Un tribunal de Nueva York ha ordenado a la Aduana empezar a devolver dinero a cientos de miles de importadores, antes de que el Gobierno pudiera encontrar la forma de evitarlo.
La Constitución de Estados Unidos incluye una cláusula que exige que todos los aranceles a la importación sean uniformes en todo el país. A comienzos de esta semana, un juez federal en Nueva York la invocó y, apoyándose en la sentencia del Tribunal Supremo que dictaminó que el presidente Donald Trump no tenía autoridad legal para imponer aranceles en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), para garantizar que cientos de miles de importadores recuperen su dinero.
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En un auto de tres páginas, el juez Richard Eaton ordenó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que dejara de aplicar de inmediato la IEEPA, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, a las importaciones y que empezara a tramitar las devoluciones.
Con ello extendió el beneficio de la sentencia del Tribunal Supremo del mes pasado no solo a la empresa que presentó la demanda, sino a todos los importadores afectados del país. El auto se apoya en el fallo del Tribunal Supremo del 20 de febrero en el caso Learning Resources, Inc contra Trump, en el que por seis votos a tres se concluyó que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles.
La mayoría del alto tribunal estadounidense consideró que la potestad tributaria corresponde claramente al Congreso y que Trump no podía fijar ni modificar unilateralmente los aranceles invocando la legislación de poderes de emergencia.
El fallo anuló los amplios aranceles "recíprocos" que impuso a casi todos los demás países, así como otros gravámenes a la importación de dos dígitos aprobados el año anterior. El Tribunal Supremo no dijo nada sobre las devoluciones y dejó esa cuestión por completo a futuros procedimientos, que Eaton ha empezado ahora a aclarar.
Cerrar la vía de escape
Eaton aprovechó deliberadamente ese vacío. Una parte importante de su auto se dedica a desmantelar una vía de escape preventiva para el Gobierno. La Administración podría haber invocado la decisión del Tribunal Supremo de 2025 en el caso Trump contra CASA, Inc, que vetó las "injunctions universales", para limitar cualquier orden de devolución únicamente a la parte demandante. Eaton rechazó ese argumento al considerar que no es aplicable en este caso.
Recordó que el Tribunal de Comercio Internacional no fue creado por la Ley Judicial de 1789, sino por la Ley de Tribunales de Aduanas de 1980, y que cuenta con jurisdicción nacional propia y competencia exclusiva en materia de litigios sobre importaciones.
Como salvaguarda práctica frente a posibles fallos contradictorios, la presidencia del tribunal ha designado a Eaton como único juez para todos los casos de devolución al amparo de la IEEPA.
La maquinaria de las devoluciones
Ahora, la Oficina de Aduanas de Estados Unidos debe tramitar todas las entradas de importación pendientes sujetas a aranceles de la IEEPA sin aplicar esos gravámenes y rehacer cualquier entrada ya tramitada cuyo procedimiento no sea todavía firme.
Todos los bienes que pasan por la Aduana estadounidense se someten a un proceso llamado "liquidación", en el que el organismo emite su liquidación definitiva de lo adeudado. Una vez practicada la liquidación, los importadores tienen 180 días para impugnar formalmente los derechos. Tras ese plazo, la liquidación queda firme desde el punto de vista legal.
El auto se dictó a raíz de una demanda presentada por Atmus Filtration, una empresa de Nashville (Tennessee) que fabrica filtros y productos de filtración y estima haber pagado 11 millones de dólares (9,5 millones de euros) en aranceles ilegales.
Pero sus implicaciones son enormes. La Aduana estadounidense recaudó aproximadamente 133.500 millones de dólares (114.700 millones de euros) en aranceles ahora anulados solo hasta mediados de diciembre y, según los cálculos del Penn Wharton Budget Model, podría acabar afrontando devoluciones por hasta 175.000 millones de dólares (150.300 millones de euros).
El auto no entra en la mecánica de esos pagos, una reunión a puerta cerrada con los abogados del Gobierno prevista para el 6 de marzo empezará a abordar ese proceso. Preguntada por qué la reunión se celebrará a puerta cerrada, Gina Justice, secretaria del tribunal de comercio, declaró el jueves a Reuters que se trata de una "conferencia de conciliación".
Sin precedentes para devoluciones masivas
Los sistemas de la Aduana estadounidense "no están diseñados para una devolución masiva", según la abogada especializada en comercio Alexis Early, socia del despacho Bryan Cave Leighton Paisner. "El quid de la cuestión estará en los detalles del procedimiento administrativo".
El abogado especializado en comercio Ryan Majerus, socio del bufete King & Spalding y ex alto cargo de comercio de Estados Unidos, afirmó que esperaba que el Gobierno recurriera o solicitara una suspensión para ganar tiempo y permitir que la Aduana cumpla la orden.
Barry Appleton, profesor de Derecho y codirector del Centro de Derecho Internacional de la New York Law School, se mostró más optimista. "Va a dar mucho trabajo a los agentes de aduanas. Debería facilitar las cosas a los tribunales y poner en marcha un proceso para aquellos importadores que pagaron en los últimos 180 días".
El lunes, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal ya había rechazado el intento del Gobierno de Trump de ralentizar el proceso de devoluciones y remitió el asunto al tribunal de comercio de Nueva York.