El presidente de Estados Unidos Donald Trump acepta restricciones éticas que bloqueaba y despeja el último obstáculo a la ley CLARITY, la mayor norma sobre criptomonedas, que se somete el martes a una votación decisiva en el Senado.
El proyecto de ley que por fin aclararía a las empresas estadounidenses de criptomonedas qué supervisor las regula vuelve a avanzar.
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Los senadores republicanos difundieron el fin de semana el que consideran el texto definitivo, que incluye un paquete ético revisado al que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha accedido tras meses de bloqueo.
La ley CLARITY, denominada formalmente Digital Asset Market Clarity Act, repartiría la supervisión de los activos digitales entre la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EEUU (CFTC, por sus siglas en inglés) y la Comisión del Mercado de Valores (SEC), y sustituiría el actual sistema fragmentado en el que la clasificación se ha determinado en gran medida mediante acciones de supervisión y litigios.
La Cámara de Representantes aprobó su propia versión en julio de 2025 por 294 votos a favor y 134 en contra, y desde entonces el principal escollo había sido el propio Trump.
Las declaraciones financieras del presidente estadounidense mostraban ingresos vinculados a las criptomonedas de entre 1.400 millones de dólares (1.200 millones de euros) y 2.200 millones de dólares (1.900 millones de euros), incluidos la memecoin TRUMP y World Liberty Financial, un proyecto de finanzas descentralizadas vinculado a su familia.
Los demócratas reclamaban restricciones vinculantes que la Casa Blanca había rechazado hasta ahora.
Según el texto pactado, los altos cargos federales y sus cónyuges deberán desprenderse de importantes tenencias de criptomonedas o colocarlas en un fideicomiso ciego, y tendrán prohibido emitir o patrocinar activos digitales mientras permanezcan en el cargo.
Los fiscales generales de los estados podrán velar por el cumplimiento de estas normas, una concesión que la Casa Blanca había rechazado hasta ahora porque expone al presidente a fiscales que él no nombra.
La senadora estadounidense Cynthia Lummis, republicana de Wyoming que lidera la legislación sobre criptomonedas en el Senado desde que en 2022 cofirmó la Responsible Financial Innovation Act, publicó el texto junto al presidente de la Comisión de Banca, Tim Scott, y al de Agricultura, John Boozman, comisiones que supervisan las dos agencias entre las que el proyecto reparte competencias.
En una publicación en redes sociales, Lummis afirmó que Trump "aceptó voluntariamente nuevas disposiciones éticas".
La semana pasada, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ya había instado públicamente a los legisladores a desbloquear el proyecto.
Los mercados se mueven, pero la votación es solo de trámite
Bitcoin subió un 1,3% en la mañana del lunes hasta alrededor de 77.700 dólares tras conocerse la noticia.
El movimiento más acusado se produjo en HYPE, el token de Hyperliquid, que avanzó más de un 3% hasta situarse en torno a 80 dólares.
Hyperliquid gestiona el mayor intercambio descentralizado de futuros perpetuos, contratos sin fecha de vencimiento, y canaliza una parte sustancial de todo el volumen de derivados en cadena.
Wall Street se ha acercado rápidamente a esta plataforma, con tres ETF al contado estadounidenses lanzados en mayo y S&P Dow Jones autorizando el uso del S&P 500 para un contrato perpetuo. Sin embargo, los usuarios estadounidenses aún no pueden operar directamente en la plataforma y precisamente una legislación que defina cómo se regulan los protocolos descentralizados es lo que podría cambiar esta situación.
Con todo, conviene ser cautos con los plazos, ya que la votación del martes es una moción de cierre de debate que solo abre la discusión y exige 60 votos.
Los republicanos cuentan con 53 escaños, por lo que al menos siete senadores demócratas tendrían que apoyar la medida, y las enmiendas, la aprobación definitiva y el acuerdo con la Cámara aún tendrían que encajar en un calendario cada vez más ajustado antes de la campaña de mitad de mandato.
La senadora Lummis ha advertido de que un fracaso ahora podría retrasar la legislación hasta 2030, dejando la cuestión en manos del próximo Gobierno estadounidense.
Europa ya tiene sus normas y las está revisando
Como ocurre a menudo, la UE se adelantó en materia regulatoria.
El reglamento de Mercados de Criptoactivos, conocido como MiCA, está en vigor en todo el bloque desde diciembre de 2024 y ha proporcionado a Europa un régimen único de licencias mientras Washington discutía sobre la jurisdicción.
Los tokens referenciados a activos y los tokens de dinero electrónico, es decir, las stablecoins vinculadas a divisas o cestas de activos, están sometidos al régimen más estricto, que obliga a sus emisores a mantener reservas, publicar un documento informativo y obtener autorización antes de salir al mercado.
El resto, desde Bitcoin hasta los tokens más pequeños, queda sujeto a obligaciones de información más ligeras.
Además, los intercambios, custodios y brókeres deben registrarse como proveedores de servicios de criptoactivos y cumplir requisitos de capital, normas de gobernanza y reglas sobre la gestión de los fondos de los clientes.
La principal ventaja del régimen para las empresas es el llamado pasaporte europeo, ya que una firma autorizada en un Estado miembro puede operar en los 27 sin tener que solicitar nuevas aprobaciones, el mismo principio que sustenta la banca y la gestión de fondos en Europa.
MiCA también prohíbe el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado en el ámbito cripto, y obliga a los proveedores a advertir a los clientes de que sus tenencias pueden no estar protegidas por sistemas de garantía.
Sin embargo, este marco está ahora en revisión.
La Comisión Europea ha abierto una consulta sobre el funcionamiento práctico de MiCA, que concluye el 30 de septiembre tras una prórroga de un mes.
Entre las cuestiones figura cómo deberían abordar las normas las finanzas descentralizadas, el mismo punto que bloquea el proyecto estadounidense.