchez jamás ha terminado ninguna de sus cuatro legislaturas en los plazos preestablecidos: siempre se ha movido en escenarios de convocatorias electorales anticipadas. Así lo hizo en minoría, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy (no esperó a 2020 y convocó el 28 de abril de 2019); en el primer Gobierno de coalición con Unidas Podemos (23 de julio de 2023, en lugar de diciembre) y también ahora, a falta de meses para agotar una legislatura mucho más compleja junto a sus socios de Sumar.
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Los anticipos electorales tienen una consecuencia relevante para las políticas públicas. Por un lado, las leyes que aún continuaban tramitándose en el Congreso o el Senado y que, sea por cualquier razón o por los plazos que maneja la normativa parlamentaria, decaen automáticamente... salvo los reales decretos-leyes ya aprobados en Consejo de Ministros que se convaliden a través de la Diputación Permanente, donde el Gobierno tiene una mayoría más holgada.
Por otro, muchas de las leyes prometidas que contienen los programas electorales de los partidos se quedan en el tintero, así como aquellas promesas de derogación de normativas de Gobiernos anteriores.
Lo que cae del acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar
La principal es la reducción de la jornada a 37,5 horas sin rebaja salarial, con la que Yolanda Díaz pretendió complementar la reforma laboral (que sí consiguió sacar adelante como ministra de Trabajo cuando aún pertenecía a Unidas Podemos). Junts confirmó su ruptura con la conocida como mayoría de investidura, pese al pacto con el que consiguió la amnistía política para varios líderes independentistas, y se alineó con PP, Vox y UPN para tumbarla.
El PSOE y el ministerio de Ana Redondo también trataron de sacar adelante en dos ocasiones una ley abolicionista contra la prostitución, en un intento de tomar la iniciativa política tras los escarceos (y la malversación de fondos) que el condenado José Luis Ábalos ejerció con trabajadoras sexuales antes de ser cesado por Sánchez en 2021. La división en la izquierda respecto al debate entre el regulacionismo y la abolición de la prostitución propició que Sumar, ERC o Bildu hiciesen pinza con otras formaciones de la derecha para que la proposición de ley contra el proxenetismo no se tramitase.
La reforma de la financiación autonómica que heredó el ministro Arcadi España tras la marcha a Andalucía de su predecesora, María Jesús Montero, no contaba con el respaldo de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, por lo que el PSOE no se molestó ni en sacarla a votación al Congreso.
Las iniciativas que decaen con la disolución
Según el recuento del portal de transparencia Civio en total serían 305 iniciativas parlamentarias, propuestas por el gobierno o por otros partidoslas que decaen por la convocatoria. Una de las pocas iniciativas que Sumar consiguió llevar con éxito adelante fue la nacionalidad para aquellos saharauis nacidos bajo la excolonia española y sus descendientes directos. El proyecto era un impulso personal de Tesh Sidi, la diputada e ingeniera nacida en los campamentos de refugiados de Tinduf.
La abstención de PP y Junts consiguió abrir paso a la iniciativa, pero su tramitación pendiente en la Cámara Alta -concretamente, en la Comisión de Justicia- imposibilita que esta vea la luz final. La ley hubiese beneficiado a entre 80.000 y 120.000 personas.
Lo mismo ocurre con un intento de prohibir las terapias de conversión para personas LGTBIQ+: se aprueba en plenocon mayoría absoluta, pese a la abstención del PP y el rechazo de Vox, pero unas enmiendas senatoriales de los populares hacen que se retrase la medida. Otras tantas medidas pasaron por su aprobación en el Consejo de Ministros pero no llegaron ni a votarse en el Congreso.
La tramitación del estatuto del becario continuaba estancada tras varias ampliaciones de enmiendas y una manifiesta falta de apoyo de los grupos de la derecha y la propia patronal. Todo un contraste con la primera legislatura de Díaz, cuando el Gobierno contaba con una mayoría más estable en la Cámara y la ministra presumía de fraguar acuerdos laborales tanto con la CEOE como con los sindicatos.
Óscar López, futuro candidato por el PSOE a presidir la Comunidad de Madrid y ministro de Función Pública, tuvo esta aportación al Congreso: un decreto-ley de grupos de presión, o 'lobbies', para crear un registro estatal de estos organismos dedicados a influir qué leyes llegan al Congreso, pero especialmente bajo qué enmiendas acaban aprobándose con base en sus intereses empresariales. La ley acabó tumbada por la derecha y con la abstención del PNV.
Varios proyectos mueren 'de facto' sin haber sorteado los plazos de enmiendas, como la nueva Ley de Cultura Audiovisual, la reforma de la ley antitabaco de José Luis Rodríguez Zapatero, el muy criticado estatuto marco de los profesionales sociosanitarios, un marco de gobernanza de la inteligencia artificial o una regulación de los medios de comunicación, así mismo cuestionada por los profesionales de la información.
La doble cartera de Félix Bolaños (Presidencia y Justicia) también pierde uno de sus proyectos más polémicos: la ley de enjuiciamiento criminal, con la que los jueces hubiesen dejado de dirigir la instrucción penal, pasando esta a manos de los fiscales, además de revisar la figura de las acusaciones populares.
Varios decretos-leyes impulsados por el Gobierno, que deben ratificarse a los 30 días por el Congreso, también cayeron durante la legislatura: aquí se incluyen varias medidas coyunturales como escudos sociales o el refuerzo del sistema eléctrico tras el apagón del 28A.
Las eternas promesas incumplidas
Aitor Esteban, el antiguo portavoz del Partido Nacionalista Vasco, bromeó en su despedida a su nuevo puesto como líder de los jeltzales en sus cuarteles vizcaínos que marchaba del Congreso sin que una de sus grandes obsesiones, la reforma de la ley de Secretos Oficiales de 1968, viese la luz: aún continuaba en plazo de enmiendas el texto que hubiese desclasificado varios documentos de interés público pasados 25 o 50 años.
Aunque sin duda, la eterna crítica de la izquierda en este apartado pasa por el departamento de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior. Su departamento ha obviado por activa y por pasiva la derogación de la ley mordaza, impulsada en la época de Mariano Rajoy, durante más de ocho años que lleva al frente -es uno de los ministros más veteranos de Sánchez- de su cartera.