Con los presupuestos prorrogados, el Gobierno recurrirá a ampliaciones de crédito y al fondo de contingencia para pagar unos comicios que en 2023 supusieron 220,8 millones de organización y 58 en subvenciones a los partidos.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto del adelanto electoral anunciado por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con él arrancan los procedimientos que prevé la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). Los comicios del 29 de noviembre no estaban previstos para este año, así que el coste de las elecciones generales tendrá que cubrirse con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados.
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Los gastos se reparten entre los ministerios de Interior y de Hacienda. Al estar los presupuestos prorrogados, el Gobierno tendrá que recurrir a ampliaciones de crédito sobre las partidas organizativas ya existentes y al fondo de contingencia, pensado para gastos imprevistos, no discrecionales y de urgente necesidad, categoría en la que entra este adelanto electoral.
El Ministerio de Interior se encarga de la organización y la logística del proceso. Hacienda supervisa la segunda parte, las subvenciones a los partidos por sus gastos electorales, que se reparten, según dicta la Loreg, una vez publicados los resultados oficiales. Pero sólo las cobrarán las formaciones que consiguen representación parlamentaria.
Lo que costaron las de 2023
La referencia más cercana son las generales del 23 de julio de 2023. Según datos del Ministerio del Interior, costaron unos 220,8 millones de euros. A ellos se sumaron otros 58 millones en subvenciones a los partidos, según publicó el Tribunal de Cuentas.
En total, unos 279 millones. La organización y la logística concentran la mayor parte del gasto. Son los fondos que gestiona directamente el Estado para que los colegios abran y el escrutinio funcione.
La partida más voluminosa y más variable son los servicios postales. En 2023 Correos recibió más de 100 millones, por encima del 45% de este presupuesto, para enviar las tarjetas censales y la propaganda electoral a los hogares y gestionar el voto por correo.
Después viene el despliegue de las administraciones públicas, la que menos cambia: unos 80 millones, el 36% del gasto logístico según los cálculos de anteriores elecciones. Financia la Oficina del Censo Electoral y las dietas y horas extra de las fuerzas de seguridad que garantizan el orden en los colegios y trasladan las urnas tras el recuento.
Las mesas electorales supusieron algo más de 22 millones, un 10% de la logística. El principal coste son los 75 euros de dieta que cobran los más de 180.000 ciudadanos que las forman (5 euros más que antes, por una orden ministerial de junio), además del material: 400 millones de papeletas y más de 200.000 urnas.
El sistema informático que recoge y difunde los datos provisionales la noche electoral, junto con la web oficial de resultados y la aplicación móvil, costó algo más de 13 millones. Una reserva legal de unos 2 millones cubre los imprevistos.
Qué reciben los partidos
El pago de las campañas no se considera estrictamente un coste electoral. Supone entre 50 y 60 millones de euros y se abona después de los comicios. Hacienda congela o actualiza los importes mediante órdenes ministeriales y, como los presupuestos están prorrogados, los partidos toman como base las cuantías de las últimas generales. La subvención se cobra una sola vez y solo puede destinarse a los gastos de esa campaña, en este caso la del 29N.
Tiene dos componentes. El primero depende de los resultados: según la Loreg, el Estado abona 21.167 euros por cada diputado o senador electo, así como 0,81 euros por voto en el Congreso y 0,32 euros por voto en el Senado, siempre que la lista de esa circunscripción logre al menos un parlamentario en cada una de las cámaras.
El segundo es el envío directo de papeletas, el llamado buzoneo, que el Estado subvenciona con una cuantía fija de unos 0,22 euros por elector si la formación constituye grupo parlamentario propio en el Congreso o el Senado. Es uno de los gastos más elevados de cualquier campaña.
Aunque el Estado paga a posteriori, los partidos que obtuvieron representación en las elecciones anteriores pueden pedir un anticipo de hasta el 30% de la subvención que recibieron entonces. El resto suele financiarse con créditos bancarios, que se cancelan con la subvención pública, o con microcréditos y donaciones de afiliados.
Tampoco pueden gastar sin límite. La Loreg fija un techo de gasto para garantizar la igualdad de condiciones: se calcula multiplicando una cuantía fija (por ejemplo, 0,37 euros) por la población de derecho de las circunscripciones donde el partido presenta candidatura. Superarlo conlleva sanciones económicas y la pérdida total o parcial de la subvención.
El mínimo de la representación parlamentaria
Sin embargo, no todas las formaciones acaban recibiendo los fondos previstos. En definitiva, el reparto -que se calcula en base a los resultados de las elecciones anteriores- es posteriormente ajustado una vez concluido el escrutinio.
Para acabar recibiendo dichos fondos, no obstante, existe una condición 'sine qua non': se ha de obtener representación parlamentaria. De esta manera, aquellos partidos que no logran cosechar ningún escaño deberán reintegrar las subvenciones recibidas.
En ese caso, el Estado emite una orden de devolución obligatoria. En caso de que la formación no disponga de fondos propios para cubrir la deuda, podría entrar en un proceso de quiebra técnica, y con ello enfrentarse al embargo de sus sedes o a su disolución.
La excepción en este proceso, serían aquellos partidos que no hayan concurrido anteriormente a unas elecciones y que, por tanto, no tengan ni representación y ni una trayectoria de voto previa. En estos casos, la formación deberá financiarse la campaña por su cuenta, con vistas a recuperar esos fondos pasados los comicios, en caso de obtener representación.
La fiscalización del proceso
El control del manejo de estos fondos corresponde al Tribunal de Cuentas. Entre los 100 y los 125 días posteriores a las elecciones, cada partido deberá entregar a la Corte sus libros de cuentas para que este pueda elaborar una exhaustiva auditoría.
El Estado, por su parte, siempre conserva en su haber un porcentaje de las subvenciones a modo de aval, que no es adjudicada hasta que el Tribunal de Cuentas certifica que ni se han cometido irregularidades ni se han superado los límites de gasto. En caso de que se haya violado alguno de estos aspectos, las multas se descuentan directamente de las subvenciones recibidas.