José Luis Calama solicita la documentación sobre los obsequios institucionales recibidos durante los gobiernos de Zapatero antes de decidir sobre la petición de cooperación judicial a Arabia Saudí. Anticorrupción propone investigar al expresidente por presunta malversación.
La Audiencia Nacional ha dado dos días a la Subdirección General de Patrimonio del Estado para que entregue los documentos que acrediten la aceptación de regalos institucionales realizados a la Presidencia del Gobierno durante los dos mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero, entre 2004 y 2011.
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El juez José Luis Calama ha adoptado esta decisión tras recibir un informe de la Fiscalía Anticorrupción sobre la petición del expresidente para solicitar cooperación judicial a Arabia Saudí en relación con las joyas incautadas en su despacho el pasado 19 de mayo, en el marco del caso Plus Ultra. Las piezas fueron valoradas en más de 1,3 millones de euros.
En su resolución, el magistrado reclama, "a la mayor brevedad posible" y, en todo caso, en un plazo máximo de dos días, una copia del acta de aceptación e incorporación al patrimonio de la Administración General del Estado de los obsequios institucionales destinados a la Presidencia del Gobierno durante las legislaturas de 2004-2008 y 2008-2011, fechada el 1 de marzo de 2012.
El juez solicita esta documentación antes de pronunciarse sobre las peticiones formuladas por la defensa de Zapatero y por Anticorrupción.
El pasado septiembre, el expresidente aseguró por escrito que las joyas halladas en una caja fuerte de su despacho eran un regalo del rey saudí Abdalá bin Abdulaziz al Saud en 2007, que aceptó por "deferencia". Según su versión, tres lotes de joyas entre las 60 piezas incautadas le fueron entregados en el Palacio de la Moncloa durante la visita oficial del monarca a España en junio de aquel año.
Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción ha propuesto investigar a Zapatero por presunta malversación de caudales públicos, al considerar que no entregó las joyas a Patrimonio del Estado al abandonar la Moncloa. La fiscal María Elena Lorente sostiene que, si la versión del expresidente es cierta, los hechos podrían constituir un delito que no habría prescrito.