Una nueva tasa destinada a desincentivar el vertido y la incineración de residuos plásticos está plagada de datos dudosos y puede haber provocado un repunte de la delincuencia, advierten los auditores.
PUBLICIDADEl Tribunal de Cuentas Europeo afirma en un informe publicado el 16 de septiembre que los Gobiernos no estaban preparados para el nuevo impuesto de la UE sobre los envases de plástico.
Según las medidas introducidas en 2021, los Estados miembros deberán pagar 0,80 euros por cada kilogramo de residuos de envases de plástico no reciclados que produzcan, pero la Comisión Europea debe garantizar que los cálculos y controles sean uniformes en todo el bloque, afirman los auditores.
Esta fuente de ingresos contribuye a financiar el presupuesto de la UE, que asciende a unos 150.000 millones de euros anuales, junto con los derechos de aduana que gravan las mercancías que entran en el bloque, una parte del IVA y un pago aparte que refleja el PIB de cada país.
Pero existen serias dudas sobre la fiabilidad de las estadísticas que sustentan el impuesto, según el Tribunal de Cuentas, con sede en Luxemburgo. Lefteris Christoforou, miembro del TCE responsable de la auditoría, dijo que había "demasiadas deficiencias" en la forma en que se recogían y enviaban los datos a Bruselas.
"Por tanto, pedimos a la Comisión Europea que lo solucione inmediatamente y que aproveche las lecciones aprendidas cuando se preparen posibles fuentes futuras de ingresos para la UE", afirmó.
Solo cinco estados miembros habían transcrito correctamente la actualización de 2018 de la legislación de envases de la UE a la legislación nacional, lo que significa que los otros 22 se enfrentaban a acciones legales del ejecutivo de la UE.
Pero sigue habiendo problemas, incluso en cuestiones tan básicas como la definición de "plástico" y "envase", según los auditores. Una nueva revisión para centralizar la legislación, acordada en marzo pero que aún no ha entrado en vigor, no resolverá todos los problemas detectados, dijo José Parente, que dirigió la auditoría.
La transición a una normativa de aplicación directa "no abordará el número de controles que se realizan sobre la eficacia de las operaciones de reciclado", declaró Parente a 'Euronews'. "Aunque algunos de los Estados miembros cumplían la normativa, seguían sin aplicarla de forma armonizada, y eso no se soluciona necesariamente con la aplicación del reglamento".
Las deficiencias en el cálculo de los volúmenes de residuos y las tasas de reciclado pueden haber provocado un déficit de ingresos presupuestarios, pero Parente dijo que no había encontrado pruebas de que los Estados miembros estuvieran infradeclarando a sabiendas los residuos plásticos.
Aunque se tardó dos años en finalizar los datos, los 5.900 millones de euros obtenidos en 2021 resultaron ser inferiores a las estimaciones en unos 1.100 millones, lo que significa que las futuras contribuciones tendrán que ajustarse al alza. Según el informe, el año pasado los ingresos procedentes de la tasa sobre los plásticos ascendieron a 7.200 millones de euros, es decir, el 4% del presupuesto de la UE para ese año.
Ola de delitos
Los auditores ya habían advertido de que los objetivos de reciclado de la UE podrían incitar a las bandas de delincuentes a intensificar los vertidos ilegales, y al parecer Europol, la agencia policial de la UE, ha confirmado un repunte.
"Hay varios casos de plásticos declarados como reciclados que se han encontrado en vertederos o incinerados", dijo Parente, quien añadió que no podía calcular la magnitud global del problema.
"La Comisión debe evaluar el riesgo y tomar las medidas necesarias para mitigarlo", dijo Parente, y pidió al Ejecutivo comunitario que mejore su vigilancia antes de 2027. La Comisión también tiene que establecer las normas sobre el uso de datos de producción en lugar de métricas sobre flujos de residuos, ya que esto puede dar lugar a grandes discrepancias en los datos, dijeron los auditores.
En su respuesta al informe, la Comisión afirmó que era "plenamente consciente de la necesidad de mejorar la comparabilidad y fiabilidad de los datos" y que en 2026 se habría implantado una nueva metodología, aunque alegó que algunas deficiencias se debían a la rápida adopción y aplicación retroactiva de la nueva tasa por parte de los Gobiernos.
Pero el Ejecutivo comunitario dijo que las normas establecidas por los propios Gobiernos limitan sus competencias de inspección, impidiéndole comprobar si los residuos se reciclan realmente. "Sólo los Estados miembros pueden realizar auditorías o controles que mitiguen esos riesgos", dijo la Comisión en una respuesta escrita al TCE.